Nicolás Fernández Guisado
Presidente nacional de ANPE

Educación planteó de manera informal en un programa de radio, la extensión de la obligatoriedad de la enseñanza hasta los dieciocho años. Esta propuesta ha sorprendido a la comunidad educativa en pleno proceso de diálogo llegar a un pacto político y social por la educación y cuando el propio ministerio acaba de presentar un documento de bases para el pacto. La posibilidad de extender la enseñanza obligatoria hasta los dieciocho años, tal vez fundamentada en necesidades del mercado laboral, constituye, frente a cualquier otra consideración, el reconocimiento implícito de que el sistema educativo español necesita una reforma profunda.
El pacto de Estado por la Educación debe partir, precisamente, del reconocimiento de esta necesidad. Para que sea verdaderamente efectivo, el diálogo que lo sustente deberá emplear la visión de futuro, el interés real por mejorar la calidad de la enseñanza, y el valor para modificar lo que no funciona actualmente, que es mucho. Cuando se habla, por ejemplo, de priorizar la estabilidad, se debe entender que vamos a trabajar por un sistema educativo tan bien estructurado que merezca la estabilidad, y no que vamos a mantener estables los paradigmas caducos, por el puro empecinamiento en no cambiarlos. Por eso, parece llegado el momento de concretar ya las propuestas para poder llevar a cabo un debate serio y global.

Punto de partida

Tenemos un buen punto de partida: el artículo 27 de la Constitución, verdadero pilar del Pacto de Estado, para desde ahí impulsar un acuerdo básico que permita conseguir una educación de calidad buscando la equidad que nos equipare con los países más avanzados de nuestro entorno. Desde este punto de partida, será necesario evitar las discusiones estériles y abordar las prioridades que en nuestra opinión son:
-La vertebración y cohesión del sistema educativo. La transferencia de las competencias educativas a las comunidades autónomas no exime al Estado de definir los principios y contenidos básicos comunes para todos y de garantizar la cohesión del sistema educativo. Estos principios básicos afectan tanto a los contenidos curriculares como al derecho de los ciudadanos a hacer compatible el conocimiento y uso del castellano con las demás lenguas vernáculas, y también a la regulación de los cuerpos docentes.
-El modelo y estructura del sistema educativo. El Pacto deberá revisar el modelo pedagógico actual, que ha permanecido inamovible desde hace más de 20 años. El aprendizaje comprensivo no ha funcionado. Sólo una escuela pública de calidad excelente, en la que se obtenga el máximo rendimiento de cada alumno y se le exija un esfuerzo para lograrlo, puede compensar las desigualdades socioeconómicas y garantizar el principio de igualdad de oportunidades. Es preciso un cambio hacia parámetros de calidad basados en la valoración del conocimiento, la exigencia en el aprendizaje, la evaluación rigurosa y el esfuerzo. Desde ANPE hemos reiterado hasta la saciedad que es imprescindible aumentar el peso de las materias instrumentales -lectura, escritura y matemáticas- en la Enseñanza Primaria. También es hora de que nos atrevamos a modificar la estructura actual de la Secundaria para que responda mejor a los intereses y capacidades de los alumnos. Debemos prestigiar como merece la Formación Profesional, para hacer frente a la competencia internacional con la mejor capacitación de los trabajadores. El déficit de titulados de FP exige un impulso responsable de las administraciones educativas y requiere un diseño actualizado de la oferta formativa y un aumento real de las plazas ofertadas a los alumnos.
-Es necesario además ampliar en un año más el Bachillerato. ANPE ha venido demandando en las sucesivas reformas educativas la necesidad de establecer un Bachillerato de tres años, porque el actual no garantiza la preparación suficiente a los futuros estudiantes universitarios.
-La financiación de la enseñanza. Debe existir un compromiso para destinar a educación, al menos, un 6% del PIB.
-La situación del profesorado. Debemos acordar medidas de reconocimiento, apoyo y valoración de la tarea docente, que no queden en meras declaraciones de intenciones. En este impulso es prioritario un Estatuto del Profesorado que defina un modelo de función pública docente compatible con la articulación de políticas autonómicas de recursos humanos, que al mismo tiempo constituya un marco básico para los docentes de todo el Estado, manteniendo el carácter estatal de los cuerpos docentes y respetando la singularidad de los ámbitos de las comunidades, que contemple el desarrollo de una auténtica carrera profesional desde el ingreso hasta la jubilación, así como la articulación de medidas que devuelvan la autoridad al docente, dignifiquen la figura del profesor, le devuelvan su valoración social y hagan más atractiva la profesión docente para los titulados universitarios.
-El funcionamiento de los centros. Necesitamos desarrollar el principio de autonomía pedagógica y organizativa de los centros y diseñar un nuevo marco de la función directiva más profesionalizada, regular la participación y la convivencia en los centros, así como asegurar el equilibrio en la escolarización en todos los centros sostenidos con fondos públicos y dotar a la enseñanza pública de los medios y recursos necesarios para hacer verdaderamente posible el derecho a la libertad de elección de centros.
-La coordinación y cooperación entre todas las administraciones educativas es fundamental para atender a la programación general y a la ordenación territorial de la educación dentro de la unidad básica del sistema educativo.
Son cuestiones complejas, indudablemente, pero es necesario alcanzar un consenso sobre ellas si verdaderamente queremos sacar a la educación de la confrontación ideológica permanente.