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El Gobierno cree que los padres no tienen
el monopolio en la educación de sus hijos

El Supremo vuelve a rechazar la objeción de conciencia sobre EpC que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reconocía a los padres

La educación en las virtudes cívicas no debe considerarse un monopolio de los padres, según las alegaciones de la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional, contra un recurso de los padres que no quieren que su hija curse Educación para la Ciudadanía. Mientras tanto, el Supremo ha vuelto a rechazar el derecho a la objeción de conciencia sobre dicha asignatura que habían reconocido los tribunales superiores de Justicia de Andalucía y Castilla y León.
El Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre si los padres pueden o no oponerse a que sus hijos cursen la asignatura de EpC, después de que el Supremo les haya negado el derecho a la objeción de conciencia sobre la misma.

Madrid. G. A.
La Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, ha remitido al Tribunal Constitucional sus alegaciones contra el primer recurso de objeción de conciencia contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) que llega a esta instancia, planteado por los padres de una niña que estudiaba segundo de la ESO. Éstos consiguieron que el Tribunal Superior de Justicia De Castilla y León les reconociera el derecho a que su hija no cursara dicha disciplina, pero el Supremo anuló posteriormente esa sentencia, al igual que ha sucedido en Andalucía, y el caso llegó al Constitucional.
En sus alegaciones, la Abogacía del Estado rechaza que la educación en las virtudes cívicas deba considerarse un “monopolio” de los padres, pues si “éstos pueden y deben tener un importante papel en la formación de buenos ciudadanos, también la escuela ha de contribuir a ello”. Y añade que “la formación democrática de los ciudadanos dentro del sistema educativo es constitucionalmente imperativa”, y es “plenamente congruente” con la Constitución que la enseñanza de los principios democráticos y los derechos y libertades fundamentales sean objeto de una asignatura obligatoria”.

Dispensa

También considera que estos padres pretenden vincular su libertad religiosa e ideológica con el derecho a objetar, “a fin de lograr la dispensa para cursar una asignatura”. Advierte que “hoy la objeción recae sobre Educación para la Ciudadanía, y mañana podría objetarse la asignatura de Ciencias Naturales por la teoría de la evolución, incompatible con la letra del relato bíblico de la creación”, lo que, a su juicio, podría acabar con “cualquier sistema racional de enseñanza obligatoria”.
Los servicios jurídicos del Estado recuerdan asimismo que los padres impugnaron genéricamente los tres decretos que implantaron la EpC en Primaria, Secundaria y Bachillerato, mientras su hija cursaba segundo de la ESO, por lo que no pueden pretender objetar contra la asignatura en su totalidad. Además, aducen una posible colisión entre la libertad ideológica de los progenitores y los de la alumna, cuya objeción no consta, por lo que “no sabemos a ciencia cierta hasta qué punto los padres actúan en defensa de unas convicciones que la menor comparte o rechaza”. Y añaden que “la obligatoriedad de la enseñanza básica abarca a todo el currículo”.

Negar la idea del Estado

Además, apuntan que “la objeción de conciencia con carácter general, es decir, el derecho a ser eximido del cumplimiento de los deberes constitucionales o legales, por resultar contrario a las propias convicciones, no está reconocido ni cabe imaginar que lo estuviera en nuestro Derecho o en Derecho alguno, pues significaría la negación misma de la idea del Estado”. En definitiva, consideran que la libertad de conciencia no faculta para dejar “al albur de las propias convicciones” el cumplimiento de deberes impuestos por una norma jurídica. Porque “no cabría imaginar mayor inducción al más completo desorden público, que dejar al real o pretendido  criterio ideológico de sus destinatarios el cumplimiento de los deberes impuestos por la norma jurídica dictada por el legislador democrático”.
Por último, los abogados del Estado admiten que no puede descartarse el riesgo de que la reglamentación de una asignatura, así como las normas dictadas por las administraciones educativas, puedan llegar a violar la neutralidad ideológica. Pero afirman igualmente que, en dicho caso, “la reacción contra esa hipotética violación no puede ser el reconocimiento de un derecho a objetar que ni la Constitución ni la ley prevén”, sino la invalidación de ese acto a través del correspondiente recurso.

Nuevo rechazo

Mientras tanto, el Tribunal Supremo ha emitido una nueva sentencia en la que, por segunda vez consecutiva, anula un fallo previo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), y concluye que no existe un derecho “específico” a la objeción de conciencia con respecto a la asignatura de EpC. Y aunque también advierte que ello “no autoriza a la administración educativa, ni a los centros docentes ni a los concretos profesores, a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas”, deja sin efecto un dictamen del Tribunal andaluz, que reconocía a la madre de una menor el derecho a objetar contra dicha materia.
Esta sentencia, emitida el pasado 13 de diciembre por la Sala de lo Contencioso del Supremo, se suma a otra dictada por el mismo Tribunal el 11 de febrero de 2009, y confirma la validez de la resolución de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que, con fecha 18 de abril de 2008, denegaba a dicha madre la solicitud de objeción de conciencia con respecto a la asignatura de Epc. Esta decisión de la Junta fue recurrida por la representación jurídica de la madre de la niña ante el TSJA, quien le dio la razón en una sentencia difundida en 12 de noviembre de ese mismo año. Se apoyaba en jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el “alto grado de indefinición” de los contenidos de la controvertida asignatura, y en “el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que está de acuerdo con sus propias convicciones”.
El Tribunal Supremo ha anulado la sentencia del TSJA, y recuerda que en su anterior sentencia de febrero de 2009 estimaba los recursos de casación de la Junta de Andalucía, “al concluirse que la asignatura de EpC se ajustaba a Derecho y que el deber jurídico de cursarla había de reputarse jurídicamente válido, descartándose, a continuación, tanto la existencia de un derecho a la objeción de conciencia de alcance general como de un derecho a la objeción de conciencia constreñido al ámbito educativo”. También argumenta que el artículo 27.3 de la Constitución “no ampara el derecho a la objeción de conciencia frente a la asignatura, pues el precepto se refiere sólo a la educación religiosa y moral, no a materias ajenas a ella”. Y, al igual que entonces, concluye que “no existe un derecho específico a la objeción de conciencia en el ámbito educativo”.