Educación y el CERMI impulsan la contratación pública de personas con discapacidad

Ambas instituciones firman un convenio de colaboración en el Año Europeo
de la Lucha contra la Exclusión Social

Madrid. M. GIRON
El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, y el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, han firmado un convenio de colaboración entre ambas instituciones  para  intro-

ducir un conjunto de prácticas administrativas que sirvan para fomentar la contratación pública y el empleo de personas con discapacidad en el MEC.
Durante la firma, Gabilondo destacó que su departamento priorizará en la contratación pública a “las empresas que tengan una política adecuada con la discapacidad”. En este sentido, también se ha comprometido a estudiar y respaldar las propuestas del sector de la discapacidad para intentar incorporarlas en el Pacto Educativo.
El ministro aseguró, además, que “este no es un acto de bondad ni de filantropía, sino de pura justicia social”. Añadió que “las personas con discapacidad corren más riesgo de exclusión social, por lo que este tipo de medidas contribuyen a la equidad social”.
Por su parte, el presidente del CERMI destacó que “uno de los más importante e innovadores métodos de trabajo en las administraciones es la dimensión social de la contratación pública”, es decir apoyar las políticas de contratación de personas con discapacidad a través de las compras de bienes y servicios de empresas socialmente responsables.
El acuerdo firmado supone, por tanto, un paso más en el establecimiento de políticas activas de inclusión social. Se trata del tercer convenio de estas características que se firma en el ámbito de la Administración General del Estado tras los suscritos por los ministerios de Defensa y de Fomento.

Grupo de trabajo

El desarrollo del convenio incluye la puesta en marcha de un grupo de trabajo integrado por representantes del Departamento y de CERMI que van a estudiar y a proponer medidas, prácticas y criterios que permitan una mayor incorporación de los trabajadores con discapacidad al mercado laboral. Este grupo de trabajo estará integrado paritariamente por miembros de ambas instituciones.
Por otra parte, se adoptan una serie de medidas de aplicación directa en la contratación administrativa que tendrán efectos inmediatos, entre otras, la exigencia a los empresarios que cuenten con 50 trabajadores o más de que acrediten el requisito legal de emplear al menos al 2% de trabajadores con discapacidad. También se incluye la utilización como criterio de desempate a empresas que tengan en su plantilla un porcentaje de personas con discapacidad superior al 2%.
Con esta y otras iniciativas que surjan del grupo de trabajo se persigue facilitar y favorecer una mejor y mayor contratación de personas con discapacidad. El convenio constituye una apuesta por la dimensión social de la contratación pública y se firma en el marco del Año Europeo de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Además, se pretende que sirva de ejemplo para que otros ministerios y administraciones públicas lo implementen en sus respectivos ámbitos de competencia.

 

El ministro de Educación, Angel Gabilondo, y el presidente de CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, durante la firma del convenio de colaboración. (Foto: Rafael Martínez)

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