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La comunidad educativa pide que la educación sea una prioridad para el nuevo Gobierno

Sindicatos, patronales y padres rechazan los recortes y piden un pacto social para garantizar la financiación y mejora del sistema de enseñanza

Ante la victoria electoral del PP y la inminente llegada de un nuevo Gobierno, los sindicatos, patronales y asociaciones de padres han pedido que la educación sea una prioridad para el próximo Ejecutivo, terminando con las actuales políticas de recortes presupuestarios en el sector. También quieren que promueva un gran pacto social para garantizar una adecuada financiación y la consiguiente mejora de nuestro sistema de enseñanza.

Los sindicatos rechazan los recortes presupuestarios en educación, piden que aumente su financiación, así como retomar las negociaciones del Estatuto del Profesorado y la Carrera Docente.

Madrid. G. A.
El sindicato ANPE ha recordado a los dirigentes del Partido Popular que “junto a las reformas estructurales que necesita nuestro sistema productivo, será necesario mejorar el sistema educativo para salir de esta crisis”. Por ello, ha pedido al futuro Gobierno “un compromiso que haga de la educación una prioridad, y ha vuelto a reclamar “un pacto básico de mínimos que permita conseguir una educación de calidad, equiparable con la de los países más avanzados de nuestro entorno”.
Dicho acuerdo debería abordar diversos “aspectos primordiales”, como “un cambio de modelo educativo hacia parámetros de calidad basados en la valoración del conocimiento, la exigencia en el aprendizaje, la evaluación rigurosa y el esfuerzo”, y la “vertebración y cohesión” del sistema, garantizando unas enseñanzas básicas comunes en todo el Estado. ANPE también reclama un Estatuto Docente que defina un marco básico para los profesores de todo el Estado, desarrolle un sistema de acceso a la docencia “más eficiente, mejore las condiciones laborales y establezca una carrera profesional desde el acceso hasta la jubilación”. Todo ello elevando “sustancialmente” el porcentaje de PIB destinado a educación.

Un camino para salir de la crisis

También la Federación de Enseñanza de CCOO considera que “la educación y la formación deben ser una prioridad para el nuevo Gobierno, “como el único camino posible para salir de la crisis”. Por ello, ha pedido al PP que abandone “las políticas de recortes que están generando numerosos conflictos sociales, y exigen el inicio de diálogo con los legítimos representantes del profesorado para desbloquear la actual situación de conflictividad”. Y ha insistido en la necesidad de alcanzar un Pacto social por la educación que garantice una financiación necesaria del sistema educativo, para poder homologarnos con la media de los países de la OCDE, y que contemple una “apuesta definida” por la educación pública.
CCOO también pide un compromiso para impulsar la atención a la diversidad, para extender y mejorar los servicios educativos y complementarios, para escolarizar entre las redes pública y concertada y en igualdad de oportunidades al alumnado en desventaja social, y para promover y potenciar la Formación Profesional y la Universidad. Además, ese Pacto tiene que contemplar la negociación de los estatutos docente y universitario, de un nuevo sistema de acceso a la docencia pública, y del desarrollo profesional y los derechos y deberes de los trabajadores de la educación.

Diálogo

La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT (FETE-UGT) considera que “en estos momentos de dificultad, el diálogo social y la concertación son valores que el nuevo Gobierno debe mantener, para que todos asumamos las responsabilidades que nos corresponden y podamos avanzar, sin quiebra social y sin pérdida de derechos de los ciudadanos.  Por ello, emplaza al futuro ejecutivo a priorizar la educación, no considera necesaria una nueva Ley, “que puede dividir a la comunidad educativa”, y recuerda que la Ley de Economía Sostenible “recoge muchos postulados del fallido pacto educativo, que fueron fruto de gran debate y controversia”, como las modificaciones de la FP para flexibilizar el sistema.
También cree que “la etapa que mejores resultados hemos obtenido coincide con el desarrollo de la LOE entre 2007 y 2009, que contenía una memoria económica”. Y afirma que “con más inversión se pueden realizar desdobles, laboratorios, bibliotecas, apoyos, etc., mejorando los resultados educativos”. Y también “se integra mejor al alumnado inmigrante, se prepara mejor al alumnado en materias como las TIC o los idiomas, crece la oferta de FP y aumenta la construcción de escuelas infantiles”. Junto a todo ello, FETE va a planear la reanudación de las negociaciones sobre los estatutos del profesorado y el acceso a la función docente.

Derecho fundamental

La Confederación de STES-i dice que “es importante que el PP y el nuevo Gobierno asuman que la educación es un derecho fundamental de las personas, y no un servicio sujeto a las reglas del mercado, por lo que es responsabilidad de los ejecutivos central y autonómicos facilitar el acceso a una enseñanza pública de calidad al conjunto del alumnado”. Y afirma que “actualmente nos encontramos inmersos en un proceso de recortes en la enseñanza pública, sólo en la enseñanza pública, que está siendo muy contestada por el profesorado y por el resto de la comunidad educativa, dado que se está haciendo pagar  a la educación por una crisis que no ha provocado”.
Según los STES-i, dichos recortes “están suponiendo un retroceso en las condiciones en las que los profesores imparten sus enseñanzas, lo que origina al mismo tiempo un claro deterioro de las condiciones en las que el alumnado recibe sus clases” y, en definitiva, “son un ataque a la calidad de la enseñanza y no un conflicto laboral”. Por ello, pide que cesen dichos recortes y que la educación pública sea una prioridad en la acción del nuevo Gobierno, y sea también “el eje vertebrador del sistema educativo en el conjunto del Estado”. También va a pedir al futuro Parlamento que aumente el porcentaje del PIB que se destina a educación hasta el 7%.
El Sector Nacional de Enseñanza de CSI-F espera que en la nueva legislatura se abra un periodo negociador con las organizaciones sindicales, y confía en que el PP “cumpla con su palabra y no recorte en educación”. Ha anunciado su intención de apoyar una Ley de Autoridad del Profesorado y un bachillerato de tres años, temas que han planteado los populares en su programa electoral, pero no considera conveniente promulgar una nueva ley educativa, porque si bien la actual “tiene aspectos que incluso deben ser modificados, esto se puede hacer mediante Real Decreto o con enmiendas consensuadas en el Parlamento, mientras que promover una nueva ley significará dos años hasta que pueda ver la luz, dividiendo mientras tanto a la comunidad educativa”.

Más libertad

Para la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) el fracaso y el abandono escolar son los principales problemas a los que debe hacer frente el nuevo Gobierno, aumentando la libertad “real” de creación y elección de los centros educativos, y haciendo de la educación un “elemento clave” para resolver los problemas sociales, lo que, en su opinión, hace preciso lograr un “gran pacto escolar”. También cree que hay que “redimensionar” las redes de centros sostenidos con fondos públicos, tanto concertados como privados, en función de su demanda social; aunar los esfuerzos de familia y escuela; devolverle a la Primaria la “función educativa”; y establecer un marco normativo “objetivo y homogéneo” para todas las comunidades autónomas.
Escuelas Católicas (FERE-CECA y Educación y Gestión) solicita al nuevo Gobierno “que afronte sin dilación el reto de la mejora de la educación evitando su politización”. Cree que dicha mejora se centra en cinco aspectos muy concretos: “dotar de mayor autonomía a los centros y garantizar la libre elección; asegurar el régimen de conciertos y su adecuada financiación; estructurar medidas pedagógicas que garanticen la calidad, la libertad y la equidad de la educación; promover un Bachillerato excelente y concertado; y conceder una atención especial al profesorado, a su formación y a su motivación”. Y afirma que hay que acometer esa mejora “desde una óptica global que evite la fragmentación y las soluciones aisladas”, e implicar en un pacto educativo a todos los sectores de la sociedad.

Protagonismo para las familias

La Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) dice que la familia debe tener mayor protagonismo en los centros escolares, porque “está demostrado que esto influye e el rendimiento y resultado de los alumnos” y ha solicitado al futuro Ejecutivo que se siga invirtiendo en educación pública, “necesaria para salir de la crisis económica”. Por ello, ha criticado a las comunidades autónomas “que ya han sacado la tijera”, y ha pedido que no se cambie la actual Ley Orgánica de Educación (LOE) “que debe seguir desarrollándose”, y que las posible modificaciones a la misma se hagan con el consenso de “toda la comunidad educativa, de la que también forman parte los padres”.
Por su parte, la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA) ha pedido a Mariano Rajoy una “apuesta decidida por la mejora de la calidad de la educación en España”, mediante una escuela “de calidad” con “libertad de creación y elección de centro, y donde los principios de “esfuerzo, mérito y excelencia estén presentes en la formación de alumnos y profesores”. También quiere “mayor coordinación” entre el Estado y las Comunidades Autónomas, la supresión de la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, una prueba voluntaria que permita homologar el nivel de conocimiento y certificar la excelencia de los alumnos, mejorar la FP y potenciar la participación de los padres.

Siguen las protestas en Madrid

Mientras tanto, los sindicatos ANPE, CCOO, CSI-F, FETE-UGT y STEM, han decidido retrasar hasta el 29 de noviembre la novena jornada de huelga en la enseñanza pública de la Comunidad de Madrid, para seguir protestando contra los recortes impuestos por las autoridades regionales para este curso y ante la falta de diálogo para desbloquear la situación. Estos sindicatos consideran que los motivos que originaron las protestas “siguen vigentes en tanto la Consejería de Educación no rectifique y se avenga a negociar”. Y advierten que van a “seguir trabajando de forma unitaria para proponer la continuidad del calendario de movilizaciones mientras no se resuelva el conflicto, porque la educación no es gasto, es inversión”.
Aunque las protestas se iniciaron a comienzos del curso sólo en Secundaria, el pasado 17 de noviembre se celebró la octava jornada de paros que, por iniciativa de CCOO, UGT y STEM se extendió también a Primaria, y se completó con una multitudinaria manifestación por el centro de Madrid. Ahora han vuelto a unirse todos los sindicatos y el conflicto ha llegado también a la Educación Infantil.