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Profesores, alumnos y padres
se movilizan contra los recortes

Todos los sindicatos han convocado una huelga a nivel estatal en la enseñanza para el 22 de mayo

Todos los sindicatos de la enseñanza pública han convocado una huelga a nivel estatal en la enseñanza, para protestar contras los ajustes y recortes presupuestarios en el sector aprobados recientemente por el Gobierno. Las organizaciones laicas de estudiantes y padres integradas en la Plataforma por la Escuela Pública también han apoyado esta protesta, y han organizado una jornada de protestas el pasado día 10, mientras que el ministro de Educación ha acusado a los convocantes de mentir e intentar engañar a la opinión pública sobre dichos recortes que, según ha afirmado, vienen impuestos por un compromiso de consolidación fiscal que nuestro país tiene que cumplir.

Las protestas contra los ajustes y recortes presupuestarios en el sector educativo comenzaron el 10 de mayo, con paros simbólicos y concentraciones y manifestaciones de profesores, estudiantes y padres, con desigual incidencia en las principales ciudades españolas. (Foto: EFE)

Madrid. G. A.
Los sindicatos de profesores ANPE, CSI-F, FE.CCOO, FETE-UGT y STES-i han convocado una huelga estatal en el sector de la enseñanza para el próximo 22 de mayo, “a concretar en cada comunidad autónoma, con el fin de “protestar contra los recortes educativos y en defensa de los servicios públicos”. Porque entienden que “las medidas que están adoptando los gobiernos de España y de las administraciones autonómicas, se traducirán en un recorte de los presupuestos educativos de entre el 25% y el 30%”, tal y como “se reconoce sin ningún género de dudas en el llamado Programa Nacional de reformas, presentado por el ejecutivo central”.
En un comunicado conjunto advierten que “este brutal recorte, añadido al que ya hemos sufrido estos últimos años, supondrá un retroceso histórico y las aulas volverán a masificarse”. Porque, afirman, “en Educación Infantil y Primaria se podrán agrupar hasta 30 alumnos por aula, en Secundaria hasta 36 y en Bachillerato hasta 42, ampliables a 46”. Dicen que estas condiciones “perjudicarán especialmente” a las escuelas infantiles, al primer ciclo de la ESO, a la FP, a la escuela rural y a los centros que escolaricen a alumnos con necesidades educativas especiales. Y denuncian que “no se cubrirán las ausencias del profesorado durante las dos primeras semanas de baja laboral, lo que generará muchos problemas organizativos y de convivencia en los centros al quedar los grupos, ya de por sí sobrecargados, sin un profesor que pueda atenderlos adecuadamente”.

Grave deterioro

Estos sindicatos advierten asimismo que “el abandono de determinados programas de apoyo a la Educación Infantil y a las nuevas tecnologías, y la no implantación de los ciclos de FP actualizados, representa un gran paso atrás en la calidad del sistema educativo”. A los que, en su opinión, hay que sumar el deterioro “extremadamente grave” de las condiciones laborales del profesorado”, porque “a los recortes retributivos de más del 6% aplicados desde junio de 2010, se suman ahora medidas como el incremento del horario lectivo, la desaparición de las reducciones del horario para los mayores de 55 años, sustanciales recortes salariales en caso de baja por enfermedad, la congelación de las ofertas de empleo público, la desaparición de las condiciones de la jubilación anticipada, el cese del personal interino a 30 de junio para no pagarle las vacaciones, etc.”.
También denuncian recortes en las partidas universitarias (62,5%), los contratos de ciencia (43%), las becas y ayudas al estudio (11,6%), el capítulo de I+D+i (25,52%), y los programas Erasmus (41,4%), por lo que vuelven a pedir “una universidad pública para todos”. Y lamentan el incremento de la jornada laboral, la eliminación de programas (0-3 años), la reducción de plantillas, la supresión de las ofertas de empleo público, la congelación salarial, la disminución de la inversión en el sector, y el empobrecimiento de las condiciones laborales.

Exigencias de consolidación fiscal

Por su parte, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha mostrado su respeto por el derecho a la huelga, pero ha manifestado que no respeta el intento “grosero y falaz, deliberado e irresponsable” de los sindicatos de “mentir sobre el recorte del gasto público en la enseñanza, para engañar a la opinión pública e introducir la mentira en la convivencia política, al argumentar que el Gobierno va a recortar dicho gasto educativo entre un 25% y un 30%”. Según ha afirmado, los motivos esgrimidos por las organizaciones sindicales “no se corresponden con la realidad”, ya que la disminución de dicho gasto contemplado en los presupuestos correspondientes a 2012, y en el decreto para su racionalización y para la flexibilización del margen de gestión que se concede a las comunidades autónomas, no se corresponde con el recorte que esgrimen los sindicatos, sino que se limita al 14% respecto al presupuesto ejecutado en 2011”.
Teniendo en cuenta que el Estado sólo gestiona el 0,6% de la inversión total para la enseñanza, ya que la mayoría de las partidas dependen de las comunidades autónomas, “esa disminución del 14% en el gasto consignado en los Presupuestos Generales del Estado de este año apenas tendría ningún impacto”, según el ministro. E incluso en la “hipótesis extrema” de que todas las comunidades aplicaran todas las medidas incluidas en el decreto de racionalización del gasto educativo, y en toda su extensión, la disminución se situaría en torno a los 3.000 millones sobre una partida total de 51.000 millones, “muy lejos del 25%-30% que denuncian los sindicatos”. De todas formas, José Ignacio Wert ha recordado que “estas decisiones vienen impuestas por unas exigencias de consolidación fiscal que este país ha asumido, y que obligatoriamente tiene que cumplir”.

Desmantelamiento de escuela pública

Por el contrario, la Federación de Enseñanza de CCOO ha querido rebatir estas acusaciones con un comunicado, para “dejar claro que CCOO no manipula datos oficiales (OCDE, Presupuestos Generales y Presupuestos Autonómicos); es más, siempre pretendemos ser muy rigurosos en todas las publicaciones, investigaciones y análisis de datos que forman parte de nuestra acción social”. Este sindicato afirma que “sólo tenemos perjuicios con la política de recortes, desprestigio y desmantelamiento de la educación pública, que está llevando actualmente este Ministerio”.
También insiste en que los recortes que implican las medidas anunciadas por el Departamento “perjudican claramente la calidad de la educación”, e “incidirán negativamente en el objetivo final de la reducción del  abandono escolar”, que se había rebajado en 2011. En este sentido, recuerda que el aumento de 7,2 puntos en las tasas de abandono entre los años 2000 y 2009 coincidieron “con la época de expansión de la burbuja inmobiliaria en la que nuestro país ha estado sumido, cuando los jóvenes abandonaban el sistema educativo a cambio de trabajos en el sector terciario (construcción, turismo o servicios), que les proporcionaban remuneraciones que no exigían titulación alguna”.

Primeras protestas

De todas formas, las protestas contra los recortes han comenzado el 10 de mayo, con una jornada de movilizaciones convocada por la Plataforma Estatal por la Educación Pública en la que, junto a CCOO, FETE-UGT y los STES-i, están la confederación laica de padres CEAPA, el Sindicato de Estudiantes y los Movimientos de Renovación Pedagógica, encabezando a diversas organizaciones de carácter social, que también van a apoyar la huelga del día 22. Dicha jornada se inició con paros de 10 minutos y concentraciones de profesores, alumnos y padres en colegios, institutos y universidades, seguidos de manifestaciones y concentraciones ciudadanas en numerosas capitales de provincia y localidades importantes del Estado, que han tenido una incidencia muy desigual.
Mientras que los convocantes hablaban de un “seguimiento mayoritario”, el ministro José Ignacio Wert restaba importancia a las protestas y afirmaba en Bruselas que “en el caso de Madrid sólo he visto alrededor de 30 personas” protestando “según las imágenes”, lo que a su juicio demuestra que “hoy los estudiantes están más preocupados por estudiar y por sacar su curso”. Y sobre su posible desgaste personal por los recortes que se van a aplicar en educación, ha dicho “con total sinceridad” que “no me preocupa lo más mínimo. Si todo el coste que hay que asumir para llevar a cabo la reforma que ponga a España donde se merece en el plano educativo es el desgaste del ministro, el ministro está más que dispuesto a desgastarse lo que haga falta”.

Denuncia

Por otro lado, la Federación de Enseñanza de CCOO va a denunciar ante el Defensor del Pueblo el Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, por el que se recortan 3.600 millones de euros a la inversión en educación. Según han informado en rueda de prensa dirigentes de este sindicato, pretenden que esa institución tramite un recurso de inconstitucionalidad contra dicho decreto que, afirman, “vulnera varios artículos de la Constitución, como el 27, que establece que la educación es un derecho fundamental, y los relativos al respeto al principio de jerarquía normativa y a las competencias de las comunidades autónomas”,
Además, han recordado que esta norma regula las retribuciones y la jornada de los funcionarios, así como las tasas universitarias y las titulaciones, “materias que son competencia exclusiva de las comunidades y de las universidades, en virtud de la autonomía que les reconocen las leyes”. Y han anunciado que, ante la imposibilidad de que CCOO pueda presentar como organización la cuestión de inconstitucionalidad, ésta se canalizará a través de trabajadores a título individual en los juzgados de lo contencioso-administrativo.