Habrá una Carta de Derechos Básicos para asegurar un sistema educativo de calidad en toda España
Respaldo del Congreso a la propuesta
del PP de ampliar
el Bachillerato
a tres cursos
Los presupuestos en enseñanza han descendido en 2.479 millones de euros, según FETE-UGT
Educación y CC.AA suscriben convenios
en el marco del programa Escuela 2.0
Más de un centenar de jóvenes participan
en una nueva sesión del Modelo de Parlamento Europeo
"Y tú ¿qué?", un certamen de la FAD para fomentar
la reflexión crítica
de la juventud
La CECE de Madrid celebra su sexta Jornada Anual
de la Educación
El Gobierno aprueba
la Estrategia para
la Inclusión Social de la Población Gitana
Nigeria acoge la entrega de los premios escolares Paz y Cooperación 2011

Protestas en la calle por los recortes educativos

Las manifestaciones del 29 de febrero se desarrollaron sin incidentes, salvo
en Barcelona, donde se registraron nuevos enfrentamientos

Los estudiantes de instituto y los universitarios han vuelto a salir a la calle, para protestar contra los recortes en la enseñanza, defender una educación pública y solidarizarse con sus compañeros que protagonizaron las movilizaciones de Valencia a mediados de febrero. Las manifestaciones del 29 de ese mes se desarrollaron sin incidentes, salvo en Barcelona, donde se registraron nuevos enfrentamientos entre estudiantes y policías. El PP ha acusado al PSOE de promover los disturbios para erosionar al Ejecutivo, mientras que los socialistas recuerdan que la Constitución reconoce el derecho de manifestación y que ellos se manifiestan
con los sindicatos igual que los populares lo han hecho con la Conferencia Episcopal.

Los estudiantes han realizado diversa manifestaciones en las principales ciudades españolas -la de Madrid
en la foto- durante el mes de febrero, para protestar por los recortes en educación
. (Foto: EFE)

Madrid. G. A.
Decenas de miles de alumnos de institutos y universidades salieron el pasado 29 de febrero a la calle, para protestar contra la política de recortes en el sector educativo que están aplicando el Gobierno central y la mayoría de los Ejecutivos autonómicos, y también como muestra de solidaridad con los heridos y detenidos registrados hace más de dos semanas en Valencia, cuando varias protestas estudiantiles acabaron en enfrentamientos con la policía. Pancartas con lemas como “No recortéis el futuro”, “Si no hay solución habrá revolución”, “Menos policías y más educación”, “Somos estudiantes, no delincuentes”, “Si quieren recortes, que empiecen por las Cortes”, “España también es campeona en recortes”, “Suya es la crisis, nuestra la lucha”, o “No es país para jóvenes”, encabezaban las manifestaciones que han recorrido las calles de las capitales y las principales localidades de todas las provincias españolas, especialmente las de Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia y Zaragoza.
Esta última jornada de movilizaciones contra los recortes y a favor de la enseñanza pública ha transcurrido prácticamente sin incidentes, salvo en la Ciudad Condal, donde las protestas convocadas por la Plataforma Unitaria en Defensa de la Universidad Pública (Pudup) han sido secundadas por unos 25.000 jóvenes, según la guardia Urbana, y por 70.000, según las estimaciones de los organizadores, y han derivado en numerosos disturbios callejeros y violentos enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas policiales. Dichos incidentes se han saldado con 12 detenidos, dos de ellos menores de edad, acusados de desorden público, daños en el mobiliario urbano, quema de contenedores y agresiones a agentes. También se han contabilizado 12 heridos de diversa consideración, siete de ellos Mossos d’Esquadra.

Los incidentes de Valencia

Las protestas estudiantiles comenzaron a mediados de febrero en Valencia, cuando alumnos, profesores y padres del Instituto de Enseñanza Secundaria “Luis Vives”, se manifestaron contra los recortes educativos y las medidas de ajuste económico, y por las condiciones en que tienen que dar clase. Estas movilizaciones se extendieron por la ciudad y, en algunos casos, fueron reprimidas con cargas policiales, y culminaron el día 20 con una auténtica batalla campal y más de 30 detenidos, algunos e ellos menores. Las federaciones de Enseñanza de CC OO y de UGT, y la confederación laica de padres CEAPA han apoyado en todo momento a los estudiantes y a sus profesores a la vez que han denunciado la “brutal, desproporcionada e indiscriminada” actuación policial, mientras que el PSOE ha solicitado la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior y del director general de la Policía, para que expliquen la actuación de las Fuerzas de Seguridad en los incidentes.
Mientras tanto, los sindicatos y los propios estudiantes han continuado con sus campañas contra las políticas de recortes presupuestarios en el sector de la enseñanza. El 19 de febrero CC OO y UGT sacaban a la calle a miles de personas en todo el país para manifestarse contra la reforma laboral, mientras que CSI-F expresaba su disposición a trabajar con los grupos parlamentarios, “para evitar que la reforma laboral dañe los servicios públicos de los ciudadanos, para garantizar los derechos de todos los trabajadores y, especialmente, para defender al personal laboral de las administraciones públicas del acoso a sus puestos de trabajo que somete esta reforma”.

Plataformas por los derechos sociales

El 20 de febrero 40 organizaciones sociales y sindicales (entre ellas CEAPA, la Confederación de Movimientos de Renovación Pedagógica, CCOO y UGT) constituían una Plataforma para “defender el estado del bienestar y los servicios públicos, y trasladar a la sociedad un modelo basado en la justicia y los derechos laborales y sociales”. Y el día 23 representantes del sindicato docente ANPE y de las organizaciones sanitarias SATSE y CEMSATSE, lanzaban desde la Comisión Coordinadora Federal de la Federación de sindicatos de Educación y Sanidad (FSES), un llamamiento al Gobierno para que reconsidere los recortes en estos dos sectores, que “son prestaciones básicas que deben situarse en el centro de las políticas”, y sin ellas “no puede desenvolverse ni prosperar la sociedad”.
El 27 de febrero se celebraron paros y concentraciones de 5 minutos en institutos de toda España, convocados por la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos (FEDADi) y por CEAPA, CANAE y el Sindicato de Estudiantes, y a los que se han sumado los “jóvenes de Izquierda Unida”, para “responder en silencio y pacíficamente” al comportamiento de las fuerzas de orden público durante los incidentes de Valencia. La Confederación de STES-i y las federaciones de Enseñanza de CCOO y de UGT han apoyado estas movilizaciones y las realizadas dos días más tarde, y han anunciado su intención de organizar muevas actividades reivindicativas durante el mes de marzo, que podrían culminar con una huelga general en el sector de la enseñanza el 29 de dicho mes o a principios de abril.

Acusaciones

Todas estas protestas han originado nuevos enfrentamientos verbales entre representantes del Gobierno central y del primer partido de la oposición. Así, destacados dirigentes del PP han acusado al PSOE de instigar las movilizaciones para crear un clima de “conflictividad social” que erosione al Ejecutivo, y el propio presidente Mariano Rajoy ha mostrado su preocupación por el recrudecimiento de la conflictividad callejera como respuesta a las medidas de ajuste del gasto público porque, en su opinión, da en el resto de Europa una imagen de España similar a la de Grecia que “no es real”. Además, cree que estos disturbios tienen efectos económicos negativos porque, además de los costes derivados de los destrozos producidos en las calles, retraen a posibles inversores y tienen un impacto negativo en los mercados.
En similares términos se ha expresado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien ha afirmado que las imágenes de los altercados de Barcelona “nos han hecho mucho daño, y es posible que hayan costado muchos puestos de trabajo”, porque “muchas inversiones pueden echarse atrás ante este clima social enrarecido”. Y aunque también ha dicho que los estudiantes tienen que saber que entre ellos hay “grupos antisistema violentos que buscan el desconcierto de la violencia por la violencia”, ha añadido que la mano que está detrás de los altercados es, en realidad, la del PSOE, y que el compromiso de los socialistas por hacer una oposición responsable “no es más que una frase”.

Derecho constitucional

Por el contrario, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba ha condenado la degeneración de las protestas estudiantiles, porque “la violencia siempre es detestable”. Pero ha puntualizado que “el problema no es sólo la violencia en sí, el problema es que haya alguien que quiera relacionar al PSOE con la violencia, y ese es un problema muy serio”. Rubalcaba ha recordado que la Constitución consagra el derecho de todos los españoles a manifestarse “libre y pacíficamente” cuando quieran. La diferencia es que “el PSOE lo ha hecho con los sindicatos y el PP con la Conferencia Episcopal, cada oveja con su pareja”.