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Los docentes gallegos también tendrán la condición de "autoridad pública"

El anteproyecto de Ley de Convivencia Escolar presentado por la Xunta regula por vez primera el acoso escolar

Madrid.
Los profesores gallegos tendrán condición de "autoridad pública" en los centros escolares según el borrador del anteproyecto de Ley de Convivencia y Participación de la comunidad escolar, presentado estos días por la Consellería de Educación de la Xunta. Esto significa que los docentes contarán con "protección jurídica" específica y con la "necesaria" presunción de veracidad para el  mantenimiento de la "disciplina" en el aula.

Galicia se suma, así, a Madrid y Valencia, únicas Comunidades Autónomas que han aprobado ya una ley para otorgar al profesorado la condición de autoridad pública. En la Rioja y Extremadura también hay textos en tramitación al respecto.
Aquellos centros escolares sostenidos con fondos públicos tendrán la facultad de regular la vestimenta de los alumnos en la Comunidad autónoma gallega. Sobre lo que no se ha pronunciado la Administración educativa autonómica es acerca de la utilización del velo islámico, por lo que su prohibición queda también en manos de los colegios.

Instrumentos jurídicos

Tal y como ha explicado el titular de Educación gallego, Jesús Vázquez Abad, el citado texto normativo tiene como objetivo "crear y reforzar" los instrumentos jurídicos que "permitan mantener un clima de convivencia a través de la restauración de ciertos valores y comportamientos" y "dignificar" la profesión docente. A su juicio, el objetivo es que los profesores vean "debidamente reconocida" su función, tanto por la sociedad como por los poderes públicos; y de que las aulas transcurran en "un ambiente de respeto mutuo".
Según se desprende del anteproyecto, en lo referente a vestimenta cada centro escolar gallego deberá contar con la aprobación previa del Consello Escolar, pero será el propio centro el que podrá determinar qué ropa "es o no acorde a su modelo educativo". De esta forma, podrá imponer un uniforme o establecer ciertas "pautas" sobre la ropa. El uniforme todavía no está implantado en ningún centro público de Galicia, tal y como ha admitido el propio conselleiro, pero ha asegurado que "muchas familias lo demandan".
Por lo que respecta al profesorado, entre las facultades que este texto normativo concede a los docentes está también la de requisar a los alumnos cualquier sustancia u objeto que porten y que no esté permitido por las normas del centro, como un teléfono móvil; o bien objetos que puedan resultar "peligrosos". Dentro de la vestimenta se incluye cuestiones que han suscitado polémica en otras comunidades autónomas, como el uso del velo islámico por sus alumnas musulmanas.
Las únicas regiones que han aprobado ya una ley para otorgar a la docencia la condición de "autoridad pública" son la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid. A ellas se suman ahora las iniciativas de La Rioja, Extremadura y Galicia, todavía en tramitación.

Conductas y castigos

En lo que se refiere a la lucha contra la violencia en el aula, el anteproyecto incorpora una clasificación de las conductas en "leves" y "graves", entre las que se incluyen agresiones; discriminaciones; vacío social; difusión de imágenes o información que atente contra el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; y, por primera vez en el plano legislativo español, el acoso escolar y el ciberacoso.
Para hacer frente a estas conductas, se establece la incorporación de protocolos para su prevención, detección y tratamiento a los planes de convivencia de los centros. La dirección del colegio o instituto podrá designar un responsable "personalizado" de atención a la víctima o la mediación profesional en función de la gravedad del caso. La realización de tareas en horario no lectivo, la suspensión de asistencias a determinadas actividades, como visitas guiadas o excursiones, la expulsión de cuatro a 15 días o el cambio de centro escolar, son algunos de los castigos contemplados en el texto.