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Unánime rechazo sindical a los recortes educativos

El aumento de la jornada lectiva de los profesores puede suponer la
pérdida del puesto de trabajo
para miles de interinos

Los recortes en el gasto educativo y el aumento de la jornada lectiva de los profesores de la escuela pública en Cataluña, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid y Navarra han provocado el rechazo unánime de los principales sindicatos de enseñanza, tanto a nivel autonómico como estatal. Todos ellos creen que dichas medidas van a provocar que miles de interinos pierdan sus puestos de trabajo, y han convocado medidas de protesta y movilizaciones, que en algunos casos pueden derivar en dos jornadas de huelga, contra lo que consideran el mayor ataque contra la escuela pública y sus profesores de toda la democracia.

Profesores de Madrid se manifiestan ante la Consejería de Educación, para protestar por los recortes presupuestarios anunciados en la enseñanza madrileña y el aumento de la jornada lectiva de los docentes.

Madrid. G. A.
Los presidentes y consejeros de Educación de Cataluña, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid y Navarra han anunciado unos recortes presupuestarios en enseñanza que superan los 2.000 millones de euros, junto un aumento de la jornada lectiva semanal de los profesores de la escuela pública que, según los casos, oscila entre las dos y cuatro horas (manteniéndose la jornada laboral de 37,5 horas a la semana). Estas medidas, con las que sus promotores pretenden contribuir a paliar los efectos de la crisis económica, han provocado el rechazo unánime de las principales organizaciones sindicales, que han anunciado diversas acciones de protesta y movilizaciones.
De momento, en Madrid los sindicatos regionales han convocado dos “jornadas de lucha en los centros educativos” para el 14 y el 22 de septiembre, durante las que, junto al normal desarrollo de las clases, se celebrarán asambleas informativas con los padres, y también promoverán otras dos jornadas de huelga el 20 y 21 del mismo mes. Además, han celebrado sonoras concentraciones de profesores ante la Consejería de Educación para protestar por las medidas anunciadas, y una manifestación por el centro de la capital para el día 14. Por lo que respecta a Galicia, el día 9 de septiembre se celebró una manifestación en Santiago de Compostela, mientras que el 20 se realizarán paros simbólicos entre las 10,00 y 10,30 horas, y el 21 y 27 habrá dos jornadas de huelga. En el resto de las Comunidades afectadas no se han concretado aún las posibles movilizaciones.

Brutal ataque

Las federaciones estatales y sectores de Enseñanza de ANPE, CSIF, CCOO y UGT, así como la Confederación de STEs, han apoyado todas estas protestas autonómicas, y han presentado en rueda de prensa una declaración conjunta en la que recuerdan que los trabajadores no han provocado la crisis económica, en cuyo nombre “se está produciendo un brutal ataque al sistema educativo”. También advierten que “la reducción prevista de alrededor de 2.000 millones de euros en los presupuestos educativos del Estado y las Comunidades Autónomas en el presente año 2011 tendrá consecuencias muy graves en la educación y la formación de muchos miles de niños y jóvenes de nuestro país, y harán prácticamente imposible el logro de los nuevos objetivos educativos europeos para el año 2020”.
Los responsables de estas organizaciones creen que las administraciones públicas no dan a la enseñanza “la importancia que se merece”, y se han instalado en “una miopía práctica que considera el dinero dedicado a educación no como lo que es, una inversión justa, necesaria y verdaderamente rentable, sino como un gasto en buena manera prescindible”. Y recuerdan que mientras seguimos por debajo de la media europea en porcentaje del PIB destinado a este apartado, “la propia comisaria de Educación de la Unión Europea, Androulla Vassiliou, ha censurado explícitamente los recortes del gasto público llevados a cabo en España durante el presente año”.

Pérdida de empleo

Los dirigentes de estos sindicatos consideran que dichos recortes presupuestarios y el aumento de horas lectivas en la jornada laboral del profesorado, anunciados hasta ahora en las citadas Comunidades Autónomas, pueden originar la pérdida del puesto de trabajo de entre 13.000 y 15.000 interinos, cifras que podrían aumentar hasta 50.000 si el resto de las administraciones autonómicas promueven actuaciones similares. En su opinión, dichas medidas van a repercutir negativamente en la calidad de la enseñanza; constituyen “el mayor recorte presupuestario en educación de la democracia”; son “un ataque al prestigio de la escuela pública” y un “ataque brutal a la profesionalidad de los docentes”; anulan la aspiración de España de homologarse en Europa en esta materia; y llevan al sistema educativo “al desastre” justo cuando habíamos empezado a “reducir un poco nuestras tasas de abandono y fracaso escolar”.
También han recordado que las tasas de fracaso y abandono escolar temprano superan el 30% en nuestro país, aunque dichos índices “se estaban empezando a corregir y ahora será más difícil disminuirlos”, mientras que tenemos 750.000 jóvenes sin titulación ni cualificación y el paro juvenil se sitúa por encima del 43%. Además, han denunciado que la reducción del presupuesto educativo implica un aumento de la ratio profesor-alumno, lo que impide mejorar la calidad de la enseñanza, y han puesto como ejemplo negativo la Comunidad de Madrid, donde el porcentaje del alumnado de la enseñanza pública ha aumentado un 5,2% mientras que el profesorado para atenderlo se ha reducido en un 2,1%, un “dato inédito en la democracia española”.

Recortes sin precedentes

Además, han advertido que la escuela pública y sus profesores han sufrido desde mayo de 2010 “los mayores recortes de la historia”, con bajadas en los salarios, y escasas ofertas de empleo público que no han llegado a cubrir ni el 30% de las vacantes registradas. Todo ello ha afectado no sólo a sus retribuciones, sino también a su formación, a programas educativos concretos y a la propia atención al alumnado. Por todo ello, piden a las distintas administraciones que rectifiquen las actuales políticas de recortes en el sector de la enseñanza, y “preserven la educación como un servicio público imprescindible para asegurar una salida adecuada de la crisis, y para sentar las bases de una sociedad más justa y equitativa y de una economía sostenible”.
Los sindicatos también reclaman “medidas eficaces” para superar los elevados porcentajes de abandono y fracaso escolar, “garantizando las plantillas necesarias para atender a la diversidad del actual alumnado”, y que reconozcan en la práctica que “el profesorado es el principal activo de cualquier sistema educativo, teniendo en cuenta que recortar el número de profesores es atentar directamente contra la calidad de la educación”. Por ello, quieren que se garantice “el derecho a un empleo digno a todo el colectivo de los trabajadores de la enseñanza”, y que se mantenga su número actual mediante las “adecuadas ofertas de empleo público” y a través de la prórroga de las “jubilaciones LOE”.

Movilizaciones

De momento, estas organizaciones han decidido no promover cualquier tipo de paros o huelga a nivel estatal, pero sí van a convocar diversas movilizaciones para protestar por estos recortes. Así, sus máximos dirigentes han entregado el 14 de septiembre al ministro de Educación esta declaración conjunta, van a promover un “día de lucha a favor de la escuela y del profesorado de la enseñanza pública” el 20 del mismo mes, y van a organizar una manifestación en Madrid el 22 de octubre, para la que harán un llamamiento solicitando la asistencia de profesores de toda España.
El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha asegurado durante la rueda de prensa sobre el inicio del curso 2011-12 que “no sobran profesores”, por lo que ha pedido a los representantes de las Comunidades Autónomas y de los sindicatos que se sienten a negociar una solución a los actuales conflictos, porque con esta situación “los verdaderamente perjudicados son los alumnos”. Además, ha calificado de “preocupante” dicha situación, “no sólo por los recortes, sino también por el debilitamiento de la continuidad de los programas educativos”. Por eso, va a pedir a las administraciones regionales que cumplan los compromisos adquiridos en el Plan de Acción Educativa, porque la formación “es una prioridad” para el Gobierno.

Garantizar el trabajo docente

El ministro no quiere entrar en ninguna “reyerta” con los gobiernos autonómicos, y ha aclarado que su Departamento no pretende intervenir en el conflicto, “sino coordinar y proponer para garantizar el trabajo de los profesores. Para ello ha solicitado el apoyo de todos a uno de los pilares del estado del bienestar, como es la educación, en tiempos de “necesaria estabilidad presupuestaria”. También ha calificado como “poco presentables y nada justas” algunas declaraciones realizadas recientemente por algunos dirigentes autonómicos, que afirmaban que los profesores trabajan poco y sin motivación. En su opinión, los docentes “necesitan reconocimiento y apoyo, y la mejor manera de dárselo es dotarles de medios y de unas mínimas condiciones laborales”.
Ángel Gabilondo ha mostrado su respeto por las movilizaciones convocadas hasta ahora en Galicia y Madrid, aunque ha pedido a los sindicatos que las protestas sean “responsables, democráticas y tengan en cuenta los derechos de todos”, en clara referencia a los alumnos que puedan verse afectados por los paros. Y ha aclarado que la clave no es el aumento de horas lectivas que imparta cada profesor, sino que ello no reste tiempo a otras tareas docentes,  como las tutorías o las clases de apoyo, porque entonces “ese incremento lectivo sí podría cuestionar objetivos serios del sistema educativo”.