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El Defensor del Pueblo detecta problemas en la escolarización en Educación Infantil

El Informe 2011 revela la falta de plazas en FP y la deficiente atención a alumnos con necesidades educativas especiales

En su Informe Anual 2011, el Defensor del Pueblo señala problemas en la escolarización de alumnos en el ciclo de Educación Infantil, insuficientes plazas en determinados ciclos de Formación Profesional de Grado Medio, además de inconvenientes para atender a alumnos con necesidades educativas especiales.

El informe recoge frecuentes quejas planteadas por los padres de alumnos, que cuestionan los resultados de los procedimientos de admisión.

Madrid. R.C.
Según recoge este documento, la Educación Especial “no siempre ha recibido la merecida atención” y los recursos “son a menudo insuficientes y desigualmente repartidos” en los distintos ámbitos territoriales, a pesar de que, como establece la Constitución, los destinatarios de esta enseñanza gozan de especial protección.
Asimismo, se exponen las frecuentes quejas planteadas por los padres de alumnos que cuestionan los resultados de los procedimientos de admisión. El hecho de no obtener plaza en el primer centro demandado en su solicitud bien por ser el más próximo a su domicilio, pertenecer o tener un ideario correspondiente a una confesión religiosa, impartir programas bilingües o disponer de servicios complementarios constituye el motivo más frecuente de descontento.
En las quejas se cuestiona también que no se haya asignado el centro en el que ya están escolarizados hermanos del solicitante, pero los resultados de los procesos de admisión son consecuencia de la aplicación conjunta de todos los criterios de admisión y de la mayor o menor puntuación global que, como consecuencia, se atribuye a cada alumno. Las dificultades que se derivan de la distancia entre el domicilio y el centro asignado y otros condicionamientos como enfermedades, horarios laborales de los padres son también motivos de reclamación.

Desplazamientos

De igual modo, las dificultades se derivan de distancia existente entre el domicilio y el centro asignado, además de enfermedades, horarios laborales de los padres que expresan que los desplazamientos escolares supongan una “grave o inabordable carga”.
Esta institución aborda la escolarización de niños adoptados por concurrir “circunstancias especiales” y considera oportuno que las administraciones educativas valoren posibles vías, incluida la modificación en su caso de la normativa sobre admisión de alumnos, que garantice la asignación de plazas adecuadas a las necesidades de estos alumnos y sus familias.
Para María Luisa Cava de Llano, Defensora del Pueblo en funciones, la libertad religiosa implica “la inmunidad de coacción” frente al uso distintivo de símbolos de carácter religioso como expresión del fenómeno religioso protegido constitucionalmente, sin otras limitaciones que la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales.

Enseñanza religiosa

En esta línea, Cava de Llano actuó en 2011 ante la Secretaría de Estado de Educación y Formación para posibilitar que los alumnos que deseaban cursar la enseñanza religiosa católica en un centro público de Melilla pudieran hacerlo. Tras su intervención, el Ministerio de Educación ofreció al padre del alumno que solicitó la enseñanza religiosa cambiar de centro o que el estudiante curse religión católica en un colegio cercano durante el tiempo semanal en que los alumnos salen de su aula para recibir enseñanza de otras confesiones.
Esta institución ha propuesto al ministro de Educación, José Ignacio Wert, que el temario de la asignatura Educación Cívica y Constitucional “preste especial atención” a conocer este organismo y la Defensora considera de “suma importancia” que los escolares conozcan sus derechos y sepan cómo defenderlos.

Instalaciones escolares

Por otra parte, la mayoría de las quejas sobre instalaciones escolares se refieren a los centros públicos y plantean problemas relativos a la falta de capacidad o de ciertos espacios, desperfectos y falta de mantenimiento de edificios. Así como, las denuncias se dirigen a la improvisación en las soluciones y retrasos, utilización de aulas prefabricadas o de espacios previstos para otros fines, inadecuados y alejados del entorno social.
En cuanto a la investigación de oficio iniciada por el Defensor del Pueblo en octubre de 2010 sobre la incidencia real del uso de instalaciones provisionales, que continuó en 2011, el informe revela la sistemática utilización de aulas prefabricadas en Cataluña y la Comunidad Valenciana, mientras que en Baleares, Cantabria, Extremadura, Galicia, Castilla y León, Madrid y Navarra va decreciendo.