Rodríguez Zapatero: “Los aspectos ideológicos deben quedar aparcados para alcanzar un pacto en educación”

El presidente del Gobierno considera que el acuerdo debe contemplar la reducción
del fracaso escolar, la mejora de la FP, una educación accesible a todos y situar nuestras universidades entre las mejores de Europa

Durante este mes de noviembre, Ángel Gabilondo reanuda la negociación del Pacto por la Educación, con el fin de desarrollar la metodología de trabajo, a través de la creación de una mesa autonómica, política y social. Por otra parte, el Congreso de los Diputados ha rechazado la proposición de ley sobre la autoridad del profesor, presentada por el PP.

Madrid. R.C.
El Gobierno pretende que el Pacto de Estado por la Educación tenga un extenso recorrido político y legal y no se circunscriba a un acuerdo puntual, manifestó José Luis Rodríguez Zapatero en el Congreso de los Diputados. Ante una pregunta del portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, el presidente del Gobierno ha precisado que el acuerdo debe durar “más de una legislatura” y relegar “las cuestiones de carácter ideológico” para centrarse en una serie de asuntos fundamentales, que permitan dotar de estabilidad al sistema educativo español. Asimismo, ha insistido que el esperado acuerdo debe extenderse más allá de un “ciclo político”, por lo que ha pedido a los partidos políticos “grandeza, altura de miras y generosidad” para “superar nuestras diferencias” y alcanzar un pacto, en el que queden aparcados los aspectos meramente ideológicos, para poner el enfoque en las “reformas, acuerdos e impulsos que hagan nuestra educación más productiva”, al tiempo que se pueda generar “más formación de calidad para hacer una gran aportación a la economía del país”.

Líneas de actuación

Para Rodríguez Zapatero, el acuerdo debe centrarse en cuatro aspectos fundamentales: la reducción del fracaso escolar, la mejora de la Formación Profesional, una educación accesible a todos que reconozca el papel de los enseñantes y situar a algunas de nuestras universidades entre las mejores de Europa. También subrayó que el ministro de Educación está haciendo una “gran esfuerzo de diálogo” con las fuerzas políticas. “Espero que entre todos tengamos el acierto de lograr ese gran acuerdo por la educación”, afirmó.
Ante los representantes parlamentarios, precisó que “se trata de un proyecto fundamental para nuestro país y para su futuro” e hizo hincapié en que “nuestro grado y evolución en la educación general del país será determinante para nuestro bienestar, crecimiento y desarrollo y mucho más cuando hemos de abordar un periodo de gran esfuerzo colectivo para la recuperación económica”. Además, subrayó que no va a tratar “bajo ningún concepto, de limar o menoscabar competencias autonómicas”.

Documento base

Por otro lado, el ministro de Educación ha hecho entrega de un documento base para el acuerdo a los representantes de los grupos políticos en el Congreso y el Senado. En este mes de noviembre, Ángel Gabilondo mantendrá una segunda ronda de contactos, una vez que se hayan recibido las propuestas de los grupos parlamentarios al documento base. El titular de Educación se había marcado como plazo finales de diciembre para comprobar la viabilidad del pacto. En palabras de Gabilondo, “el Pacto por la Educación progresa adecuadamente, gracias a la voluntad general que se desprende tras concluir la primera ronda de conversaciones con todos los grupos implicados en su creación”, aunque pronosticó que “pasará por altibajos en el futuro” a consecuencia de las divergencias que previsiblemente surgirán en el transcurso de las negociaciones.
“Hay una voluntad general de pacto, porque existe la constancia de la necesidad de llegar a un acuerdo. Aún así, queda un largo camino por recorrer”, reconoció. “Después de un primer contacto con todos los consejeros autonómicos, asociaciones de padres y estudiantes, sindicatos, agrupaciones de profesores y con los diversos grupos parlamentarios, podemos decir que ese primer paso está prácticamente culminado”, no obstante anticipó iniciará un segundo turno de contactos para desarrollar la metodología de trabajo, a través de la configuración de una mesa autonómica, política y social”.

Respuesta del PP

Por su parte, Mariano Rajoy ha exigido que el pacto por la Educación no se quede “al final en meras palabras” y apoya la necesidad de mejorar la formación y la educación, porque es “esencial” para poder competir con garantías de futuro. En opinión del presidente del PP, una mejor educación supone una inversión en el futuro de las personas y de la propia administración y también afirmó que el modelo actual “no funciona” como ponen de manifiesto las tasas de abandono escolar.
En un comunicado, la Comisión Nacional de Educación del  Partido Popular señala que es “el momento de profundizar en las diferentes propuestas” para lo que reclama de manera urgente que exista unidad de criterio entre el Gobierno y el PSOE, tras el análisis pormenorizado de la oferta de pacto educativo por parte de Ángel Gabilondo a Dolores de Cospedal, secretaria general del PP. “Cualquier iniciativa para la mejora del sistema educativo tiene que partir de la disposición del Gobierno para cambiar el actual modelo educativo que impera en nuestro país desde hace más de 20 años”, precisa este texto y afirma que este pacto pase “necesariamente por un sistema educativo vertebrado y vertebrador, que facilite la igualdad de oportunidades a padres, alumnos y profesores con independencia de la comunidad autónoma en la que vivan”.

Autoridad pública

En otro orden de cosas, los principales grupos parlamentarios han rechazado la proposición de ley, presentada por el Grupo Popular, que modificaba la Ley Orgánica de Educación (LOE) para considerar a los profesores como autoridad pública en el ejercicio de sus funciones. El PSOE, CiU y PNV consideran inoportuna la propuesta, porque “es un asunto que debería abordarse en el marco del pacto educativo”. El representante del PP, Juan Antonio Gómez Trinidad, hizo referencia a que la LOE resalta el papel de los profesores como motor de la actividad de los centros y que contempla la función docente como “factor esencial de la educación”, por lo que es indispensable “el reconocimiento social al profesorado y el apoyo a su tarea”. También señaló que este apoyo y reconocimiento han sido reclamados por los sindicatos y que España es el país de la OCDE “donde más ha descendido la valoración social de la educación y la profesión docente, una tendencia que debe invertirse”.

Reacciones

En este sentido se han manifestado sindicatos y asociaciones de profesores, lamentando el rechazo del Congreso a la proposición de ley del PP. Para la presidenta de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Isabel Bazo, esta medida resulta “imprescindible”, aunque debería extenderse a toda España y a todos los profesores. “No es justo que se centre sólo en la autoridad de los profesionales de los centros públicos, por el simple hecho de que sean funcionarios”, afirmó.
Mientras la secretaria de comunicación del sindicato ANPE, Carmen Guaita, confía en que la iniciativa salga adelante próximamente con el desarrollo de las negociaciones del pacto, el secretario general federal de FETE-UGT, Carlos López, respalda este rechazo, pues considera que el PP debería presentar la medida en el entorno del pacto y no someterlo al debate parlamentario de forma parcial y desagregada.
Paralelamente, el presidente de la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (CEAPA), Pedro Rascón, opina que dotar de autoridad pública a los profesores enrarecería el ambiente de las aulas. En esta línea, Carmen Maestro, presidenta del Consejo Escolar del Estado asegura que reconocer al docente como autoridad pública no es la solución para la problemática que tiene este colectivo y precisó que el problema de la función docente “es complejo” y cifrar en esta propuesta la solución del profesorado es erróneo.
En un comunicado, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) lamenta la oportunidad perdida de haber sacado adelante la proposición de ley y especifica que no es la única medida para conseguir el respeto de los alumnos, pero constituye una medida urgente que debería haberse adoptado en una situación de emergencia educativa.  

 

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