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La comunidad educativa rechaza
los recortes anunciados por el Gobierno

Sindicatos, padres y alumnos afirman que invertir en educación es una de las claves para salir de la crisis

La mayoría de los sindicatos de profesores y de las asociaciones de padres y de alumnos han rechazado los recortes adicionales que el Gobierno quiere aplicar en el sector
educativo porque, afirman, pueden afectar negativamente a la calidad de la enseñanza
al aumentar las ratios y el horario lectivo de los docentes, y eliminar programas

Representantes de los sindicatos ante la sede del Ministerio de Educación, antes de entregar un manifiesto en defensa de la enseñanza y los servicios públicos. (Foto FETE-UGT)

educativos y puestos de trabajo. Dichas organizaciones recuerdan que invertir en educación es una de las claves para salir de la crisis con un nuevo modelo productivo y unos ciudadanos más cualificados.

Madrid. G. A.
Las federaciones de Enseñanza de CCOO, CSIF y de UGT, y la Confederación de STEs-i, han elaborado un manifiesto conjunto en defensa de la escuela y los servicios públicos en el marco del estado de bienestar, que han remitido al Ministerio de Educación. En ese texto conjunto recuerdan que, según todos los expertos, “el gasto en educación es la mejor inversión posible para el futuro de los pueblos, y más aún en un país como el nuestro, que llegó tarde al desarrollo de las sociedades europeas avanzadas y que, hasta hace pocos años, tenía muy graves carencias educativas, incluso en la formación básica de la ciudadanía”.
Por eso, denuncian que “las decisiones que están adoptando la mayoría de los gobiernos de recortar el gasto social, a través del empeoramiento de las condiciones de trabajo y de la destrucción de empleo público, ponen en riesgo el estado del bienestar, patrimonio de todos y al que apenas nos hemos ido acercando los ciudadanos españoles estos últimos años”. Un estado del bienestar que, recuerdan, se basa en la existencia de “unos servicios públicos de calidad, universales y accesibles, que respondan con eficacia a las necesidades de las personas, sobre la base del principio de igualdad”.

Restricciones laborales

Según estos sindicatos, los recortes en la educación pública están viniendo “tanto por el empeoramiento de las condiciones de trabajo del profesorado -reducciones salariales, aumento de la jornada laboral, restricciones en los complementos en situación de baja por enfermedad, etc-, como por la adopción unilateral de medidas de aumento de la ratio, disminución de grupos, desaparición de los diversos programas de ayuda y refuerzo al alumnado, lo que está provocando el recorte de las plantillas de los centros y una fuerte reducción del profesorado interino”. Y todo ello mientras “se acaba con la jubilación anticipada, se congelan las ofertas de empleo público docente y se reducen “gravemente” las partidas destinadas a infraestructuras y gastos de funcionamiento de los centros.
Además, vuelven a recordar que ni las épocas de bonanza ni la actual crisis económica “han afectado a todos por igual”. Así, afirman que “en los años buenos, mientras muchos se enriquecían, los docentes y los profesionales del sector público educativo tuvimos unos crecimientos retributivos modestos”, mientras que “los que realmente se beneficiaron entonces son los mismos que ahora pretenden hacer cargar todo el peso de la crisis sobre los empleados públicos”. Afirman que en España la población que trabaja en el sector público es inferior al 10% del total, mientras que la media en la Unión Europea alcanza el 16%. Y añaden que “los servicios públicos de interés general son fuente de desarrollo económico, creación de empleo, prosperidad y cohesión social”.

Afectadas partidas básicas

También el sindicato ANPE ha rechazado los presupuestos aprobados por el Gobierno que, en su opinión, van a dificultar la intención de abordar cambios inmediatos del sistema educativo, “al verse afectadas partidas básicas en los tramos más necesitados de reformas”. Cree que los recortes presupuestarios inciden negativamente en la calidad de la enseñanza, porque impiden el desarrollo de los programas de innovación, imposibilitan los desdobles en materias básicas, disminuyen la presencia de profesores de apoyo y especialistas en los centros, ralentizan la utilización en las aulas de las tecnologías e la información, y desmotivan al profesorado”. Vuelve a denunciar los “brutales e injustos recortes salariales y laborales” sufridos por los empleados públicos desde mayo de 2010, y la desaparición de “los derechos laborales y sociales conseguidos con tanto esfuerzo”, y manifiesta que “es imposible pagar la deuda generada en estos últimos años sólo con recortes en la función pública”.
De todas formas, los sindicatos han intensificado aún más sus críticas, después de que el Ministerio haya concretado estas medidas ante los consejeros autonómicos de Educación, durante la última reunión de la Conferencia Sectorial. Así, ANPE ha vuelto a rechazar este “duro ajuste” que, en su opinión, recortará seriamente las condiciones laborales de los docentes y aumentará el horario lectivo y las ratios, “sin consultas ni negociación sindical”. Además, cree que tendrán “un efecto devastador en la escuela rural, que verá cerradas muchas unidades, en las enseñanzas de idiomas, en la formación profesional y en la posibilidad de establecer desdobles, grupos de refuerzo y atención a la diversidad”.

Medidas brutales

CCOO ha denunciado “las brutales medidas contra los cimientos de la enseñanza que el Ejecutivo aprobará por decreto-ley, y que nos retrotraen al siglo pasado, masificarán las aulas y supondrá el despido de 100.000 docentes”. Y también “la actitud poco dialogante del ministro, que se ha negado a debatir unas medidas de este alcance en las instituciones y foros establecidos en desarrollo de nuestra Constitución, como el Consejo Escolar del Estado y la Mesa Sectorial de Educación”, lo que considera “un hecho insólito en la historia reciente, que constituye una auténtica burla a la democracia educativa y a las competencias de las comunidades autónomas”.
Y FETE-UGT ha exigido al ministro la “convocatoria urgente” de la Mesa Sectorial de Educación”, ya que las medidas que ha anunciado “repercuten en las condiciones laborales del profesorado y, por tanto, es preceptiva su negociación con las organizaciones sindicales con presencia en dicha mesa”. Esta organización ha vuelto a rechazar todas las medidas restrictivas que quiere aplicar el Gobierno en el sector educativo, y recuerda las directrices de la Unión Europea y de la Internacional de la Educación, “que recomiendan dejar la enseñanza al margen de los ajustes presupuestarios, precisamente para salir fortalecidos de la crisis en lo que supone el necesario cambio del modelo productivo y el aumento de la cualificación de los ciudadanos”.

Un mal menor

Las Escuelas Católicas (FERE-CECA y EyG) estiman que los recortes en enseñanza anunciados por el Gobierno “no son una buena noticia”, puesto que “la mejor inversión, y más en tiempo de crisis económica, sigue siendo la educación”. Consideran que la congelación de los módulos de sostenimiento de la enseñanza concertada es, dadas las circunstancias actuales, “un mal menor”, aunque creen asimismo que “es una medida que atenta contra el mandato de gratuidad de la enseñanza básica a la que debe responder el concierto” que, actualmente, es “claramente deficitario”.
La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) afirma que las “medidas de ahorro” anunciadas por el ministro son “impopulares pero necesarias y acertadas, y racionalizan el gasto educativo sin mermar la calidad de la enseñanza”. Recuerda que las horas lectivas por profesor en la enseñanza pública “siguen estando por debajo que en concertada” por lo que, viendo que los resultados en este sector son “buenos”, demuestra que “esta medida no afecta a la calidad de la enseñanza”. También añade que “los últimos estudios de la OCDE señalan que unas ratios razonables, como las que ahora propone el Ministerio, no merman la calidad”, y pide igual proporción alumnos/aula en ambos sectores en las mismas zonas de escolarización.

Menos calidad

La Confederación laica de padres CEAPA ha rechazado los Presupuestos educativos, porque considera que “la eliminación de programas incidirá negativamente sobre la calidad de la educación y la igualdad de oportunidades de todos los niños”. Pide al Gobierno que valore la educación “como una inversión para el futuro, imprescindible para salir de la crisis”, y que fije una partida presupuestaria para la creación de “una red pública amplia de escuelas infantiles” También muestra su preocupación por los recortes en materia de profesorado, que se traducirán en “más alumnos por aula y, por tanto, en una peor atención educativa”, y dice que la no renovación de los contratos a orientadores, psicopedagogos y profesionales de apoyo implicará una menor atención a la diversidad de los alumnos y, consecuentemente, peores condiciones educativas para aquellos que más lo necesitan”.
Por su parte, la Confederación católica de padres, CONCAPA, lamenta que la inversión en educación, “actividad prioritaria para cualquier país”, se vea reducida, “por cuanto la grave crisis que afecta a nuestro país no es sólo económica sino también educativa”. Valora positivamente la supresión de algunos programas “propuestos por el anterior gobierno que, pese a su gran coste, no han demostrado su utilidad pedagógica” (como Escuela 2.0), y que se mantengan los programas que combaten el fracaso y el abandono escolar y los que desarrollan el aprendizaje de idiomas, junto a “la potenciación de la FP”. También considera lógica y justa la decisión adoptada en relación a las becas y a los programas de idiomas para profesores en el extranjero. Sin embargo, echa en falta “una partida para estimular la excelencia” en todos los sectores escolares, “que premie las buenas prácticas sujetas a evaluaciones externas”.

Ataque a la igualdad de oportunidades

La Federación de Asociaciones de Estudiantes (FAEST) ha denunciado “el desmantelamiento de la educación pública”, y “el mayor ataque a la igualdad de oportunidades de los estudiantes que se ha conocido”. Y ha avisado que “aumentar la ratio de alumnos por aula y las horas lectivas por profesor traerá como resultado un aumento del fracaso escolar, y el final de la educación pública, gratuita y de calidad, tal y como la conocemos, y provocará que varias generaciones vean mermada su formación y sus expectativas de futuro”. Y ante ello -advierte- “no vamos a quedarnos con los brazos cruzados”.
El Sindicato de Estudiantes (SE) va a proponer y a las asociaciones de profesores y de padres la convocatoria de una huelga general en todo el sector educativo, contra “los ataques y recortes del Partido Popular a la educación, la sanidad y los derechos sociales”. Y la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) ha mostrado su “extrema preocupación” por el “injustificable recorte del 21,9%” al presupuesto de educación, “que es para el alumnado una noticia nefasta, y un ataque ilógico a un instrumento de equidad y a una inversión para la salida de la crisis”. Y ha dicho que “no entiende ni comparte que en plena crisis se siga concibiendo la enseñanza como un gasto, y no como una inversión”.