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Pese a las negativas previsiones iniciales, el Ministerio de Educación y la mayoría de las CC.AA. han anunciado su intención de convocar oposiciones a la función docente, aunque en muchos casos la oferta de plazas estará condicionada por los recortes impuestos por la crisis y los presupuestos.

La crisis también afecta a las ofertas de empleo docente

Los sindicatos consideran que las plazas previstas en las distintas convocatorias son insuficientes e inaceptables

Los sindicatos quieren que el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas convoquen oposiciones para acceder a la función docente, con una oferta de plazas que supere la cuota del 30% de reposición de bajas y jubilaciones establecida por los Presupuestos. Hasta el momento, Canarias y Castilla-La Mancha
mantienen su intención de convocarlas, mientras que Castilla y León, La Rioja y Murcia no han tomado una decisión definitiva, Asturias y Madrid han rectificado su negativa inicial, y el resto han anunciado unas ofertas de plazas muy dispares, entre las que destacan las 3.000 de Andalucía.

Madrid. G. A.
El Ministerio de Educación ha propuesto a los gobiernos autonómicos que convoquen en sus ofertas de empleo público el “mayor número” posible de plazas para profesores, “de acuerdo con la legislación vigente”. Los directores generales de Evaluación y Cooperación Territorial, Rosa Peñalver, y de Formación Profesional, Miguel Soler, han concretado esta petición en nombre del ministro durante la última reunión de la Comisión de Personal de la Conferencia Sectorial de Educación, en la que han estado presentes directores generales y responsables educativos y de personal de las Comunidades Autónomas.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2011, aprobados por el Parlamento, constituyen la legislación de referencia a la hora de convocar oposiciones a los cuerpos docentes, y establecen una cobertura máxima del 30%, como tasa de reposición de las vacantes generadas por jubilaciones y bajas laborales. Este tope, junto a los recortes presupuestarios originados por la crisis, han sido las razones esgrimidas inicialmente por algunas comunidades para anunciar su intención de no convocar plazas docentes públicas, alegando que serian “pocas” y a un coste “muy elevado”.
Tras la citada reunión de la Conferencia Sectorial, algunas comunidades como Madrid han rectificado su negativa inicial a no convocar oposiciones. Así, pocos días después de que la consejera de Educación madrileña, Lucía Figar anunciase que las próximas oposiciones en la región serían en 2012, debido a las “limitaciones presupuestarias” y con el fin de poder hacer una “amplia y buena convocatoria”, la propia presidenta Esperanza Aguirre anunciaba que convocarán de forma inminente plazas de Primaria, aunque sin cuantificar su número. En este sentido, los sindicatos han pedido que la posible oferta no baje de 2.200 plazas de maestros. También Asturias ha cambiado su postura inicial y el consejero de Educación del Principado, Herminio Sastre, ha anunciado que ofertarán unas 120 plazas de Educación Infantil y Primaria, cumpliendo con el cupo de reposición del 30%.

Previsiones

En el momento de cerrar esta información, se prevé la convocatoria de unas 3.000 plazas en Andalucía, 500 en Aragón, 150 en Baleares, 1.241 en Cataluña, 110 en la Comunidad Valenciana, 1.000 en Galicia, 147 en Navarra, y 1.515 en el País Vasco. Además, el Ministerio tiene previsto convocar 11 plazas para Ceuta y Melilla, ciudades que dependen de su ámbito de gestión. Por el contrario, Canarias y Castilla-La Mancha han reiterado que no van convocar oposiciones, mientras que Castilla y León, la Rioja y Murcia todavía no han tomado una decisión definitiva en ningún sentido y, aunque sin confirmar todavía, parece que Extremadura tiene la intención de cubrir “hasta” 239 plazas.
Ante la polémica e incertidumbre suscitadas por la convocatoria o no de oposiciones a los cuerpos docentes, el propio ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha manifestado que es necesario convocar nuevas plazas para el sistema educativo, “pero dentro de la legalidad” y a través de “la colaboración, la cooperación y la solidaridad entre las regiones que componen este país”. Ha admitido que estamos en “un momento de austeridad, pero no podemos aceptar que si pierda ni un solo talento”, porque la cultura y la educación son “la mejor política social para salir adelante, el mejor legado y futuro para nuestros jóvenes”. Por ello, ha vuelto a pedir a las comunidades que no tienen previsto convocar oposiciones y a las que aun tienen duras, que reconsideren sus posturas, con el fin de adoptar una posición común en el conjunto de España.

Rechazo sindical

De cualquier forma, los sindicatos ANPE, CSI-F, FE-CC.OO, FETE-UGT y STEs-i han rechazado los recortes previstos en las convocatorias de plazas docentes, y han exigido al Ministerio que “coordine la obligada oferta de empleo público en todos los territorios”. Y han pedido también a las administraciones educativas autonómicas que publiquen “amplias ofertas, desligándolas de la tasa de reposición del 30% de los efectivos y oferten, como mínimo, todas las vacantes reales y derivadas de las jubilaciones que se produzcan en 2011”.
Estas organizaciones han elaborado un comunicado conjunto, presentado por sus responsables educativos en rueda de prensa, en el que recuerdan que este año “se va a producir un elevado número de jubilaciones”, y acaba además el sistema transitorio de ingreso en la función pública docente, “diseñado para favorecer la integración como funcionarios de carrera del personal interino”, y reducir así las elevadas tasas de empleo temporal en el sector, superior al 20%. Por ello, consideran que es “totalmente incomprensible” e “inaceptable” que no se convoquen amplias ofertas de empleo público docente en todas las Comunidades Autónomas.
También insisten en que “la educación es esencial para el futuro de las sociedades, como se reconoce desde todos los ámbitos, por lo que es inadmisible que sufra constantes agresiones como esta última”. Creen que las consecuencias de los recortes en las ofertas de empleo pueden ser “muy negativas”, porque aumentará la precariedad laboral y “las elevadas tasas de interinidad generarán plantillas inestables”, imposibilitando hacer proyectos educativos a medio plazo y generando “graves problemas” a la gestión de los centros. Y advierten que “congelar o publicar una escasa oferta supone un retroceso en la calidad de la educación, y puede originar un conflicto social cuyo coste no estamos dispuestos a asumir”.