Madrid. R.CALLEJA/G.ARIANES
Según fuentes ministeriales, se va a constituir una mesa social, en la que estarán representados sindicatos, organizaciones, asociaciones de padres y centros de enseñanza. Además, esta mesa estará muy vinculada al Consejo Escolar del Estado, máximo órgano consultivo de la enseñanza no universitaria.
En una primera fase de contactos, Ángel Gabilondo presentó a los distintos grupos un documento de bases. Mientras que en Bachillerato se analizará la estructura y duración y su relación con la educación obligatoria, en Formación Profesional se plantean acciones y programas que faciliten la permanencia de los alumnos dentro del sistema educativo, además de promover una mayor relación entre esa formación, la universidad y las empresas, vinculada con el desarrollo local y territorial. Para lograr una mayor flexibilidad educativa, se apuesta por un sistema que permita el reconocimiento y la acreditación de la formación, la pluralidad de vías de acceso y una mayor permeabilidad entre las distintas etapas y entre la educación y el mercado laboral. Así como, se propone un compromiso colectivo para alcanzar una inversión educativa en 2015 de un porcentaje del PIB equivalente a la de los países europeos.

Colaboración

El ministro de Educación ha pedido la colaboración y el esfuerzo a todos los partidos con representación parlamentaria, agentes sociales y representantes de padres y alumnos para alcanzar este pacto, necesario para “la estabilidad normativa”, lo que requiere “tener la voluntad de acuerdo y un pacto con el partido mayoritario de la oposición”. No obstante, precisa que “tenemos que poner por delante lo que nos es común y buscar fórmulas para estar a la altura de la voluntad de los ciudadanos”, ya que “si no somos capaces de responder a sus demandas, entonces no mereceremos estar en los puestos en los que estamos”.
De igual modo, Ángel Gabilondo y Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, han coincidido en la necesidad de que el pacto se incluya en la agenda de la próxima Conferencia de Presidentes. Herrera manifestó que su comunidad “apoya sin reserva y de forma desinteresada” el pacto y aseguró que es fundamental darle a la educación “estabilidad y certidumbre”, ya que es “la clave de la construcción de una sociedad mejor”. También afirmó que la sociedad sostenible del futuro se basa en la educación y sólo a través de ella se podrá salir de la crisis económica, social y de valores. Por su parte, el ministro de Educación señaló que “la educación está en el corazón de la nueva economía y sin educación no habrá transformación social" e insistió en que el pacto educativo está vinculado al pacto social y debe incluirse esta materia en el debate sobre el nuevo modelo productivo.

Autonomía

Por su parte, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) ha expresado su disposición a colaborar con el Ministerio para alcanzar “un gran pacto social por la educación, que se traduzca en respeto, libertad y ayuda, tal como lo contempla el artículo 27 de la Constitución Española”. También reclama que debe “dotarse a la escuela de autonomía y garantizarse en todo el Estado la libertad de elección por parte de las familias” y valora como necesario que “los docentes recuperen la autoridad y prestigio que justamente les pertenecen”, además de “fortalecer el trabajo en equipo vinculado siempre al proyecto educativo de cada centro”.
En relación con las negociaciones, Eva Almunia ha revelado que “las expectativas son buenas; todo el mundo tiene ganas de entrar en las cuestiones que unen más que en las que separan, siendo conscientes de que habrá cosas en las que no nos pondremos de acuerdo. Por lo tanto, vamos a dejarlas ahí aparcadas y vamos a avanzar en lo que nos une”. Dentro del debate sobre el pacto, la secretaria de Estado de Educación ha precisado que la posibilidad de implantar una enseñanza obligatoria hasta los 18 años, mencionada por el ministro, es una “reflexión” y que, desde su Departamento, “tienen que pensar qué tipo de medidas” se aplican en el sistema educativo para que en 2020-2025 un 85 o 90% de los jóvenes españoles tenga la “formación adecuada” para incorporarse a un mercado laboral mucho más competitivo.

Vertebración educativa

Por otra parte, la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT (FETE-UGT) ha elaborado un documento, presentado por su secretario general Carlos López Cortiñas, en el que se recogen las propuestas de esta organización para el pacto educativo. Un pacto que, ha advertido, “sólo será posible con un acuerdo previo de mínimos entre el PSOE y el PP, los dos partidos con capacidad y posibilidad de gobernar”. Y también si ambas formaciones políticas “se ponen de acuerdo en que haya una lealtad institucional entre las administraciones que tienen capacidad de gestión en el tema de educación”, si se consigue avanzar en los presupuestos educativos “hasta llegar a la media de la Unión Europea” y, en definitiva, si el futuro acuerdo “lleva implícito el compromiso de no cambiar las leyes cada vez que un partido distinto llega al Gobierno”.
Según FETE-UGT, el Ministerio de Educación debe llevar a cabo una “política de vertebración educativa” en el seno de la Conferencia Sectorial, ya que “es allí donde se deben marcar las prioridades en la política legislativa mediante convenios con las comunidades autónomas”. Este sindicato recuerda que “invertir en educación es invertir en futuro” y, por ello, advierte que “es preciso garantizar la financiación pública del sistema de enseñanza a través de mecanismos que estén por encima de la alternancia política, y de las discusiones anuales de los Presupuestos Generales del Estado”. En consecuencia, considera que hay que “alcanzar un mínimo del 7% del PIB como gasto educativo público”.

Servicio público

Este sindicato cree que “la educación ha de ser concebida como un servicio público, y la programación de la misma se ha de realizar tanto en la red de centros públicos como en los privados concertados”. Reconoce que “en nuestra sociedad están consolidadas las dos”, pero considera asimismo que “se ha de exigir que ambas tengan las mismas responsabilidades y obligaciones para dar ese servicio público”. Además, afirma que el futuro pacto “debe fijar como objetivo prioritario acabar con el abandono escolar, poniendo además en valor a la Formación Profesional al relacionarla con el modelo productivo en un momento de crisis económica”.
Los últimos informes confirman que el 30% de los escolares españoles abandonan el sistema una vez finalizada la ESO. Por eso, FETE-UGT dice que “es imprescindible implantar medidas de atención a la diversidad desde la Educación Infantil, para prevenir las dificultades de aprendizaje tan pronto como se detecten”. Para combatir el fracaso escolar propone la reducción de las ratios, la “distribución homogénea, efectiva y real de todo el alumnado con necesidades educativas entre todos los centros sostenidos con fondos públicos”; y un aumento de las horas de tutorías y de las plantillas en los equipos de orientación en todas las etapas. Y todo ello adoptando a la vez medidas que potencien la FP, incluyendo las contempladas en la “hoja de ruta” presentada conjuntamente el curso pasado por los ministerios de Educación y de Trabajo.

Bachillerato de tres años

Además, esta organización reclama la “implantación generalizada” del primer ciclo (0-3 años) de la Educación Infantil, con “carácter educativo gratuito y con una oferta pública suficiente”. También plantea la posibilidad de que los estudios de Bachillerato se cursen en tres años en régimen ordinario, como en la mayoría de los países de la UE, para “permitir que un mayor número de alumnos puedan alcanzar los objetivos de esta etapa mediante una ordenación académica más adecuada de estas enseñanzas”.
Finalmente, FETE-UGT cree que las condiciones laborales y profesionales de los trabajadores de la enseñanza han de ser “básicamente iguales” en todo el Estado. Por ello, considera prioritario que el futuro pacto aborde también la negociación de un Estatuto Docente, “que debe incluir necesariamente una carrera profesional basada en la acreditación de los méritos realizados, y la consolidación del actual sistema de jubilación voluntaria”.