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Paro y manifestaciones contra los recortes

Wert promete una actitud abierta para negociar con la comunidad educativa la reforma de la enseñanza

La huelga convocada para el pasado 22 de mayo por los sindicatos en todos los niveles de enseñanza fue secundada por el 22,7% de los trabajadores según el Ministerio de Educación, por el 80% según los convocantes, y tuvo un seguimiento “prácticamente nulo” según las patronales de los centros concertados. Mientras el ministro José Ignacio Wert agradecía su “sentido de la responsabilidad” a los profesores que no

Miles de profesores, alumnos y padres han participado en las manifestaciones contra los recortes en educación, celebradas en las capitales de provincia (Valladolid en la foto) y en otras localidades españolas. (Foto: EFE)

se han sumado al paro, y prometía negociar la reforma educativa, las organizaciones sindicales se han felicitado por el “éxito rotundo” de las movilizaciones, y amenazan con organizar nuevas protestas si continúan las políticas de recortes.

Madrid. G. A.
El pasado 22 de mayo se celebró una jornada de huelga en todos los niveles de enseñanza, convocada por las organizaciones representativas del profesorado ANPE, CSI-F, FE.CCOO, FETE-UGT, STES-i y por el Sindicato de Estudiantes (SE), para protestar “contra los recortes en educación y en defensa de los servicios públicos”, que se ha saldado con la tradicional guerra de cifras a la hora de estimar su repercusión. Así, el Ministerio de Educación ha emitido un comunicado en el que, basándose en los datos facilitados por las Comunidades Autónomas, cifra el seguimiento del paro en “un 22,7%”. Según las mismas fuentes, ha habido un “seguimiento desigual”, prácticamente inapreciable en comunidades como Canarias, Galicia o La Rioja, donde no ha llegado al 4%, y con una incidencia más acusada en Aragón, Asturias o Navarra, donde se ha situado en el 40%.
En cualquier caso, el Departamento ha valorado “la responsabilidad que ha demostrado el personal docente en esta jornada, acudiendo a sus respectivos centros de trabajo”, lo que ha permitido garantizar “que a los alumnos no se les haya privado de su derecho a la educación”. Así, el ministro José Ignacio Wert ha agradecido “a la inmensa mayoría de los docentes que no han secundado la huelga su sentido de la responsabilidad, y el cumplimiento de sus obligaciones para con los estudiantes”, aunque ha precisado que eso no significa que quienes sí han parado sean unos irresponsables, porque la huelga es un derecho constitucional y los que deciden hacerla tienen todo su respeto.

Oferta de diálogo

En declaraciones a la prensa durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados, el ministro ha aclarado que “simplemente le doy las gracias a muchos profesores que han entendido que, pese a lo que las reformas puedan suponer de contrariedad y de valoración negativa para ellos, su obligación para con los estudiantes, sobre todo en un momento del curso escolar como éste, era no secundar la huelga”. También se ha comprometido a mantener una actitud de “diálogo abierto y franco” sobre la reforma de la enseñanza porque, en su opinión, “es el momento de seguir dialogando y de intentar aproximar, en lo que se pueda, posturas con la comunidad educativa”. Y ha añadido que “no está en mi mano utilizar esto como bomba incendiaria”.
Wert ha afirmado asimismo que desde que asumió el cargo de ministro no ha “dejado de dar pasos” para intentar acercar posturas y, por eso, ha considerado “particularmente injusto” que los convocantes de la huelga aseguren que las medidas de ajuste se han adoptado sin diálogo, ya que “las que eran dialogables se dialogaron, todas han sido aprobadas y comunicadas a las partes involucradas, y muchas de ellas respondían a una situación de especial urgencia y necesidad”. En cualquier caso, ha manifestado que su intención es “continuar explicando por qué se han tomado estas decisiones, y mantener una actitud abierta y de diálogo franco con la comunidad educativa sobre la reforma puesta en marcha”.

La enseñanza concertada

Por otra parte, el seguimiento de este paro ha sido “prácticamente nulo” en los centros privados concertados, según han manifestado fuentes de las principales organizaciones patronales. En este sentido, un portavoz de la Confederación  Española de Centros de Enseñanza (CECE) ha declarado que “no hay motivos pedagógicos para ir a la huelga”, y los problemas de la educación “no se solucionan”  con estas movilizaciones. Considera que “los recortes no se han producido en las horas de clase, por lo que no afectan a los alumnos, y la subida de la ratio de alumnos por profesor beneficia a las familias, que tendrán más posibilidades de elegir el centro al ampliarse la oferta”. En definitiva, cree que no hay “ninguna medida importante contra la calidad de la enseñanza, y no se puede apoyar una huelga que no tiene justificación pedagógica”.
Los responsables de las Escuelas Católicas (FERE-CECA y la patronal EyG), mayoritarias en el sector concertado, recuerdan que esta huelga “ha estado centrada en la enseñanza pública, ya que todos los lemas de la misma han incidido en la situación de este tipo de formación académica”. Se muestran contrarios a que “la enseñanza sufra recortes, porque es un servicio de interés general”, pero también dicen que “hay otras formas de llevar a cabo las protestas”. Y lamentan que esos recortes se hayan aplicado “de manera analógica” a la enseñanza concertada, “sin tener en cuenta las diferencias en el coste que suponen una y otra”. Por ello, han pedido al Ministerio que se ajuste la financiación “al coste real de la formación de los alumnos”, y que retome los trabajos de la Comisión de Estudio del coste del Módulo de Concierto, previsto en la LOE y que se iniciaron en 2010 y aún no han concluido.

“Éxito rotundo”

Por el contrario, los sindicatos convocantes dicen que la huelga “ha sido un éxito rotundo y ha desabordado todas las expectativas”. Han cifrado la incidencia del paro en el 80% (el 90% en las universidades y el 70% en el resto de las enseñanzas), con una mayor repercusión en Aragón, Asturias, Murcia y Navarra, y un menor seguimiento en Ceuta y Melilla, Canarias y Galicia, donde no ha habido unidad sindical a la hora de convocar las protestas. Además, no se habían convocado paros en Baleares, Euskadi y La Rioja. Según dichas organizaciones, se han cumplido los servicios mínimos y, por tanto, todos los centros han permanecido abiertos, aunque en muchos casos con muy pocos alumnos.
Los sindicatos también afirman que más de un millón de personas participaron ese mismo día por la tarde en más de 90 manifestaciones de protesta, que recorrieron las calles de numerosas ciudades españolas, y que contaban con el apoyo otros grupos estudiantiles, como la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (CREUP), y la recién constituida Plataforma por la Universidad Pública de Calidad. Y también de partidos políticos como el PSOE, IU y UPyD, de la Internacional de la Educación (IE), que agrupa a más de 30 millones de docentes y otros trabajadores de la educación de todo el mundo, y de la confederación laica de padres CEAPA.

Protesta social

Los convocantes consideran que dichos apoyos demuestran que “la huelga ha tenido un carácter marcadamente social, y no sólo laboral”, porque “la educación es un servicio esencial que nos incumbe a todos, y de su calidad y equidad depende el futuro de nuestro país”. Están satisfechos por el eco conseguido con “esta convocatoria histórica”, y creen que ahora “la pelota está en el tejado del ministro”, a quien han pedido “una negociación para alcanzar un acuerdo, porque nos oponemos a que se destroce todo lo que se ha construido en los últimos treinta años; en suma, que dé la cara y se comporte como un ministro dialogante y no como un manostijeras”.
Las organizaciones sindicales han advertido que están dispuestas a continuar movilizándose contra las medidas contempladas en el Real Decreto Ley 14/2012, recientemente aprobado por el Gobierno, que en su opinión supondrá la masificación de aulas, la perdida de derechos, de calidad educativa e igualdad de oportunidades, el aumento de las tasas universitarias y de la jornada laboral, la privatización de los servicios educativos, la disminución de becas, la pérdida de miles de puestos de trabajo, el abandono de determinados programas de apoyo a la Educación Infantil y de nuevas tecnologías, “y un largo etcétera que representa un gran paso atrás”. En definitiva, creen     que dichas medidas constituyen “un brutal ataque a la calidad e igualdad de oportunidades en la educación, y un retroceso histórico”.