Los docentes rechazan el plan de ajuste

Los sindicatos de profesores se suman a la jornada de huelga
general
de empleados públicos para el 8 de junio

Los sindicatos de enseñanza han rechazado el plan de ajuste frente a la crisis anunciado por el Gobierno, especialmente los recortes retributivos para los funcionarios docentes y jubilados que, consideran, no han sido los causantes de dicha crisis. También recuerdan que en épocas de bonanza económica las retribuciones de los empleados públicos no han subido en la misma medida que en el sector privado. Por todo ello, han convocado diversas movilizaciones que, en principio, culminarán el próximo 8 de junio con una jornada de huelga.
Los sindicatos recuerdan que en épocas de bonanza las retribuciones en el sector público no han crecido en la misma medida. (Foto: Rafael Martínez)

Madrid. G. A.
El sindicato ANPE ha rechazado enérgicamente la decisión gubernamental de reducir el salario de los empleados públicos, por considerar que es “un ataque a los funcionarios y jubilados, que se convierten en principales paganos de una crisis económica de la que en modo alguno son responsables”. Y cree que “la mala gestión económica del Gobierno, que no fue capaz de prever dicha crisis ni de tomar medidas oportunas en su momento, le ha llevado ahora a adoptar medidas desproporcionadas e injustas contra los trabajadores y jubilados de la enseñanza pública, cuando aún no se han agotado todas las vías posibles para reducir el gran desfase que existe de déficit y controlar el gasto público”.
Según esta organización, “las medidas anunciadas por Zapatero son injustas para los profesores, que en épocas de bonanza económica han visto cómo su sueldo se mantenía siempre por debajo del IPC y que, por tanto, llevan décadas de congelación salarial y en los últimos diez años han perdido más del 20% del poder adquisitivo, anticipando así estas medidas de contención del gasto público en sus nóminas mensuales”. Por todo ello pide al gobierno que rectifique, y hace un llamamiento a los trabajadores de la enseñanza para que secunden las movilizaciones anunciadas, especialmente la jornada de huelga del próximo 8 de junio.

Inviabilidad

También la Comisión Ejecutiva Confederal de CC.OO ha reiterado su denuncia del plan de ajuste presentado por el Gobierno “por su inviabilidad, por ceder a la presión de los mercados financieros y por asestar un duro golpe a pensionistas, empleados públicos, personas dependientes y parados”. Considera que “es un plan antieconómico que reduce drásticamente la inversión pública, lo que contribuirá a prolongar los indicadores de la recesión y, en consecuencia, a desplazar la creación de empleo como objetivo central de la actividad económica”. Y cree que “vulnera aspectos fundamentales del diálogo social y de la actividad parlamentaria, y se dilapidan 15 años de consenso para garantizar el sistema público de pensiones a través del Pacto de Toledo”.
Desde la Federación de Enseñanza de este sindicato se recuerda que “los empleados públicos somos en su mayor parte la primera fila de la atención directa a la ciudadanía”, y nuestros gobernantes “pretenden convertirnos, una vez más, en el chivo expiatorio de esta crisis, cuando hemos sido las víctimas habituales de todas las crisis y, por el contrario, nuestros salarios no han crecido durante los años de bonanza económica en la misma medida que en el sector privado”. Frente a ello, afirma que la “vía más recomendable para salir de la crisis es una mayor inversión para aumentar la calidad de la enseñanza pública, luchar contra el abandono escolar, y potenciar de una vez por todas la Formación profesional y la educación a lo largo de la vida. Por ello, ha anunciado su apoyo a todas las movilizaciones convocadas.

Graves, injustas y evitables

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha rechazado las medidas anunciadas por el Gobierno, que ha calificado de “graves, injustas y evitables”. Considera que son “graves por incumplir el acuerdo de septiembre de 2009, que buscaba mejorar el servicio público que reciben los ciudadanos y donde ya aceptábamos una moderación salarial”. Cree que son “injustas porque, una vez más, se hace recaer sobre los empleados públicos las culpas y los costes de la crisis y de las políticas derrochadoras de todas las administraciones”. Y recuerda que muchos de esos trabajadores tienen salarios “que escasamente superan los 1.000 euros mensuales” y para los que “los años de bonanza económica nunca se han traducido en mejoras salariales”.
CSI-F afirma que los recortes anunciados son “evitables” y propone medidas alternativas, como “cesar al 90% de los miles y miles de asesores del Estado, de las comunidades, de las diputaciones y de los ayuntamientos, con unos sueldos que multiplican el de los empleados públicos y que no tienen ninguna responsabilidad en su labor”; O también “recortar el número de ministerios, de consejerías y direcciones generales del Estado en las comunidades autónomas y en las administraciones locales”. Además, plantea “acabar con los sueldos que cobran los políticos por pertenecer a los consejos de Administración de empresas públicas, que en muchos casos son el segundo o tercer salario que perciben”; y eliminar “los gastos suntuosos de las administraciones, viajes, coches, pseudoembajadas de comunidades, etc.”

Agresión sin precedentes

Las federaciones de Servicios Públicos y de Enseñanza de UGT (FSP y FETE) han convocado diversas movilizaciones para mostrar su rechazo a las medidas anunciadas por el Gobierno que, en su opinión, son “una agresión sin precedentes” y significan “el incumplimiento de un acuerdo en vigor que ya contemplaba el escenario económico de la crisis”. UGT ha propuesto a las demás fuerzas sindicales que se unan a una serie de movilizaciones, que se iniciaron el pasado 20 de mayo con concentraciones ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, y han continuado con recogidas de firmas de los comités de empresa, juntas y delegados de personal.
Además, se ha celebrado una concentración de delegados sindicales para protestar ante el Ministerio de Hacienda, y se ha convocado un paro general el día 8 de junio, al que están convocado todos los trabajadores públicos del país en diferentes sectores, desde la sanidad a la enseñanza, pasando por los servicios de emergencias, ayuntamientos, comunidades autónomas, organismos públicos, etc. Además, este sindicato advierte que realizará “cuantas movilizaciones sean necesarias, en consonancia con la evolución que tomen la posible aplicación de dichas medidas”.

Incapacidad

La Federación de Enseñanza de USO también se ha manifestado “totalmente en contra del drástico recorte de los derechos sociales” de los trabajadores de la educación, que contienen las medidas anunciadas por el Ejecutivo. Considera que la “crítica” situación de la economía española está provocada por “la incapacidad de un Gobierno errático que ha vivido conscientemente fuera de la realidad”, rechaza la forma en que se va a llevar a cabo ese recorte y denuncia que va a afectar a miles de docentes de todas las etapas en la enseñanza pública y en la concertada, “pues la supresión de las transitoriedades en el acceso a la Jubilación Parcial Anticipada supone cometer una agrave injusticia social con estos trabajadores”.
USO afirma igualmente que el anuncio de estas medidas “supone cortar de golpe cualquier posibilidad de llegar a acuerdos en el contexto del ya frustrado Pacto social y Político por la Educación”.Y cree que “resulta patético” que el Ministro quiera seguir adelante con sus objetivos “cuando el propio gobierno ha cercenado, como un hachazo, la más mínima posibilidad de alcanzar las principales mejoras para los trabajadores” que contenía el Documento final presentado por su Departamento, “como la prórroga de la Jubilación LOGSE y la apertura de negociaciones para cerrar el Estatuto Docente”.

 

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