Propuestas para la reforma de la enseñanza superior

El fracaso universitario en España puede llegar a costar 3.000 millones de euros al año, según un estudio de la Fundación Alternativas

Localismo, endogamia, mala financiación y deficiente sistema de gobierno, son los principa- les problemas de las universidades españolas, según los autores de un informe elaborado por la Fundación Alternativas. En él se muestran de acuerdo en admitir que el actual modelo de enseñanza universitaria está ya agotado y recla- man al Legislativo que tome medidas urgentes, puesto que no confían en que la Universidad sea capaz de reformarse a sí misma.

Los expertos proponen que los repetidores con medios económicos paguen hasta el
70% del coste real de sus estudios
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Madrid.M. GIRON
El 30% de los alumnos universitarios españoles abandonan la carrera a los dos años de empezar, y solo otro porcentaje similar la termina en los cuatro años previstos, lo cual puede llegar a suponer “un despilfarro” de 2.960 millones de euros anuales en las universidades públicas, según los datos del estudio “Propuestas para la reforma de la universidad española”, encargado por la Fundación Alternativas a un grupo de varios catedráticos, rectores y profesores de reconocido prestigio.
En este sentido, Juan José Dolado, catedrático de Economía de la Universidad “Carlos III”, señala que esa cantidad representa el 0’27 por ciento del PIB de 2008, aunque este sería el supuesto máximo, ya que algunos de estos estudiantes pueden “reengancharse” a los estudios. Por ello, entiende que si se reduce a la mitad el fracaso universitario se conseguiría ahorrar 700 millones de euros. Además, si esta cantidad se destina a becas, se alcanzaría la media de la UE (0’25%) en menos de tres años.

Grados de tres años

Para reducir el fracaso, Dolado también defiende los grados de tres años -en lugar de los cuatro establecidos en España-, para liberar a los alumnos de asignaturas “inservibles” que pueden trasladarse al postgrado, reduciendo, además, la necesidad de profesorado. Esta medida también atraería a más estudiantes extranjeros de países donde las titulaciones son de tres años, casi todos los de Espacio Europeo de Educación Superior.
Respecto a la financiación de la universidad pública el informe denuncia que es escasa y se asigna con independencia de su calidad. La mayor parte de sus recursos proviene de subvenciones de las comunidades autónomas, que equivalen a “becas implícitas” para todos los estudiantes, sin vinculación con su rendimiento académico ni con su situación económica.
En 2008, la transferencia media por estudiante fue de 5.864 euros, pero esta cantidad varía desde 8.354 euros en Navarra a 3.893 en Extremadura, lo que supone una diferencia de más del 100% entre las universidades mejor y peor financiadas. En este sentido, se aboga por una mayor libertad de las universidades en la fijación de las tasas ordinarias de matrícula y en la penalización por repetición.

Aumentar las tasas

Asimismo, el rector de la Universidad Carlos III y coordinador del informe, Daniel Peña, censura el sistema de las “tasas muy subvencionadas” que pagan los alumnos y propone que los repetidores con recursos económicos abonen hasta el 70% del coste real de los estudios. Además, se ha mostrado partidario de las “fusiones” entre las 50 universidades públicas existentes, lo que permitiría optimizar recursos y estrategias, pues con 35 de estos centros habría más que suficiente.
En relación con el sistema de gobernabilidad, el catedrático de Matemática Aplicada de la Universidad de Valladolid, Jesús María Sanz, lo ha calificado de “poco democrático” porque los grupos de presión tienen “demasiadas posibilidades” de intervenir y de condicionar la marcha de la universidad.
Por otro lado, algunos de los autores del informe proponen que los catedráticos de las universidades públicas renuncien a su puesto de funcionarios y opten por un contrato laboral, como principal medida para reformar la universidad española. De hecho, ya existe un movimiento dentro del cuerpo de catedráticos españoles que promueven la presentación de su dimisión al Ministerio de Educación, para lograr una reforma del sistema público universitario. “Es flexibilidad contractual. Algunos países como Finlandia ya han desfuncionarizado a todo su personal universitario”, ha explicado Dolado.

Campus de Excelencia

Respecto al Campus de Excelencia, se considera que ha supuesto “otro pequeño paso adelante” en la dirección correcta aunque, “su escasa duración y dotación económica”, unos 150 millones de euros en créditos blandos, no permiten ser demasiado “optimistas”.
Respecto a las universidades privadas, los autores no se muestran más satisfechos, representan un 11% del total de centros universitarios, y resultan ser “generalmente más mediocres que las públicas”, al contrario de lo que ocurre en educación primaria o secundaria. Consideran que, en la mayor parte de los casos, acogen al alumnado con medios económicos suficientes para pagar una matrícula de entre 6.000 y 10.000 euros anuales, pero que no tienen nota suficiente para acceder a las públicas.
Por todo lo anterior expuesto, solicitan al poder Legislativo que ejerza su potestad y aborde la reforma de las universidades de acuerdo a los tiempos que corren y a las necesidades y retos que estas tienen planteadas, asumiendo la dificultad de que dichos cambios puedan salir del seno de las propias universidades.

 

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