Al cole con un ‘tupper’ por culpa de la crisis

Cataluña acaba de abrir un melón complicado: la introducción del tupper en las escuelas públicas. Que los niños se traigan la comida de casa y la calienten y se la coman en el centro. Una práctica ahora inexistente en la red pública de primaria, que solo han introducido contados institutos y escuelas concertadas, y que plantea múltiples interrogantes. Desde qué garantías tendría para la seguridad alimentaria, hasta cómo reorganizarían los centros el servicio de comedor, cuál sería el futuro de las cocinas o la reacción de las empresas que se ganan la vida con los menús escolares.
Sin experiencias tampoco en el resto de España, el origen del debate está en la crisis. Las federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos (AMPA) cifran entre un 15% y un 20% las familias que han prescindido del servicio de comedor por motivos económicos. Los 150 euros al mes que de media cuesta comer en la escuela es demasiado cuando uno de los padres, o los dos (714.000 familias en 2010 según Eurostat), está en paro.
Los últimos indicadores publicados por organismos oficiales y entidades son alarmantes respecto al efecto de la crisis sobre los niños. Unicef alertó la semana pasada de que 2,2 millones de menores españoles viven en hogares que están por debajo del umbral de la pobreza, y que esta ya afecta a más niños que adultos. En Cataluña, la Federación de Entidades de Atención a la Infancia y Adolescencia (Fedadia) ha alertado de que la malnutrición ya alcanza al 4,4% de los niños.
Con este escenario de fondo y ante la petición de los padres de algunos alumnos, las dos grandes federaciones de AMPA catalanas se han reunido con la Generalitat para abordar la posibilidad de que las tarteras entren en la escuela. Por ahora, el silencio del departamento de Educación es total, más allá de confirmar, a través de un portavoz, que sí, que trabaja en unas “recomendaciones”. Pero no revela aspectos clave, como quién tendrá la última palabra a la hora de introducir la fiambrera en los comedores (si el centro, los padres o la Administración); de cómo o quién sufragará las infraestructuras que habría que comprar para conservar y calentar los alimentos; o de la custodia de los chavales que se coman lo que traen de casa. Sí asegura el portavoz que las “recomendaciones” estarán listas para el próximo curso. Faltan dos semanas para terminar el curso actual y, pasado el 22 de junio, las AMPA se las verían y desearían para comunicar un cambio de tanta trascendencia a las familias.
Las propias asociaciones de padres de alumnos que se han sentado con la Generalitat admiten que el tema es muy complejo, sobre todo en Educación Primaria. La presidenta de la federación de AMPA de Tarragona y responsable de la comisión de comedor de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Catalunya (FAPAC), Esther Fernández, recuerda que “de 6,20 euros que cuesta un menú, solo 1,80 es la comida, el resto es el monitoraje”. Fernández sí ve ventajas en introducir el tupper en los institutos. “Con alumnos a los que se pueden exigir responsabilidades y que no necesitan la custodia de un niño pequeño, tiene lógica”. Sin embargo, alerta de que la entrada de las fiambreras en la escuela implica riesgos. Entre ellos cita los sanitarios relativos a intolerancias alimentarias —“ahora que hemos conseguido la integración total de los celíacos”, por ejemplo—, o a la conservación de los alimentos.
No está claro quién asumiría la inversión necesaria para que los centros escolares cuenten con neveras y sistemas para calentar la comida “con AMPA que todavía están endeudadas pagando la cocina que construyeron hace unos años”, o cómo se separaría a unos y otros alumnos. “¿Habría niños de primera, los que pueden pagar; y de segunda, los del tupper?”, se pregunta Fernández, para quien detrás del debate aparece la mano de los recortes en servicios públicos que emprendió la Generalitat hace un año y medio, cuando CiU llegó al Gobierno catalán. “El departamento lleva mucho retraso en el pago de las becas a los consejos comarcales y con esta excusa quiere cargarse el servicio de comedor en la escuela pública”, afirma convencida.
La única comunidad que ha abierto un debate parecido ha sido el País Vasco. Fue hace cuatro o cinco años, recuerda Ana Eizagirre, que entonces era coordinadora de la Confederación de AMPA del País Vasco. Pero allí la propuesta no tuvo tanto que ver con la crisis económica como con la voluntad de algunas familias de dar a sus hijos menús alternativos al que proponen las escuelas: vegetarianos o con alimentos ecológicos, algo que ya han adoptado muchos centros.
En el País Vasco se daba además el caso de comedores con más demanda que oferta de plazas, de forma que la fiambrera hubiera sido una solución para este overbooking, recuerda Eizagirre. “Pero no hubo debate en la comunidad educativa, porque la Administración lo rechazó de plano y los sindicatos de trabajadores del comedor se posicionaron en contra. Se dio carpetazo sin debate”, explica.
La inquietud en torno a este asunto se ha hecho especialmente patente en Cataluña, pero empieza a extenderse a nivel estatal. El presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA), Jesús Sánchez, se muestra muy crítico con la posibilidad de abrir los centros escolares a la fiambrera. En su opinión, “no se podría garantizar la calidad de la comida escolar como se ha conseguido, porque desde el punto de vista organizativo sería un caos (custodia de alimentos, espacios, frigoríficos, monitores), pero sobre todo porque el comedor es una enseña de la escuela inclusiva y compensadora de desigualdades”. Según Sánchez, “con la excusa de la crisis se estarán llevando por delante y desmantelando logros que han costado décadas”. “Y luego, ¿qué?”, pregunta: “¿La jornada intensiva impuesta en toda España, el fin del transporte escolar?”.
En cuanto al Ministerio de Educación, no se pronuncia sobre el tema, aduciendo que la educación es una competencia transferida al 100% a las comunidades autónomas (…).

Clara Blanchar
El País. 8 de junio de 2012