La comunidad educativa pide más autonomía para los centros docentes

Los Consejos Escolares Autonómicos y del Estado reclaman evaluación interna y externa de alumnos, profesores y colegios

Los representantes de los Consejos Escolares Autonómicos y del Estado más autonomía pedagógica para los centros docentes a la hora de organizar los grupos o el currículo, según las conclusiones de un encuentro celebrado en Toledo. Además, consideran que dicha autonomía debe ir ligada a una evaluación interna y externa del alumnado, el profesorado, los equipos directivos, los proyectos y los propios colegios en su conjunto, para mejorar la calidad de la enseñanza.
El ministro Ángel Gabilondo con los representantes de los Consejos Escolares Autonómicos y del Estado antes de inaugurar en Toledo su XX Encuentro.

Madrid. G. A.
El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha inaugurado el XX Encuentro de Consejos Escolares Autonómicos y del Estado, que se ha celebrado recientemente en Toledo con la participación de más de 250 expertos en temas educativos junto a representantes de estos organismos, entre ellos miembros del Consejo Nacional de Educación de Portugal. Esta ha sido la primera vez que uno de estos encuentros se celebra en Castilla-La Mancha, y en esta ocasión se han dedicado las sesiones de trabajo a debatir sobre “La autonomía de los centros educativos como factor de calidad”.
La presidenta del organismo anfitrión, Pilar Calero, ha justificado dicho lema para este encuentro al afirmar que si bien cada consejo escolar cuenta con autonomía suficiente para fijar los reglamentos o estatutos por los que se rige su respectivo centro educativo, sería preferible que esa autonomía aumentara también en el ámbito pedagógico, especialmente respecto al currículo. Además, ha manifestado que “cuando un centro se puede organizar como considera que es mejor para él, los resultados son mejores”, como, en su opinión, lo demuestran estudios de la red europea Eurydice o de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Y ha dicho que también se justifica una mayor autonomía por la creciente “complejidad y heterogeneidad” de los centros.

Diagnóstico adecuado

Durante su intervención, el ministro Ángel Gabilondo ha destacado el trabajo realizado por los consejos escolares para realizar “un diagnóstico adecuado” de la situación de la educación en nuestro país, porque “han aportado realismo frente a otros análisis que están más vinculados a legítimos intereses políticos”. En su opinión, gracias a estos organismos su Ministerio tiene “una idea muy clara, muy realista y muy diversa de la pluralidad de voces que hay en nuestro sistema educativo, lo que nos ha ayudado a abordar algunas posibles medidas que tienen que ver con la propuesta de pacto que hemos hecho”.
En este sentido, ha asegurado ser “muy consciente” de las aportaciones realizadas desde la comunidad escolar para la mejora de nuestro sistema de enseñanza, y ha manifestado su esperanza en que éstas continúen, porque “necesitamos gente con coraje para responder a los retos del futuro, ya que la sociedad nos pide que respondamos a los desafíos que plantea la educación”. Sobre la frustrada propuesta para un pacto social y político impulsada por su Ministerio, ha declarado que no aspira a que todo el país tenga las mismas convicciones, pero ha insistido en que “no hay más camino que el acuerdo”, y ha pedido a todos los sectores implicados “que sepamos ver el futuro más allá de las próximas elecciones”. También ha advertido que aunque “invertir en educación es caro, no invertir en ella es carísimo social, económica y políticamente, sobre todo en tiempo de crisis”.

Política consensuada

Por su parte, el consejero de Presidencia de Castilla-La Mancha, José Valverde, ha recordado que la primera ley que promulgó el Gobierno regional tras asumir las competencias en educación fue la que regulaba la creación del Consejo Escolar autonómico, e inmediatamente después se realizó un “diagnóstico conjunto” para abordar el futuro de la enseñanza en la región. “Desde entonces -ha afirmado- hemos hecho de la participación un instrumento de gobierno y hemos desarrollado una política consensuada, para poder conseguir las cotas de calidad educativa que en estos momentos tenemos a todos los niveles”. Por ello, ha insistido que es “fundamental” llegar a un pacto a nivel de todo el Estado.
Los trabajos y actividades desarrollados durante este Encuentro se han plasmado en unas conclusiones, en las que los representantes de los Consejos Escolares Autonómicos y del Estado exigen al Gobierno y a las administraciones regionales que incrementen la autonomía para organizar los grupos y el currículo e impulsen acciones de innovación y mejora de los centros, lo que va ligado al aumento de la calidad de la enseñanza. Consideran que dicha autonomía debe entenderse como un “elemento dinamizador” de la vida de los colegios, de la responsabilidad y del esfuerzo en su “funcionamiento participativo”, y creen que el incremento de la autonomía debe hacerse de forma gradual, ya que implica un cambio profundo en las prácticas educativas tradicionales.

Rendir cuentas

También entienden que la autonomía es “inseparable” de la evaluación y la rendición de cuentas, y es “imprescindible” promover la cultura de la evaluación interna y externa del alumnado, del profesorado, de los equipos directivos, de los proyectos y de los centros escolares en su conjunto, “teniendo en cuenta las variables socioeconómicas y culturales como instrumento de mejora y de responsabilidad”. Opinan que las administraciones educativas deben informar a los centros sobre los indicadores que se emplearán en los procesos de evaluación. Y piden que los resultados de las evaluaciones externas se trasladen a los consejos escolares para su conocimiento, análisis y elaboración de los correspondientes planes de mejora.
Por último, los consejos escolares afirman en sus conclusiones que la participación de la comunidad educativa constituye un “factor clave” de calidad, que hace de la mayor autonomía un elemento “eficaz” de mejora. Por ello, quieren que se promueva la cooperación entre las familias y los centros docentes con la suscripción de acuerdos y compromisos recíprocos. Y exigen a las administraciones educativas que proporcionen los medios personales y materiales para responder a las necesidades detectadas, y al compromiso de evaluación de las actuaciones emprendidas.

 

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