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Aprobado el decreto-ley de medidas
para la racionalización del gasto educativo

La nueva normativa pretende conseguir un ahorro autonómico superior a los 3.000 millones de euros

El pleno del Congreso ha convalidado, con los votos del PP y el rechazo del resto de grupos parlamentarios, el real decreto-ley de medidas urgentes para la racionalización del gasto en todos los niveles educativos y conseguir un ahorro autonómico superior a los 3.000 millones de euros. La norma, que el Consejo de Ministros aprobó el 20 de abril, permitirá a las Comunidades Autónomas reducir sus presupuestos, según sus necesidades, para facilitarles el cumplimiento del déficit autonómico, que este año es del 1,5% de su PIB.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, durante su intervención en el Pleno del Congreso. (Foto: EFE)

Madrid.
El pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado, con el voto favorable del PP y UPN, el decreto ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo con el que el Gobierno pretende ahorrar hasta 3.000 millones de euros. PSOE, CiU, PNV, Izquierda Plural, UPyD, ERC, BNG y Foro de Asturias han votado en contra y UPN ha pedido, a su vez, la tramitación como proyecto de ley.
Durante las respectivas intervenciones, la mayoría de los portavoces de la oposición han reprochado al ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, que el texto normativo se haya tramitado por decreto, al tiempo que han censurado la “falta de diálogo” con los distintos sectores que forman la comunidad educativa, autonomías y universidades para aprobar estas medidas. Asimismo, han denunciado “invasión de competencias” autonómicas.
La Cámara Baja aprobó la norma por 179 votos a favor (PP y UPN) y 135 en contra, y ha rechazado la tramitación como proyecto de ley. Entre las medidas contempladas, en el ámbito no universitario, se incluye que el máximo de alumnos por aula de centros públicos y privados concertados podrá aumentar temporalmente un 20%, y que el profesorado de la educación pública y concertada en Infantil y Primaria tendrá un mínimo de 25 horas lectivas semanales, y de 20 horas en las otras enseñanzas.
En el ámbito de la educación superior, la nueva norma contempla que en las universidades públicas los alumnos pagarán entre el 15% y el 25% en primera matrícula, según decida cada Comunidad Autónoma, del coste real de los grados y de los másteres que habilitan para ejercer profesiones.

Eficiencia de la inversión

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, defendió “las medidas adoptadas, que no son la reforma educativa, para mejorar la eficiencia de la inversión y la gestión educativas y cumplir el inexcusable objetivo financiero público”.
“Son medidas excepcionales para una situación excepcional, incluso algunas más dolorosas de lo deseado”, ha afirmado Wert, quien hizo referencia al desvío de 26.000 millones de euros en el déficit nacional de 2011, con el gobierno anterior, y tras pedir a los docentes que “contribuyan al esfuerzo nacional”, significó que hace esa petición “con pesar, porque ya sufrieron el recorte salarial de los funcionarios en 2010”.
Wert señaló asimismo que las medidas que resultan penosas para algún actor de la comunidad educativa lo son igualmente para él, “pero las condiciones son las que son”, y agregó que “se intenta avanzar en la eficiencia del sistema educativo sin renunciar a mejorar la calidad”.
Tras incidir en que las medidas “se basan en la amplia flexibilidad, pues depende de cada Comunidad cómo se apliquen”, Wert rechazó el cálculo del PSOE de que se despedirán 40.000 profesores interinos.
Respecto a las críticas vertidas sobre “la falta de diálogo”, el ministro ha indicado que “lo más importante era conocer el criterio de las Comunidades, que tienen que aplicar el decreto, y fueron convocadas a dos reuniones”, y añadió al respecto que, además, concurren circunstancias extraordinarias y de urgente necesidad, y que el decreto se ajusta a la Constitución. Finalmente, Wert se mostró abierto al diálogo con el PSOE, no tanto sobre el decreto, ya que los socialistas lo han rechazado, sino sobre la futura reforma educativa.

Críticas de la oposición

Para el portavoz socialista, Mario Bedera, se trata de “la mayor agresión a la educación pública de la democracia” y de “recortar recursos humanos y materiales y derechos en educación”, y acusó a Wert de ser “el azote de la educación” y de “estar recortando a razón de mil millones de euros por mes”. Bedera significó asimismo que se invaden competencias autonómicas en cuanto a horarios del profesorado y el plazo para las suplencias de los docentes titulares, que será a partir del décimo día de baja, y que las medidas tienen un “fortísimo contenido ideológico” y suponen un golpe muy duro a los institutos rurales por eliminarse la obligación de ofertar al menos dos de las modalidades de Bachillerato.
En esta línea crítica con las medidas adoptadas, la diputada de Izquierda Plural, Cándida García, afirmó que “la respuesta estará en la calle y nosotros estaremos con la gente de la calle, ya que el decreto es una ‘declaración de guerra’ contra la educación pública”.
Por su parte, CiU señaló que “se abusa del decreto-ley” y que “se interfieren competencias”; UPyD se refirió al “cambio subrepticio del modelo universitario al introducir dos tipos de profesorado según se dedique más a la docencia o la investigación”, y el PNV calificó las medidas de “recentralización y recorte unilateral”.