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Acreditar la cualificación laboral

En julio se iniciará un proceso para acreditar las competencias profesionales adquiridas al margen de la formación reglada

El Gobierno ha destinado 59 millones de euros para poner en marcha un proceso de acreditación, que permitirá dar reconocimiento oficial a las competencias profesionales que casi 60.000 personas, que hasta ahora no tenían un documento oficial que las avalara por haberlas adquirido a través de la experiencia laboral o de formación no reglada. Los ministerios de Educación y de Trabajo seguirán este proceso a través de una Comisión interministerial, y las comunidades autónomas realizarán las primearas convocatorias a partir del mes de junio.

Los ministros de Educación, Ángel Gabilondo, y de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, durante la presentación del programa. (Foto: Iñigo Amescua)

Madrid. G. A.
Los ministros de Educación, Ángel Gabilondo, y de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, han avanzado cómo se desarrollará el Programa Acredita, un procedimiento de acreditación que permitirá dar reconocimiento oficial a las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. Esta iniciativa beneficiará inicialmente a unas 60.000 personas con experiencia o competencias que hasta ahora no tenían un documento oficial que las avalara, y serán las comunidades autónomas quienes comiencen a realizar las pertinentes convocatorias para ponerla en marcha a partir de junio.
Las administraciones autonómicas también se encargarán de fijar su propio calendario de convocatorias, “en función del número de participantes, unidades de competencia susceptibles de acreditar y otros elementos, como los medios materiales y humanos disponibles”. Además, a través de una Orden promulgada el pasado 12 de abril por el Ministerio de la Presidencia (“BOE” del día 15) se ha creado una Comisión Interministerial con representantes de los citados departamentos, para el seguimiento y evaluación del proceso. Por ello, su misión será garantizar el cumplimiento de los principios, fines y funciones del programa.

Perfiles prioritarios

En la primera convocatoria que realicen las comunidades autónomas se incentivará, de forma prioritaria, la acreditación de los perfiles profesionales relacionados con la Educación Infantil y con la puesta en funcionamiento de la Ley de Dependencia, al ser considerados “sectores estratégicos”. Aunque también se dará preferencia a los relacionados con la Hostelería y el Turismo y con la Reparación y Mantenimiento de automóviles. Como hemos indicado, cerca de 60.000 personas podrán beneficiarse del Programa Acredita en toda España. El 75%  de ellas (45.000) corresponderán a los perfiles profesionales de estos cuatro sectores, mientras que el 25% restante (15.000 personas) será determinado por cada comunidad “en función de sus necesidades”, y podrá ampliarse a “todas y cada” una de las unidades de competencia recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
La administración general del Estado ha formado a 3.000 asesores, orientadores y evaluadores para poner en marcha este procedimiento de acreditación, que comenzará con una fase de asesoramiento a los candidatos. En la siguiente, una Comisión de evaluación realizará las “comprobaciones necesarias” sobre las competencias profesionales que tiene realmente cada aspirante, y decidirá sobre el tipo de prueba que se le debe proponer (entrevistas, simulación de situaciones profesionales, observación en el puesto de trabajo, etc.), en función de sus características y de la competencia a evaluar. Por último, dicha Comisión propondrá la expedición de la acreditación de cada una de las unidades de competencia superadas, e informará a los candidatos sobre las posibilidades que tiene para completar su formación y conseguir el Título de Formación Profesional o el Certificado de Profesionalidad correspondiente.

Requisitos

Quienes deseen participar en este procedimiento deberán tener la nacionalidad española, o certificado de residente comunitario, la tarjeta de familiar de ciudadano de la UE, o ser titular de una autorización en vigor de residencia y trabajo en España. Además, los que aspiren a una cualificación de nivel I (se corresponde con algunos certificados de profesionalidad y los Programas de Cualificación Profesional Inicial) tendrán 18 años como mínimo y una experiencia laboral adquirida en los últimos 10 años de al menos 2 años (1.200 horas trabajadas como mínimo) o una formación relacionada con las competencias que se quieren acreditar de 200 horas. Para los niveles II (que corresponde a la FP de grado medio) y III (FP de grado superior) hay que tener 20 años de edad y acreditar 3 de experiencia (2.000 horas trabajadas) o 300 de estudios.
El Gobierno ha destinado 59 millones de euros para implantar esta iniciativa, que considera un “procedimiento básico para dinamizar el empleo a través de la formación en sectores claves de la economía, como los servicios de atención a personas en situación de dependencia o la educación infantil”. De ellos, 35 millones se han invertido en la formación de asesores, evaluadores y orientadores; en la elaboración de todos los instrumentos de apoyo; en los materiales para la oferta de Formación Profesional a distancia; en la difusión del procedimiento; y en los portales para la información y orientación de los participantes. Y los 24 restantes se van a transferir a las comunidades autónomas para financiar sus procesos de evaluación.

Convalidación

Este proceso de acreditación llega casi una década después de que se aprobara la Ley de las Cualificaciones Profesionales (de 19 de junio de 2002), y de un posterior Real Decreto aprobado en julio de 2009 por el Consejo de Ministros, que establecía y regulaba el procedimiento y los requisitos para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas al margen de las vías formales de educación. A partir de ahora, los trabajadores podrán acceder a un documento oficial que determine cuales son sus competencias profesionales, y si además quieren obtener un título de FP que otorga el Ministerio de Educación, o un certificado de profesionalidad que concede el de Trabajo, podrán convalidar las materias que han acreditado y cursar sólo las restantes.
Según ambos ministros, con este procedimiento se incentivará a los trabajadores a “completar su formación”, y a “mejorar sus oportunidades laborales y de movilidad”. Ángel Gabilondo ha añadido que no se pretende favorecer la “titulitis”, sino facilitar la acreditación de la experiencia laboral que “mejora la calidad del empleo” y ofrece mayores alternativas profesionales. En este sentido, ha informado que “sólo el 0,1% de los doctores universitarios está en paro”. Por su parte, Valeriano Gómez ha afirmado que “queremos hacer un único sistema de formación profesional, que incluya las tres grandes formas de atender las situaciones diversas que existen en el mercado de trabajo: los jóvenes que inician su formación, los trabajadores que la quieren ir adaptando a lo largo de su vida profesional, y los desempleados que necesitan recualificarse”.
Los interesados podrán obtener más información sobre todo el proceso de acreditación de competencias en el portal “TodoFP ( www.educacion.es ) y en la “Redtrabaja@” del Servicio Público de Empleo Estatal ( www.redtrabaja.es ).