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El Gobierno aprueba el decreto sobre racionalización del gasto público educativo

Wert asegura en el pleno del Senado que las iniciativas de carácter 'urgente'
no van a afectar 'sustancialmente' a la calidad de la enseñanza

El Consejo de Ministros ha aprobado, en su reunión del 20 de abril, el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes de Racionalización del Gasto Público en el Ámbito Educativo -publicado en el “Boletín Oficial del Estado” del sábado 21 de abril-, cuyo objetivo es “introducir mecanismos de flexibilidad en la legislación educativa para permitir a las Comunidades Autónomas racionalizar su gasto educativo y que éste sea más eficaz”.

Con estas medias se elimina la exigencia de ofertar al menos dos modalidades de Bachillerato en cada centro docente.

Madrid.
Tras la aprobación por el Consejo de Ministros del Real Decreto Ley de Medidas Urgentes de Racionalización del Gasto Público en el Ámbito Educativo, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte precisa en una nota informativa, que “estas medidas de racionalización del gasto no son la reforma educativa del Gobierno, pero si condición previa y necesaria para llevarla a cabo”.
Las medidas propuestas en dicha normativa afectan a todos los niveles educativos -universitarios y no universitarios- y combinan medidas de carácter excepcional, cuya aplicación se justifica por la actual coyuntura económica, con otras de carácter estructural que introducen novedades que contribuirán decisivamente a mejorar de forma permanente la eficiencia del sistema educativo español.
En el preámbulo del Real Decreto se argumenta que “en la actual coyuntura económica se hace necesario mejorar la eficiencia de las Administraciones Públicas en el uso de los recursos públicos, con objeto de contribuir a la consecución del inexcusable objetivo de estabilidad presupuestaria derivado del marco constitucional y de la Unión Europea”, y se precisa al respecto que “en materia de educación, el objetivo común perseguido es proporcionar a las Administraciones educativas un conjunto de instrumentos que permitan conjugar los irrenunciables objetivos de calidad y eficiencia del sistema educativo con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y su ineludible reflejo en la contención del gasto público y en la oferta de empleo público”.

Horario lectivo

En el ámbito de las enseñanzas no universitarias, se fija con carácter mínimo el horario lectivo que deberá impartir el profesorado en los centros docentes públicos en garantía del cumplimiento de los objetivos, competencias básicas y contenidos de las distintas enseñanzas, concretados en los currículos; se posibilita un grado razonable de flexibilidad en el número de alumnos por aula, en tanto subsistan en la normativa básica en materia de oferta de empleo público las medidas limitativas de incorporación de personal de nuevo ingreso; se vincula el nombramiento de personal interino y sustituto a ausencias de duración superior a los diez días, por considerar que las ausencias cortas pueden y deben ser cubiertas con los recursos ordinarios del propio centro docente, y se aplaza la aplicación de todas las disposiciones contempladas en el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, a excepción de la disposición adicional séptima, al curso 2014-2015.
Además, se elimina la exigencia de ofertar al menos dos modalidades de Bachillerato en cada centro docente, a fin de ampliar los márgenes para que las Comunidades Autónomas puedan programar una oferta educativa ajustada a sus necesidades.

Actividad investigadora

Por su parte, en el ámbito de las Universidades se determina la actividad docente a desarrollar por el personal docente e investigador de las Universidades, que se gradúa en atención a la intensidad y excelencia de su actividad investigadora; se prevé la racionalización del mapa universitario y de la oferta de titulaciones, de acuerdo con los requisitos mínimos que se fijen reglamentariamente, al tiempo que se facilita la cooperación interuniversitaria para la impartición conjunta de titulaciones; se adecua el régimen económico y financiero de las Universidades públicas al principio de estabilidad presupuestaria; se fijan umbrales en los precios públicos para aproximar gradualmente su cuantía a los costes de prestación del servicio, tomando asimismo en consideración el esfuerzo académico; y se somete expresamente la incorporación de personal de nuevo ingreso a la normativa básica en materia de oferta de empleo público.
“Se trata, en definitiva, -se precisa en el texto del Real Decreto- de introducir importantes elementos de racionalidad y eficiencia en el sistema educativo, que redundarán en una mejor prestación de este servicio público indispensable; y se hace a través de medidas encaminadas a la consecución del equilibrio presupuestario, lo que guarda relación con su naturaleza básica, y que legitiman la intervención del Estado como titular de la competencia exclusiva para sentar las bases y coordinar la planificación general de la actividad económica”.
Asimismo, en el argumentarlo del Real Decreto se señala que “las medidas que se adoptan en este real decreto-ley resultan imprescindibles para cumplir con la senda de consolidación fiscal fijada y con el compromiso de reducción de déficit de la Unión Europea, por lo que concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española como premisa para recurrir a este instrumento jurídico”.
Estas medidas son de carácter dispositivo. Cada Comunidad Autónoma podrá modular la aplicación de estas medidas dependiendo de su situación financiera.

Niveles no universitarios

Las medidas de racionalización del gasto que afectan a las enseñanzas no universitarias son las siguientes:
Modificación de las ratios de la LOE con carácter temporal. Permite a las CCAA en momentos de limitación de la tasa de reposición (cuando esta sea inferior al 50%) aumentar en un 20% el número máximo de alumnos por clase previsto en la LOE: 25 en Primaria y 30 en Secundaria. En la actualidad la LOE ya contempla un incremento del 10% del número máximo de alumnos (artículo 87.2), por lo que sólo se plantea un incremento de otro 10% sobre lo ya previsto en la ley.
Aumento de las horas lectivas del personal docente. Establecimiento de un mínimo de 25 horas lectivas en Educación Infantil y Primaria y de 20 horas en las restantes enseñanzas, sin perjuicio de las reducciones que correspondan por ejercicio de funciones de dirección o coordinación del centro.
Es una medida que exige un esfuerzo por parte de los docentes pero que tampoco va a afectar a la calidad de la educación. Hay margen de actuación en este punto en la medida en que la ratio alumnos/profesor de España (8.6) es la segunda más baja de toda la UE y la OCDE. De hecho España se encuentra, junto a Portugal, Italia, Eslovenia, Chequia, Austria y Luxemburgo, en el grupo de países de la OCDE que tiene ratios bajas y bajo rendimiento. En contraste con Francia, Alemania, Países Bajos, Estonia o Reino Unido, que tienen ratios altas y alto rendimiento académico.
Aplazamiento de la implantación de los Ciclos Formativos de 2.000 horas previstos en la LOE para Grado Medio y Grado Superior. Se trataría de diferir la aplicación del RD 1147/2011 al curso 2014-2015, al igual que está previsto con el RD 1146/2011 para el caso de la ESO.
Modificación del criterio de nombramiento de sustitutos determinando que las bajas inferiores a 10 días lectivos deberán ser atendidas por los recursos del propio centro. El nombramiento de funcionarios interinos por sustitución transitoria de los profesores titulares se producirá únicamente cuando hayan transcurrido diez días lectivos desde la situación que da origen a dicho nombramiento.
Eliminación de la obligatoriedad de ofertar, al menos dos modalidades de Bachillerato en los términos previstos en la LOE. Se propone su derogación a fin de que sean las Administraciones educativas las que determinen la oferta de Bachillerato de los centros, de acuerdo a la demanda de los alumnos y a sus necesidades de organización educativa.

Universidad

Las medidas de racionalización del gasto que afecta a las enseñanzas universitarias son las siguientes:
Aproximación de los precios públicos de los servicios académicos de las Universidades al coste efectivo de los mismos. El coste de la primera matrícula cubrirá entre el 15% y el 25% del coste real en los títulos de Grado y Máster habilitantes para el ejercicio de una profesión. La segunda matrícula cubrirá entre el 30% y el 40% del coste real. La tercera matrícula entre el 65% y el 75%. La cuarta matrícula entre el 90% y el 100% del coste real de las enseñanzas. Para el resto de Máster, los no habilitantes para el ejercicio de una profesión, la primera matrícula cubrirá entre el 40% y el 50% del coste real, y entre el 65% y el 75% de los costes a partir de la segunda matrícula. El grado de aplicación dependerá de cada Comunidad Autónoma.
Racionalizar el número de titulaciones de grado mediante la exigencia de un número mínimo de alumnos. Esta medida tiene por objeto actuar sobre la dimensión mínima de una oferta “viable”, es decir, sobre el número mínimo de alumnos que ha de tener una titulación. Este criterio lo fijarán las Comunidades Autónomas en diálogo con las Universidades. A este respecto, en el texto del Real Decreto se señala que “hay que tener en cuenta varios datos: Casi el 30% de los títulos comienza con menos del número mínimo de alumnos para garantizar su viabilidad económica (50 alumnos); España cuenta con 79 universidades y 236 campus, que ofertan 2.413 grados universitarios, 2.758 másteres y 1.680 doctorados, y existe un excedente de oferta de enseñanza universitaria que la CRUE cifró en el curso 2008/2009 en más del 13%”.
Régimen de dedicación del profesorado universitario. El profesor universitario tiene una doble función: la docente y la investigadora. Sin embargo, solo el 50% de los mismos está investigando (tiene un sexenio de investigación vivo). Por ello se propone adaptar el régimen de dedicación según si cumplen sólo con la función docente o con ambas (la docente y la investigadora).
Aquellos funcionarios docentes sin sexenio en activo o vivo, que amplíen su dedicación máxima docente de 24 a 32 créditos al año.
Los profesores que mantengan los sexenios activos o vivos seguirían en la misma situación de dedicación máxima, los 24 créditos anuales. Este grupo es el mayoritario dentro de la Universidad (más del 50%).
Aquellos profesores que muestren excelencia en la investigación se especialicen en ésta, reduciendo su dedicación máxima docente a un máximo de 16 créditos. Esto último se acreditará mediante un sexenio de excelencia que se definirá en desarrollos normativos posteriores.  No se aumenta el número de horas de clase a todos los profesores, sólo a aquellos que mayoritariamente se dedican a su función docente.
Incorporar el principio de estabilidad presupuestaria a las Universidades.
Se trata de diseñar un sistema que garantice la estabilidad presupuestaria de las universidades, no sólo en el momento de elaborar el presupuesto sino también en la liquidación del mismo. Se establecerá además un sistema punitivo para aquellas universidades que incumplan, a cargo de las CCAA.
Limitación de incorporación de personal de nuevo ingreso en las Universidades.  Los nuevos ingresos deberás acomodarse a lo que al efecto disponga la normativa básica sobre Oferta de Empleo Público.

Objetivos educativos

Por otra parte, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha reconocido en el Pleno del Senado que “el Gobierno ha tenido que atravesar ‘líneas rojas’ debido a los ‘espantosos números rojos’ que ha dejado el anterior ejecutivo socialista.
“'Entiendo que estamos pidiendo a los profesores en todas las etapas de la enseñanza un sacrificio, que tenemos que atravesar lo que ustedes llaman líneas rojas, en este caso, pidiéndoles sacrificio (a los docentes) gracias a los espantosos números rojos que ustedes nos han dejado”, afirmó Wert en referencia al anterior Ejecutivo.
El ministro, según informa Efe, respondió a tres preguntas en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta de los grupos de la oposición relativas a las últimas medidas aprobadas para conseguir un ahorro de 3.000 millones en materia educativa.
Wert aseguró que estas iniciativas de carácter 'urgente' no van a afectar 'sustancialmente' a la calidad de la enseñanza y tampoco serán un 'obstáculo' para que España cumpla con los objetivos educativos UE 2020.
Sobre las críticas que le ha dirigido la portavoz en Educación de la Entesa, María Jesús Sequera, al considerar que el real-decreto conducirá a la desigualdad de oportunidades entre los alumnos, Wert ha respondido que “si tan 'excelente' es el sistema universitario español no se entiende ninguna universidad del país se encuentre entre las 150 mejores del mundo”. El ministro también ha descartado que estas medidas provoquen un aumento del abandono escolar temprano.
Preguntado por el senador de CiU Ramón Alturo sobre por qué ha recortado el presupuesto destinado a las CCAA en materia educativa antes de 'ajustar' otros costes de la Administración, Wert afirmó que “ha habido que priorizar otros programas, en especial los relativos con el refuerzo y el apoyo para evitar el fracaso escolar”.
El ministro lamentó el recorte en los programas de cooperación territorial ya que hubiera preferido que se mantuvieran todos, sobre todo, aquellos cuya eficiencia ha sido acreditada, y puso de manifiesto que la reducción de esos programas representa apenas el 0,56% del total del gasto público en materia educativa.
A este respecto, el ministro de Educación señaló que “es evidente que en el tema de los recursos educativos todos querríamos disponer de más, si bien es cierto que no hay correspondencia estricta entre recursos y resultados”.

Nueva comparecencia en el Senado

Por otra parte, en una nueva comparecencia, el martes 8 de mayo, ante el pleno del Senado, José Ignacio Wert ha afirmado que “las Comunidades Autónomas han reconocido que son ‘incapaces’ de seguir manteniendo el sistema educativo”, y que por este motivo el Gobierno ha aprobado el decreto de medidas urgentes de racionalización del gasto en materia de enseñanza. “Estamos hablando de medidas urgentes que no son la reforma educativa, sino simplemente elementos para sostener un sistema educativo que las Comunidades Autónomas reconocen que eran incapaces de seguir manteniendo”, aseveró el ministro de Educación, Cultura y Deporte en respuesta a la senadora del PSOE Isabel Flores, quien le había recriminado “las consecuencias negativas del decreto para el sistema de enseñanza”.
Durante el pleno, el ministro contestó a los reproches de otros dos senadores socialistas, Emilio Álvarez Villazán y Andrés Gil García, y de la senadora de la Entesa catalana María Jesús Sequera por el recorte de más de 600 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado, que han llevado a la eliminación de programas de cooperación territorial, así como el ajuste de 3.000 millones con el decreto de medidas urgentes. Todos ellos coincidieron en que se pone en peligro la calidad y equidad del sistema educativo. Wert argumentó que se trata de “medias extraordinarias en una situación extraordinaria” y reiteró que el decreto no es la reforma educativa del Gobierno sino que “éste permite establecer las bases para la el establecimiento de una base firme para el futuro de la educación en España”.