La concertación de la enseñanza favorece la desigualdad social

Un estudio de la Fundación Alternativas revela que los centros concertados tienen mejores resultados académicos porque disponen de un alumnado “más selecto”

Un informe realizado por un equipo de profesores de Economía de la Universidad de Zaragoza para la Fundación Alternativas muestra que la existencia de los conciertos educativos “favorece la estratificación social” de los alumnos y la configuración de
un sistema “altamente segregado”, que determina el porvenir de los individuos.

Los datos indican que la titularidad y el modelo de gestión no constituyen elementos relevantes en el rendimiento escolar. (Foto: Rafael Martínez)

Madrid. M. GIRON
Al cumplirse 25 años del sistema de conciertos, sus aportaciones a la eficacia e igualdad educativas son “francamente pobres”, así lo consideran los profesores María Jesús Mancebón y Domingo Pérez, autores del estudio, que han analizado datos del informe PISA de 2006 para llevarlo a cabo. “La política de conciertos seguida en España constituye un ejemplo claro de ineficiencia económica y debería por ello ser seriamente revisada”, añaden.
El informe indica que los centros privados concertados no son más eficaces que los públicos, ya que sus mejores resultados académicos no se deben al modelo de gestión, sino a que disponen de un alumnado “más selecto” por las características socioeconómicas y culturales de las familias de las que proceden.
En referencia a la igualdad educativa, los autores mantienen que los conciertos no han logrado equiparar las oportunidades de elección de centro escolar de todas las familias, sino que han propiciado que las rentas medias-altas hayan abandonado la educación pública. A la vez, esta se ha convertido en receptora de los estudiantes más desfavorecidos. Además, señalan que esta “segregación” no tiene base racial o étnica, ya que el problema era previo a la llegada masiva de inmigrantes.

Equilibrar el alumnado

Este último hecho “tiene una importante implicación” desde la política educativa, en la medida que pone de manifiesto que los esfuerzos orientados a equilibrar la composición de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo en los centros públicos y concertados deben atender no solo al país de procedencia de los estudiantes, sino a su contexto sociocultural. De otra forma, “será difícil corregir las elevadas tasas de fracaso escolar existentes en España” las cuales se ubican de manera preferente en los alumnos pertenecientes a familias de clase socioeconómica baja. Por ello, los autores del estudio proponen articular mecanismos que eviten la concentración de alumnos de un mismo nivel socioeconómico, sean españoles o inmigrantes, en determinadas escuelas.
Otro dato del informe refleja que la capacidad de elección de las familias españoles en el ámbito educativo se ve muy limitada por la carencia de datos sobre los centros elegibles. El dar mayor peso que parece tener el “derecho al secreto estadístico” de las escuelas frente al “derecho a la información” de los padres “constituye un obstáculo para ejercer una elección informada en el ámbito educativo”. Además, estas carencias de información afectan especialmente a las familias de niveles socioculturales más bajos, ya que muchas de ellas no son conscientes, ni siquiera, de su derecho a elegir. A esto se añade el bajo valor que le atribuyen a los beneficios de la propia educación.

Información transparente

Ante esta situación, los autores realizan una segunda propuesta encaminada a difundir información sobre la actividad que se lleva a cabo en cada centro escolar (tipo de alumno mayoritario, resultados escolares obtenidos, perfil del profesorado, etc) y llevar a cabo campañas de concienciación pública sobre el valor de la educación en la promoción social de los individuos.
Otro de los aspectos que denuncia el estudio es la tendencia de los centros concertados a pedir cuotas por servicios no estrictamente escolares, las cuales pueden disuadir a las familias de menores recursos económicos. Esto se ve aumentado por la exigencia de los centros concertados de utilizar uniformes y material escolar determinados, que encarecen la escolarización de los alumnos. Ante esta situación, la propuesta del informe es establecer rigurosos controles sobre las exigencias que los centros concertados imponen a sus alumnos y crear comisiones locales de escolarización en las direcciones provinciales de Educación que gestionen directamente las solicitudes de escuela que realizan las familias.
Otra de las causas que influyen en la segregación educativa es la ubicación de los centros concertados en zonas habitadas por familias de renta media alta, unido al elevado peso que la zona de residencia tiene en los baremos que se utilizan para asignar plaza en los colegios financiados públicamente. Para paliar este efecto, se propone disminuir el peso del domicilio familiar en los baremos de plaza escolar y financiar el desplazamiento de los alumnos de renta baja a las escuelas alejadas de su domicilio.

Resultados académicos

Respecto a los resultados académicos, los datos indican que la titularidad y el modelo de gestión no constituyen elementos relevantes en el rendimiento escolar. Las diferencias más importantes en este campo vienen determinadas por cada escuela en particular y por el potencial académico de los alumnos, el cual, a su vez, viene marcado por la situación familiar. Tanto en el sector público como en el concertado existen buenas y malas escuelas, por lo que las políticas educativas de mejora deben dirigirse a los centros en particular y no a un sector concreto del sistema escolar. Por ello, los autores del estudio proponen una campaña informativa en los medios de comunicación al objeto de desacreditar la creencia generalizada de que la calidad de la enseñanza en los colegios concertados es superior a la de los públicos y, además, realizar inversiones en los aspectos que son percibidos por las familias como sinónimos de calidad escolar.

 

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