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Discrepancias en el ámbito educativo sobre
el anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato

Organizaciones de centros, asociaciones de padres y sindicatos toman posiciones enfrentadas ante la medida

Los centros de educación privada concertada apelan a la libertad de enseñanza y de elección de los padres para rechazar el anteproyecto del Gobierno para la Ley de Igualdad de Trato, mientras que los representantes de organizaciones nacionales de padres y las organizaciones sindicales discrepan en sus posiciones respecto a la iniciativa, aprobada por el Consejo de Ministros el viernes 14 de enero.

En el anteproyecto establece que los centros que excluyan del ingreso por razón de alguna de las causas establecidas en la norma
(entre ellas el sexo), no podrán acogerse a cualquier forma de financiación pública.

Madrid.
Las principales entidades de educación privada concertada apelan a la libertad de enseñanza y de elección de los padres, a sentencias judiciales y tratados internacionales para rechazar que se quiera impedir la financiación pública de los centros que eduquen de forma separada por sexos.
El artículo 16.2 del anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato establece que “en ningún caso, los centros educativos que excluyan del ingreso en los mismos a grupos o personas individuales por razón de alguna de las causas establecidas en esta ley (entre ellas el sexo), podrán acogerse a cualquier forma de financiación pública”.
En un comunicado, Escuelas Católicas (FERE-CECA y EyG) recuerda que ha promovido la coeducación en sus centros, aunque defiende la libertad de enseñanza como un derecho de la Constitución. “Los poderes públicos -se precisa en el comunicado- deben reconocer y garantizar los derechos establecidos en la Constitución, las leyes orgánicas y los tratados internacionales ratificados por España, y no pueden discriminar tanto a los centros que optan por un modelo pedagógico debidamente contrastado, como a las familias que lo eligen”, y se añade que “la educación diferenciada no es discriminatoria ni desde el punto de vista legal ni desde el jurídico"”, para terminar asegurando que tanto la Constitución como los tribunales Constitucional y Supremo “lo corroboran.
Además, cita una convención de la Unesco contra la discriminación educativa que niega, según Escuelas Católicas, que lo sea crear o mantener sistemas o establecimientos de enseñanza para alumnos y alumnas, siempre que se ofrezcan las mismas condiciones educativas a unos y otras.
La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) se expresa en términos similares en otra nota: “El anteproyecto es contrario a la libertad de creación y elección de centros garantizada por nuestra Constitución, imprescindible en un Estado democrático que se define por la pluralidad de opciones, también en el ámbito educativo”.
CECE agrega que la norma “incumple” la Directiva Europea de 13 de diciembre de 2004 sobre el Principio de Igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y suministros, que “reitera el carácter no discriminatorio de la educación diferenciada”.
Este modelo ha estado presente todo el periodo que lleva vigente la Constitución, explica CECE, y muchos de los centros que la aplican accedieron al régimen de conciertos a partir de 1985, cuando se fijó por ley este régimen de financiación pública de colegios privados.
La European Association single-sex Education (EASSE) de Catalunya ha arremetido contra el anteproyecto de la ley. En un comunicado, esta asociación de colegios ha acusado al Gobierno de redactar una ley que carece de fundamentos pedagógicos para responder exclusivamente a motivos ideológicos, lo que demuestra que el Ejecutivo “está más preocupado por limitar derechos e imponer un solo modelo educativo que no por mejorar los problemas de la enseñanza”.
La asociación ha argumentado que la enseñanza diferenciada no pretende separar a los niños, sino que busca adaptar los diferentes ritmos de aprendizaje para alcanzar una verdadera igualdad de oportunidades, lo que enriquece el abanico de posibilidades educativas de la sociedad.

Organizaciones de padres

Representantes de organizaciones nacionales de padres discrepan también sobre el anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato que establece en su artículo 16 que los centros que excluyan a personas por razón de sexo -entre otras- no podrán acogerse a la financiación pública, lo que podría afectar a los colegios que imparten una educación segregada.
Por una parte, el presidente de Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos y Padres de Familia (CONCAPA), Luis Carbonel, ha defendido que la educación diferenciada no es discriminatoria como se establece en algunas sentencias sino “una opción pedagógica más” y ha reiterado su “oposición” a la propuesta de igualdad de trato en cuanto a discriminación sexual. Carbonel ha resaltado que “esta medida, muy grave, supone un recorte en el derecho a la libertad de enseñanza” y, en esta línea, apuntó que “todo lo que sea restringir el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos es una pérdida de derechos”. La Confederación Católica de Padres de Alumnos entiende que no se puede privar a las familias del derecho a la gratuidad de la enseñanza por el hecho de elegir una opción pedagógica “legítima y amparada por la Constitución”.
Por el contrario, el presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), Pedro Rascón, ha aplaudido que la Ley de Igualdad de Trato contemple la exclusión de financiación pública de aquellos centros que no admitan a ciertas personas por razón de sexo pues, a su juicio, la educación diferenciada es “discriminatoria”, y ha precisado que CEAPA no entiende el concepto de escuelas segregadas por sexo y frente a esta idea, ha defendido la “coeducación” que, según destacó, es la que debe obtener los conciertos. “Hemos defendido siempre que con fondos públicos se debe mantener lo que expone la ley, la coeducación, lo que está en el espíritu de la LOE”, puntualizó Rascón.
A este respecto, el secretario general de CiU y presidente del Comité de Govern de UDC, Josep Antoni Duran, ha manifestado al respecto que denegar dinero público a las escuelas que segregan por sexo es anticonstitucional “y no es ninguna medida progresista”. y ha recordado que cuando CiU pactó la Ley Orgánica de Educación con el PSOE “ya se contemplaba financiar la educación segregada”. La propuesta de Pajín de no concertar este tipo de escuelas “discrimina a los padres que tienen el derecho a elegir el modelo que quieren para sus hijos”, ha señalado Duran, que ha resalatado que “estas decisiones son, en todo caso, competencias transferidas a la Generalitat”.

Respuesta sindical

La respuesta sindical al anteproyecto del Gobierno para la Ley de Igualdad de Trato ha sido desigual. Mientras que UGT y Comisiones Obreras aplauden que se pueda retirar la subvención pública a los centros educativos que segreguen por sexo, FSIE y USO consideran que esta es una medida “perjudicial que atenta contra la libertad de enseñanza”.
FETE-UGT reitera que los centros sostenidos con fondos públicos (concertados) no reciban financiación pública si separan al alumnado por sexo, pues eso significa “una segregación en las aulas”. En declaraciones a Europa Press, el secretario general de la Federación de Enseñanza de UGT (FETE-UGT), Carlos López Cortiñas, ha incidido en que si bien cada centro concertado “puede tener su ideario, como recibe dinero público no puede separar por sexos, ya que esta es una sociedad igualitaria y la educación debe poner las bases para que los ciudadanos tengan esos valores”. En su opinión, con el artículo 28 del texto que propone el Gobierno, según el cual "en ningún caso los centros educativos que excluyan del ingreso en los mismos a grupos o personas individuales por razón de alguna de las causas establecidas en la ley podrán acogerse a cualquier forma de financiación pública", se "da respuesta" a las demandas del sindicato.
Por su parte, el secretario general de la Federación Estatal de Enseñanza de CCOO, José Campos, se ha expresado “totalmente de acuerdo con esta medida” porque, en su opinión, “no se puede dar dinero público en conciertos o pagos delegados a colegios donde no se respete la igualdad en todos los sentidos”. Según ha indicado, tener recogido este principio en una ley general facilitará que los conciertos a centros que segreguen por sexo vayan desapareciendo porque “consejerías autonómicas de Educación como la de Extremadura o Andalucía han denunciado esta situación y muchas veces lo han ganado en los tribunales, y con la nueva norma, en su redactado actual, sería mucho más fácil”.
En este sentido, CC.OO en un comunicado pide al Gobierno “más concreción al borrador de la ley que prevé retirar el concierto a los centros que segreguen según el sexo” y se añade que “esperamos que no se quede en otra formulación legislativa con escasa plasmación en la realidad”. Asimismo, CC.OO afirma que “la escuela mixta se ha generalizado como una realidad incuestionable y un valor ligado a la igualdad de los sexos, a la democracia y a la integración”, y agrega que “en cualquier caso, con la LOE en la mano, resulta incomprensible que el Estado mantenga conciertos educativos con centros segregados”.
Por su parte, la Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera (FEUSO), rechaza la propuesta porque “la enseñanza diferenciada es totalmente legal, es una opción pedagógica admitida en otros muchos países con resultados satisfactorios y, en los centros que la practican, "no existe ninguna discriminación y se respeta lo aprobado por organismos nacionales e internacionales”. “No existe ningún argumento que no sea exclusivamente político para pretender negar el acceso a los conciertos de estos centros, muchos de ellos con muchos años de servicio a la comunidad educativa”, afirma FEUSO, para quien esta medida es “un intento de imponer un modelo único de escuela y causaría un perjuicio muy grave, no sólo a las familias y los alumnos, sino también a miles de profesores y del Personal de Administración y Servicios (PAS), que pueden ver cómo se pone en riesgo su estabilidad y futuro laboral”.
En esta línea, la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza (FSIE), considera que la iniciativa es “un ataque a la libertad de enseñanza” porque es contraria al derecho de los padres a elegir colegio para sus hijos de acuerdo a sus convicciones personales y recuerda que la Convención de la UNESCO contra la discriminación en las aulas establece que la educación diferenciada "no es discriminatoria".