El analizar el pacto por la educación, el autor de estas líneas, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, considera que primero es necesario un pacto social de la comunidad educativa, sobre el que posteriormente deberían trabajar todas las fuerzas políticas del arco parlamentario sin excepción, desde el absoluto respeto al mismo y llevándolo a normativa y a actuaciones concretas.

Un Pacto por la Educación
para lograr el éxito escolar de todo el alumnado

Pedro Rascón Macías
Presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres
y Madres de Alumnos (CEAPA)

URANTE tres años, desde 2004

hasta 2006, las organizaciones educativas realizamos un gran esfuerzo para alcanzar un pacto educativo en el proceso de elaboración y debate de la Ley Orgánica de Educación (LOE), obedeciendo a la demanda social de dar estabilidad al marco legislativo educativo, con independencia de los Gobiernos de turno.
En aquel momento, CEAPA ya advirtió de que la LOE era un texto de doble filo, que permitiría gobernar a administraciones educativas de distinto signo político. De hecho, tres años y medio después de la entrada en vigor de la LOE (en mayo de 2006), la experiencia demuestra que algunas CC.AA. han desarrollado una normativa dirigida a potenciar el espíritu de dicha ley e intentar así lograr el éxito educativo, formativo y personal de todo el alumnado, mientras otras CC.AA. han rozado los límites de la misma para contradecir su filosofía y desarrollar un modelo basado en la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), actualmente derogada, que apostaba por el éxito de sólo una parte del alumnado.
Para la elaboración y posterior aprobación de la LOE, las organizaciones educativas hicimos numerosas concesiones, a pesar de las cuales, el grupo parlamentario popular, en una decisión de estrategia política, votó en contra de esta ley, aun cuando sus contenidos, en líneas generales, bien podrían haber sido asumidos por el principal partido de la oposición.
En estos momentos, nos encontramos ante un nuevo escenario, tras el anuncio del ministro de Educación en su toma de posesión de alcanzar un pacto por la educación. Ese pacto se consumaría en tres mesas de diálogo: una con los grupos políticos en el Congreso de los Diputados (a través de la Comisión de Educación), otra en la Conferencia Sectorial de Educación con las comunidades autónomas, y la tercera con los agentes sociales y organizaciones educativas.
En primer lugar, entendemos que los pactos deben ser siempre previos al desarrollo de las leyes, y eso ya sucedió en el proceso previo de elaboración de la LOE, como hemos señalado más arriba. Por tanto, cualquier pacto que se realice ahora no debe ser para elaborar una nueva ley, sino para modificar o rehacer alguno de los desarrollos normativos, si el pacto así lo exige.
En segundo lugar, consideramos que para dar estabilidad al sistema educativo y mejorar la educación en nuestro país, es imprescindible alcanzar un verdadero pacto entre el Gobierno central y el de todas las Comunidades Autónomas, fundamentado en la lealtad institucional de los diferentes gobiernos autonómicos con el marco legislativo estatal.

Responsabilidad y lealtad

Lo mínimo que los padres y madres de alumnos y el conjunto de la ciudadanía podemos exigir de nuestras instituciones es que actúen con responsabilidad y lealtad, para afrontar los retos que nuestro sistema educativo tiene planteados, y que no utilicen las instituciones educativas como escenario para la lucha partidista.
En tercer lugar, creemos que primero es necesario un pacto social de la comunidad educativa, sobre el que posteriormente deberían trabajar todas las fuerzas políticas del arco parlamentario sin excepción, desde el absoluto respeto al mismo y llevándolo a normativa y a actuaciones concretas; es decir, consideramos que el pacto social debe ser previo al pacto político. Los partidos políticos han de representar a la ciudadanía, canalizar sus necesidades y resolver sus problemas; los partidos políticos no deben alcanzar acuerdos y legislar de espaldas a una ciudadanía, en gran medida representada por las organizaciones de la sociedad civil, ni pretender que ésta solamente acepte sus decisiones, en ocasiones adoptadas en el marco de determinadas estrategias políticas.
CEAPA no aceptará que la negociación parta de análisis sesgados del sistema educativo. No compartimos los análisis catastrofistas que los sectores más conservadores de la sociedad, con el apoyo de algunos medios de comunicación, han tratado de imponer en los últimos lustros, sobre el rendimiento académico del alumnado y la convivencia escolar, y que sitúan siempre a la LOGSE en el epicentro de las deficiencias del sistema educativo.
Queremos recordar que según el último informe de la OCDE “Panorama de la Educación 2009”, el 65% de los jóvenes entre 25 y 34 años ha completado la educación postobligatoria (bachillerato y FP de grado medio), lo que demuestra que nuestro país ha avanzado mucho en las últimas décadas, si tenemos en cuenta que hace treinta años sólo el 28% había finalizado estos estudios. En pocos años nuestro país ha evolucionado a mayor velocidad que otros y además logrando también una mayor equidad. Eso sí, no en todas las Comunidades Autónomas se ha evolucionado de igual forma, lo que deja claro que es la gestión del marco estatal la parte más importante del éxito del mismo, por lo que deberíamos fijar las críticas en primer lugar en dicha gestión. De hecho, con el mismo marco, algunas Comunidades Autónomas están ya en valores europeos y han recuperado casi todo el espacio que les distanciaba de los países más avanzados. No obstante, CEAPA cree que hay que redoblar los esfuerzos para alcanzar los objetivos que la Unión Europea se ha fijado para el 2010 en la llamada Estrategia de Lisboa.

Éxito escolar

Creemos que el Pacto por la Educación que quiere alcanzar el Ministerio debe contemplar tres parámetros, para lograr su consecución: 1º) la lucha por el éxito escolar de todo el alumnado; 2º) el papel de la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo; 3º) la función del Gobierno central como garante de la articulación de un sistema educativo común y, que a la vez, respete las peculiaridades de cada Comunidad Autónoma.
Recientemente, durante la celebración del VI Encuentro Estatal de CEAPA en Murcia, tuvimos la oportunidad de entregar al ministro Ángel Gabilondo un documento con la posición de CEAPA ante el pacto educativo, que contiene propuestas concretas para luchar por el éxito escolar de todo el alumnado.
Consideramos que hay que impulsar un ambicioso plan con la participación de Gobierno, CCAA y organizaciones educativas. En lugar de despistar a la sociedad con debates como la equiparación del profesorado con las fuerzas del orden público, nosotros queremos que se hable sobre cómo promover medidas concretas para que todos los alumnos logren el éxito escolar, como por ejemplo impulsar el aprendizaje de las competencias básicas y dejar de sobrecargar el currículum educativo; desarrollar políticas de conciliación de la vida laboral y familiar para facilitar la comunicación familia-escuela; reducir las ratios de alumnado por aula; lograr una mayor escolarización de 0 a 3 años, en una etapa única de 0 a 6 años, en la escuela pública y con un carácter plenamente educativo como mejor receta contra el fracaso escolar; extender a todos los centros educativos los programas de refuerzo educativo; incorporar nuevos perfiles profesionales a la escuela; reforzar la formación psicopedagógica del profesorado; facilitar la transición del alumnado de Primaria a Secundaria; reforzar las tutorías; atender a la diversidad del alumnado; reformar los tiempos escolares y el calendario lectivo para que se ajusten a las necesidades reales del alumnado en su proceso educativo; entre otros temas. Algunos de estos asuntos ya se están trabajando, otros llevan muchos años aparcados. En todo caso, esto implica concebir la educación como una inversión prioritaria, y no como un gasto que se debe producir con la crisis, y que ésta alcance el 7% del PIB.

Implicación de las familias

No debemos olvidar dentro de este apartado, que mejorar la formación de todo el alumnado requiere una mayor implicación de las familias en el ámbito escolar. Por ello, es necesario avanzar hacia la gestión democrática de los centros educativos y del sistema educativo en su conjunto. La participación debe pasar de ser un discurso retórico a ser una realidad incuestionable, donde las APAS y las organizaciones que las agrupan sean un verdadero e insustituible eslabón de la estructura educativa y una pieza fundamental de la comunidad educativa. Por ello, demandaremos un Real Decreto de Participación que impulse y regule la obligación que tienen las administraciones educativas, derivada del artículo 27 de la Constitución Española, de fomentar los cauces de participación de los padres y madres del alumnado y, en especial, su derecho de asociación reconocido en nuestro texto constitucional. El Real Decreto debe formar parte del pacto educativo y reconocer los derechos del movimiento asociativo de las APAS. Tendremos que volver a recordar cómo todos los estudios internacionales de prestigio relacionan la participación e implicación de las familias con el éxito escolar.
El segundo tema a abordar en el Pacto es el papel de la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo y la subsidiariedad de la escuela privada-concertada. Las políticas que las administraciones educativas desarrollen deben tener como objetivo prioritario la escuela pública. En este sentido, demandamos un incremento de la inversión en la escuela pública, pues esta red es la única que atiende a la responsabilidad social de escolarización de todo tipo de alumnado.
Muchas organizaciones educativas llevamos denunciando desde hace ya demasiados años que la mayoría de los centros privados-concertados incumple su obligación legal y social de escolarizar a todo tipo de alumnado. Al exigir a las familias diversos pagos, “donaciones” a supuestas fundaciones, uniformes, o alegar tener cubierta la ratio, entre otras barreras y argucias, estos colegios, generalmente de ideario católico, se quitan de en medio al alumnado con bajo rendimiento académico, con necesidades educativas especiales o a los hijos e hijas de trabajadores inmigrantes. Con esta selección ilegal del alumnado, permitida por el Gobierno central y por las Comunidades Autónomas durante ya demasiados años, se acelera la tendencia hacia la dualización, hacia una escuela pública dirigida hacia las clases más desfavorecidas y una escuela concertada para las clases altas y medias-altas.

Desregulación de los mercados

Esta tendencia se puede observar en distintas comunidades autónomas, pero en especial en la Comunidad de Madrid, dirigida por políticos situados en la vanguardia del neoliberalismo y en el ámbito de la FAES (la fundación de ideas que dirige el ex presidente del Gobierno, José María Aznar). Ya se observa cómo otras comunidades siguen la estela de Madrid. Cuando una tozuda realidad, bien argumentada por sociólogos y economistas de reconocido prestigio, demuestra que la grave crisis económica que padecemos ha sido causada por la desregulación de los mercados y por el principio neocon de “cuanto menos estado mejor”, estos grupos que tocan poder en algunas administraciones autonómicas siguen abogando por una menor presencia del Estado en el sistema educativo. Su agenda es deteriorar el sistema público, desgastarlo, para que prendan mejor los argumentos a favor de la gestión privada. Mientras, muchas otras administraciones progresistas asisten con pasividad a esta tendencia del pensamiento y no actúan con un modelo claro de escuela pública.
Mientras en España sufrimos una propensión hacia posiciones anacrónicas ya superadas (y más tras el estallido de la crisis económica), en España el 33% del alumnado está escolarizado en centros privados, la mayoría concertados. Nada que ver con lo que sucede en la mayoría de los países de la Unión Europea, donde la escuela privada apenas cuenta con el 10% del alumnado. En Finlandia (país que encabeza siempre las clasificaciones de la OCDE), Noruega, Suecia, Dinamarca, Suiza, Alemania o Austria el 95% estudia en centros públicos; estos son los países donde los jóvenes salen mejor formados y que siempre encabezan las clasificaciones internacionales de calidad educativa. Sus gobiernos se vuelcan en la fortaleza del sector público educativo.
Ante esta realidad, en CEAPA demandamos una regulación estatal clara del acceso a los conciertos, para que los centros privados cumplan con todas y cada una de sus obligaciones o, de lo contrario, pierdan de forma real todos sus derechos en materia de financiación pública y el concierto del que gozan. Igualmente, proponemos impulsar en las CC.AA. normativas de escolarización que impidan la selección del alumnado por parte de los centros educativos. Esta normativa debería garantizar la adecuada planificación general de la enseñanza y una escolarización equilibrada del alumnado entre todos los centros sostenidos con fondos públicos.
También se debería impedir el acceso a un concierto educativo a cualquier centro privado que no haya iniciado su actividad educativa, entendiendo por esto, la puesta en marcha de sus actividades lectivas con el inicio del primer curso escolar en dicho centro, condición previa indispensable para que pueda solicitar su acceso al sistema de conciertos. Se evitarían así episodios protagonizados en los últimos tiempos por gobiernos autonómicos que, incluso antes de que los colegios hayan sido construidos, ya les han prometido el concierto, o han cedido de manera gratuita suelo público para la creación o ampliación de centros educativos privados. El proceso de toma de estas decisiones suele estar exento de la transparencia necesaria, lo cual da lugar a sospechas sobre corrupción o, cuanto menos, “amiguismo”, lo que no beneficia en nada a la Administración Pública y a su credibilidad, tan importante para la salud del sistema democrático.

Supervisión

En todo caso, para que no suceda lo de todos los años y sigan perpetuándose ilegalidades por parte de muchos centros concertados, queremos que el cumplimiento de esta normativa sea supervisada por la inspección educativa. No obstante, pediremos la suspensión cautelar de la concesión de nuevos conciertos hasta que no se realice un estudio pormenorizado de todas las zonas de escolarización y se garanticen plazas suficientes para la escolarización plena del alumnado en la escuela pública en todas y cada una de ellas.
El tercer asunto a contemplar en el Pacto es la función del Gobierno central como garante de la articulación de un sistema educativo común y, que a la vez, respete las peculiaridades de cada Comunidad Autónoma y de la cohesión social, para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, independientemente de la comunidad autónoma donde residan, mediante una educación de calidad y equidad. Esto implica la sujeción de las Comunidades Autónomas al marco legislativo estatal, para impedir la existencia de situaciones muy dispares y garantizar un sistema educativo con igualdad de derechos y oportunidades en todo el territorio estatal, así como el mantenimiento y el desarrollo real y efectivo de las competencias estatales.
Por ello el papel del Ministerio de Educación en el proceso de diálogo debe ser principal y no secundario, debiendo dar respuesta a la posición de la comunidad educativa y trasladarla a los grupos políticos y a las Comunidades Autónomas, para que estos la plasmen en sus acuerdos y en los desarrollos normativos necesarios.
Para concluir, consideramos lógico pensar que no será posible llegar a un acuerdo sobre todos los puntos que planteamos, pero hay cuestiones básicas que deberán quedar reflejadas en el pacto, y sobre las que CEAPA está dispuesta a dialogar y alcanzar un consenso, sin que ello deba entenderse como la posibilidad de que nuestra organización pueda plantearse la renuncia a sus señas de identidad. Ninguna organización estará dispuesta a ello, pero un acuerdo es posible, si es que hay verdadera voluntad por todas las partes.

 

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