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JULIA
FERNÁNDEZ
Sentencia:
la depuración. Que condicionó millones de vidas individuales y familiares,
constituyendo, junto a la represión y el exilio, una de las consecuencias
más dolorosas y prolongadas de la dictadura franquista. De carácter universal,
ya que apartaba a todos los funcionarios de un servicio por “presunción
de culpabilidad generalizada”; y de extenuante ejercicio, ya que no despareció
hasta la promulgación de las normas de indulto y amnistía promulgadas
entre 1975 y 1977.
Condenados:
los funcionarios, por pertenecer a los partidos o sindicatos que habían
funcionado libremente durante el período republicano.
En la atmósfera
que abre la Ley de la Memoria Histórica, donde existe el derecho
y la necesidad de restaurar la dignidad de quienes sufrieron persecución
durante la guerra y el franquismo como consecuencia de sus ideas o de
su implicación social o política, esta colectiva reflexión titulada La
depuración de funcionarios bajo la dictadura franquista (1936-1975),
resumen de las aportaciones que bajo la dirección de la catedrática de
Historia, Josefina Cuesta, realizaron una veintena de especialistas en
un encuentro organizado por la Fundación Largo Caballero en la
Universidad de Salamanca, trae a nuestra sociedad sin miedo y con rigor
los extensos procesos de depuración que afectaron durante décadas a miles
y miles de españoles, privándoles de su trabajo, de la única fuente de
sustento que poseían , de sus carreras como profesionales o, en suma,
de la posibilidad de aportar a sus familias un medio económico para la
supervivencia.
Formación
ideológica
Con
una introducción firmada por la directora del proyecto Josefina Cuesta,
donde expone el sentido de la experiencia y lo esencial de las aportaciones,
comienza este recorrido de 342 páginas por los fundamentos jurídicos de
las depuraciones, por la depuración en los cuerpos de la
Administración del Estado y en los servicios públicos: de la enseñanza;
de jueces y docentes; de funcionarios del Ministerio de Hacienda, de Agricultura
y del Cuerpo Diplomático; de ferroviarios; de trabajadores de Correos
y telégrafos; y por, finalmente, las peculiaridades del proceso según
el ámbito geográfico. El cierre se realiza con una doble bibliografía,
una específica comentada, la dedicada por Wenceslao Álvarez Oblanca
a las publicaciones relativas a la depuración de profesores de segunda
enseñanza, y una general, que recoge los títulos citados a lo largo de
las páginas.
De entre todos
ellos, el dedicado a la enseñanza sobresale en número de apartados y autorías,
dada la suma importancia que para los postulados franquistas tendría el
sector docente: si la escuela iba a ser el instrumento fundamental para
adoctrinar, era necesario tener el control absoluto de quienes eran los
mediadores/profesores.
En su artículo,
Sara Ramos Zamora, historiadora de la Universidad
Complutense de Madrid, una de las autoras que, en La depuración de
funcionarios bajo la dictadura franquista (1936-1975), expone
la situación que se produjo en primera enseñanza, describiendo así el
proceso: “Todos los docentes fueron separados de sus puestos de trabajo
al objeto de ser estudiados para su reingreso en el cargo que venían desempeñando
antes de la Guerra Civil. (...)Las Comisiones podían articular un conjunto de
acusaciones referentes al comportamiento de los maestros y maestras a
través de un pliego de cargos del que, en el plazo de unos diez días,
los docentes debían defenderse con un pliego de descargos al que solían
adjuntar cualquier documentación o aval acreditativo que desvirtuase tales
acusaciones. Con todos estos informes y avales la Comisión Depuradora Provincial determinaba
una propuesta de resolución del expediente de depuración acordando si
el maestro o maestra debía ser rehabilitado en el cargo o, por el contrario,
castigado con alguna de las sanciones previstas, que podían ir desde la
suspensión temporal de empleo y sueldo hasta la sanción más grave, la
separación definitiva del servicio y baja en el escalafón.”
Una
investigación avanzada
Aunque
aún se desconoce con rotundidad cuál fue el mapa depurativo del magisterio
primario en España el resultado de las investigaciones que se recogen
en el estudio da entre un 24 o 25 por ciento de maestros y maestras expulsados
y obligados a subsistir sin enseñar.
Más hombres
que mujeres sancionadas, algunas provincias especialmente castigadas,
“evoluciones ideológicas” presionadas y alentadas… son otros datos significativos
que se aportan de un panorama, el del magisterio, que ha sido especialmente
investigado desde hace décadas.
No ha ocurrido
así con las enseñanzas secundarias y la universitaria, en las que escasamente
se ha investigado las consecuencias que produjo este proceso de depuración.
Olegario Negrín
Fajardo, profesor de la Universidad Nacional a Distancia, recoge
en su escrito los avances que se están realizando en el conocimiento del
proceso depurativo en secundaria en provincias como Asturias, León y Canarias,
y resume todas las sanciones que están documentadas en las distintas regiones
españolas. Andalucía es la que aparece con un mayor número absoluto de
profesores depurados, sancionados con la separación del cargo o pérdida
del escalafón, a la que sigue Cataluña y Castilla la Nueva.
La Universidad
de Sevilla, depurada en los orígenes del conflicto civil, entre julio
y diciembre de 1936, y el caso concreto de las facultades de la Universidad de Valencia, abordados en
los ensayos de Juan Luis Rubio Mayoral y de María Fernanda Mancebo, cierran
el estudio específico sobre educación que entrega el volumen.
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