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El TSJC pone un plazo de dos meses para situar al castellano como lengua vehicular en las escuelas

El Gobierno de la Generalitat ha presentado un recurso contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dado un plazo máximo de dos meses al Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Catalunya para que adapte su sistema educativo con el fin de implantar el castellano como lengua vehicular en las escuelas, junto al catalán. El Govern ha presentado un recurso contra el auto del TSJC.

El auto del TSJC ha suscitado una fuerte polémica política y social en Cataluña.

Madrid.
El auto del TSJC fija un límite para que la Generalitat cumpla la sentencia de diciembre pasado, en la que el Tribunal Supremo estableció que el castellano debe ser lengua vehicular en las escuelas igual que el catalán. La sentencia del Supremo, cuya ejecución corresponde ahora al TSJC, apremiaba a la Generalitat a adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña.
El pasado mes de junio, el alto tribunal catalán requirió al Departamento de Educación que le informara en el plazo de diez días de las concretas medidas que había adoptado para cumplir la sentencia del Supremo.
La consellera de Enseñanza de la Generalitat de Catalunya, Irene Rigau, envió entonces al TSJC un escrito con datos estadísticos sobre el uso de las lenguas en la educación que concluía que para “garantizar la exigencia legal del pleno dominio de las dos lenguas oficiales” al finalizar la enseñanza secundaria, es necesario continuar con el actual sistema. Enseñanza argumentaba también en su escrito que el estado de normalización lingüística de la sociedad catalana no permite el cambio del modelo educativo actual.
Para el TSJC, dicho escrito, según se precisa en el auto, “resulta insuficiente para considerar cumplido el fallo del Supremo”, por lo que ha instado a la Generalitat a aplicarlo y le ha concedido un plazo de dos meses dada la “complejidad” que supone adaptar su sistema educativo a la sentencia. El auto obliga a la Generalitat a informarle de las medidas adoptadas, una vez transcurrido el plazo de dos meses, y advierte de las “consecuencias legales” que puede suponer el incumplimiento de este auto.
De hecho, la ley prevé desde la imposición de multas hasta la apertura de diligencias penales a los que impidan la ejecución de una sentencia.
La resolución de la sala contencioso-administrativa del TSJC puede ser recurrible, pero su impugnación no suspendería en principio la ejecución de la sentencia a no ser que el propio tribunal así lo acordara, a instancia de alguna de las partes.
La sentencia del Supremo sobre el catalán obedece a los recursos interpuestos por padres de alumnos escolarizados en Cataluña que denunciaron el modelo de “inmersión monolingüe imperante”, en su opinión, en el sistema educativo catalán, y advertían de que “el estudio del castellano queda reducido a una asignatura más”. L
as tres familias a las que el Tribunal Supremo (TS) dio la razón en una sentencia que obliga a la Generalitat a introducir el castellano como lengua vehicular de la enseñanza han expresado su intención de llegar al tribunal europeo si el Govern no cumple la interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 

Recurso del auto del TSJC

El Gobierno catalán ha esperado hasta el último momento para presentar el recurso contra el citado auto del TSJC. El portavoz del Govern, Francesc Homs, ha señalado rueda de prensa que el modelo de inmersión lingüística está garantizado y que lo mantendrán “pase lo que pase”.
Entre los argumentos que tanto Homs como otros miembros del Govern han esgrimido es que en Cataluña está vigente la Ley de Educación de Cataluña (LEC) que avala este modelo, así como que los niveles de conocimiento del castellano en Cataluña están por encima en relación a otras comunidades autónomas donde no hay inmersión lingüística.
El citado auto del TSJC ha suscitado una fuerte polémica política y social, tanto en Cataluña como en el resto de España. El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, ha considerado “innegociable” el modelo de inmersión lingüística en la escuela catalana, pese a que el TSJC haya dado dos meses a la Generalitat para que incorpore el castellano como lengua vehicular.“La cuestión lingüística es uno de los valor más preciados y el nervio alrededor del cual se tiene que construir la convivencia y la cohesión en nuestra sociedad”, ha subrayado Homs en declaraciones a TV3 recogidas por Efe. Homs ha recordado que, aunque hay dos lenguas oficiales en Cataluña, la lengua “propia” es el catalán, tal como recoge el Estatut, un texto ratificado posteriormente por el Tribunal Constitucional. En este contexto, el portavoz del Gobierno catalán cree que “se está intuyendo que una relación diferente deberá articularse en la relación (de Cataluña) con España”.
Por otra parte, en relación con este asunto, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha reclamado que la lengua “no se utilice como arma arrojadiza" y ha defendido expresamente “el modelo lingüístico vigente en el sistema educativo catalán y la plena competencia lingüística. Nuestro modelo lingüístico está en la Constitución: el derecho a usar la lengua y el deber de conocerla”, ha dicho el ministro. Pero también ha agregado que “el Gobierno catalán tiene que cumplir la sentencia, adoptar las medidas necesarias para garantizar que en el modelo establecido actualmente de inmersión lingüística se conozca también el castellano en el modo en que la sentencia lo ha establecido”.

Moción de respaldo en el Congreso

Asimismo, en el Pleno del Congreso, todos los grupos parlamentarios, salvo el PP y UPyD, han acordado respaldar el vigente modelo lingüístico en el sistema educativo catalán a través de una moción de respaldo, promovida por ERC, para el reconocimiento de la identidad y la lengua catalana. En total, la moción ha obtenido 192 votos a favor, 148 en contra y una abstención. En el escrito manifiestan su apoyo “al modelo educativo vigente en el sistema educativo catalán”, al derecho a recibir la educación en catalán” y “a que se utilice normalmente el catalán como lengua vehicular y de aprendizaje”. "Tal y como establece la jurisprudencia constitucional, así como la inmersión lingüística como recurso pedagógico en el ciclo inicial, como garantía del conocimiento con suficiencia oral y escrita del catalán y el castellano al finalizar la ESO, sea cual sea la lengua habitual al incorporarse al sistema educativo", señala el texto pactado.