Madrid. G. ARIANES
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT (FETE-UGT) ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas en todos los centros docentes españoles, para reclamar el mantenimiento de la jubilación anticipada y voluntaria a los 60 años, que contempla la Ley Orgánica de Educación (LOE) y cuya vigencia concluye en 2011. El secretario general de esta organización, Carlos López Cortiñas, ha manifestado en rueda de prensa que esperan conseguir al menos 200.000 firmas para apoyar esta petición que, en su opinión, se justifica en el hecho de que “la docencia conlleva un desgaste reconocido por los expertos”, y porque el adelanto en la jubilación favorece el rejuvenecimiento de las plantillas y el acceso “de un profesorado adaptado a los nuevos retos”.
FETE-UGT ha iniciado simultáneamente otras iniciativas similares pidiendo la reducción de las ratios, la generalización de la jornada continua y el reconocimiento de la consideración de autoridad pública para el profesorado. Considera que dicha disminución del número de alumnos por profesor contribuye a mejorar la atención a la diversidad, permite un tratamiento más individual y personalizado de los alumnos, ayuda a combatir el fracaso escolar e incrementa las plantillas en los colegios.

Racionalizar los horarios

También cree que, según demuestra la experiencia de algunas comunidades autónomas, la implantación generalizada de la jornada continua “racionaliza los horarios laborales”, para permitir una mejor conciliación familiar, ayuda a diferenciar el horario lectivo del escolar, potencia la autonomía de los centros y “es pedagógicamente más efectiva”. Según ha manifestado Carlos López, “hay que diferenciar entre el horario lectivo y el tiempo que los niños permanecen en el centro”, dedicando las mañanas (cuando mayor es el rendimiento de los alumnos) a impartir las materias del currículum, y las tardes a otro tipo de actividades a cargo de otros profesionales.
Para esta organización, el reconocimiento de la consideración de autoridad pública para los profesores “debe quedar recogida en el pacto por la educación sobre el que está trabajando el Ministerio y, por ello, debe ser reconocida nivel estatal”. Además, debe ser complementada con otras medidas, como “la incorporación en los centros de nuevos perfiles profesionales que ayuden en la tarea educativa, la dignificación de la labor docente por parte de la sociedad”, y la citada disminución de ratios.
En el contexto de dicho pacto escolar, FETE reclama un “estatuto que responda a las demandas del profesorado y que, como norma básica, incluya necesariamente una carrera docente que contemple una formación profesional bien retribuida, que reconozca la experiencia en la docencia y se base en la acreditación de trabajos realizados, y en la evaluación voluntaria de los procesos educativos”. En este sentido, el secretario general de esta organización ha recordado que los sindicatos han conseguido negociar una fórmula de acceso a la función docente que “ha reconocido la experiencia previa en el ámbito de la enseñanza, ha funcionado y ha servido para reducir considerablemente la precariedad laboral en el sector”.

Flexibilizar el currículum

Según FETE, el futuro pacto también debería “abordar las necesidades de la enseñanza postobliogatoria, dado que la tasa de abandono escolar entre los jóvenes de 18 a 24 años sigue siendo muy alta”. Por ello, plantea la posibilidad de realizar un Bachillerato en tres años, “con el fin de reorientar estos estudios de manera que se permita a un número mayor de alumnos alcanzar los objetivos de esta etapa, mediante una ordenación académica más adecuada”. Cree que hay tres posibles formas de hacerlo: transformar 4º de la ESO, aumentar un año al acabar segundo de Bachillerato o flexibilizar entre dos o tres años su currículum, “dependiendo del rendimiento escolar del alumnado”, aunque considera que esta flexibilización curricular sería la fórmula que “menos problemas generaría al sistema educativo”.
Este sindicato también advierte que es “imprescindible” la adopción de medidas que “potencien y flexibilicen” las enseñanzas de Formación Profesional, y dice que hay que regular y homologar los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPIs). Junto a todo ello, reclama la “implantación generalizada del tramo 0-3 años con carácter educativo”; el “refuerzo y reconocimiento” de las tutorías y la orientación para atender a la diversidad y a la compensación educativa; la incorporación a los colegios de nuevos perfiles profesionales (mediadores, trabajadores sociales, etc.); el “reparto homogéneo y real” de todo el alumnado con necesidades educativas especiales entre todos los centros sostenidos con fondos públicos”; y el incremento del gasto educativo hasta alcanzar el 7% del PIB.