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Los sindicatos recogen firmas
contra los recortes y a favor del diálogo

La mayoría de las organizaciones de la enseñanza concertada rechazan también los ajustes y piden que se convoquen las mesas de negociación

Los sindicatos de la enseñanza pública están realizando una campaña para recoger, antes de fin de curso, más de 100.000 firmas para apoyar un manifiesto en el que vuelven a rechazar los recortes presupuestarios en educación, y la carta que han enviado al ministro de Educación solicitándole la apertura de “un diálogo constructivo y fructífero” sobre los problemas actuales del sistema educativo. Mientras, las patronales de la enseñanza concertada, junto a FSIE y USO, han rechazado los ajustes en este sector y los incumplimientos del régimen de conciertos, y han reclamado la convocatoria de las mesas de negociación estatal y autonómicas.

Los sindicatos de la enseñanza pública insisten en que las medidas aprobadas por el Gobierno repercutirán negativamente en la calidad de la educación.

Madrid. G. A.
Los sindicatos ANPE, CSI-F, FE.CCOO, FETE-UGT y STES-i están promoviendo una campaña de recogida de formas, en apoyo de un Manifiesto contra los recortes en la enseñanza, decretados por el actual Gobierno tanto en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 como el Real Decreto Ley 14/2012 aprobado el pasado 17 de mayo en el Congreso de los Diputados, que regulaba medidas extraordinarias y urgentes para el sistema educativo. Estas organizaciones dicen que el sistema educativo está viviendo “tiempos difíciles”, ya que tanto el Ejecutivo estatal como los autonómicos “quieren imponernos un modelo de educación de principios del siglo pasado”, y creen que dichos recortes “están poniendo en peligro el futuro de nuestro país, ya que sin invertir en ella no saldremos de la crisis que padecemos”.
También recuerdan que “la educación es un derecho básico establecido en nuestra Constitución”, y añaden que “ésta debe ser de calidad y generadora de la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía”. Pero también denuncian que “la política educativa de nuestro Gobierno ha decidido que la enseñanza de calidad lo sea únicamente para las clases privilegiadas, y no estamos dispuestos a que esto ocurra, porque es de todos y para todos a lo largo de la vida”.

Contra la calidad y la equidad

Además, advierten que las medidas establecidas en el mencionado Decreto “en contra de la calidad y la equidad” del sistema educativo “van a suponer una masificación de las aulas, la paralización de nuevos ciclos de FP, el recorte de plantillas, la precariedad laboral, la privatización de servicios educativos, el aumento de las tasas universitarias, la disminución de becas y la perdida de derechos laborales”. Por todo ello han organizado durante los últimos meses, con el apoyo de diversas organizaciones de estudiantes y padres y otras de carácter social, diversas movilizaciones y protestas como manifestaciones y huelgas, que culminaron el pasado 22 de mayo con un paro de desigual repercusión en todos los niveles de la enseñanza pública.
Mientras tanto, el pasado 15 de mayo habían iniciado la citada campaña de recogida de firmas a través de www.levantatuvoz.es , para protestar contra los recortes que “están deteriorando la educación” y pueden hacerla retroceder “varias décadas”. Ya han recogido más de 34.000 y esperan sobrepasar las 100.000 a finales de junio. Para ello han hecho un llamamiento a “toda la comunidad educativa, asociaciones de padres, estudiantes, plataformas, organizaciones y a toda la ciudadanía en general” para que apoyen esta iniciativa, porque la educación es un servicio esencial que nos incumbe a todos, y de su calidad y equidad depende el futuro de nuestro país”. Y advierten que seguirán movilizándose en los próximos meses “si el Gobierno no da un giro a su actual política de estrangular el servicio público educativo”.

Diálogo constructivo

Además, estos sindicatos han remitido una carta al ministro de Educación, José Ignacio Wert, para solicitarle una entrevista en la que abordar, con “un diálogo constructivo y fructífero”, los problemas que tiene actualmente nuestro sistema educativo en todo el Estado. Dicen que “la falta de diálogo y negociación” con este Departamento han originado las movilizaciones convocadas durante los últimos meses, y denuncian que “después de dos años de modificaciones a la baja” de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores de la enseñanza, “adoptadas de forma unilateral tanto por el Gobierno estatal como por los autonómicos, sean ahora los profesionales de la educación quienes deban soportar el peso de una gran parte de la reducción del déficit que padecemos”.
Por todo ello, piden que la educación sea una prioridad para el actual Gobiernos, “como un pilar fundamental para poder salir de esta crisis, y para dar respuesta a la formación necesaria que permita acceder al mercado laboral”. Creen que “las últimas medidas adoptadas, aún siendo extraordinarias, pueden hacer inviable el sistema educativo”. Lamentan el aumento de las ratios, la pérdida de profesorado, el incremento de las tasas académicas en la universidad y el cambio en los criterios para acceder a las becas y la disminución de las mismas. Y advierten que “la confrontación constante con la enseñanza privada, la injusta comparación entre los costes de las redes educativas y el olvido de que la pública garantiza el derecho constitucional a la educación, pueden perjudicar gravemente a la enseñanza”.

Importantes recortes en la concertada

Por su parte, las patronales de la enseñanza privada concertada APSEC, CECE, FERE-CECA, EyG, FECC, FEDACES y UECOE, y los sindicatos FSIE y USO han rechazado “enérgicamente” diversos aspectos del citado Real Decreto-Ley 14/2012, así como la aplicación que del mismo están haciendo las comunidades autónomas. Y han denunciado que tanto los centros como los trabajadores del sector, “están sufriendo desde 2010 importantes recortes en los gastos de funcionamiento y en los salarios del personal de manera análoga a la escuela pública, sin tener en cuenta que la primera viene percibiendo una financiación mucho menor y notablemente insuficiente, para conseguir una prestación efectiva del servicio público y social de la educación, de maneara gratuita y en condiciones de igualdad”.
Consideran que dicho Decreto y sus desarrollos autonómicos “están dificultando la negociación colectiva e incumpliendo acuerdos alcanzados entre las organizaciones y las administraciones educativas, sin tener en cuenta los efectos demoledores que ello está provocando, como la destrucción de empleo en el sector y, sobre todo, manteniendo la injusta discriminación que padece la enseñanza concertada”. Y junto a ello denuncian “los incumplimientos en el régimen de conciertos, cifrados en el retraso de varios meses en el abono de los gastos de funcionamiento o en las sustituciones, impagos de diversos programas de atención educativa o complementos previstos en acuerdos autonómicos”. Por ello, piden la convocatoria de la Mesa Sectorial de  la Enseñanza Concertada y de las mesas autonómicas, para crear “una línea de diálogo permanente” sobre estos temas.