La escuela debate sobre el estatus del docente

La propuesta de la Comunidad de Madrid de promulgar una ley para otorgar a los profesores el rango de autoridad pública genera una amplia controversia en la comunidad educativa

La posible promulgación de una ley que otorgue a los funcionarios docentes de la Comunidad de Madrid la consideración de autoridad pública, ha originado un intenso debate entre los grupos políticos y las organizaciones más representativas del sistema educativo. Todos creen que hay que fomentar el respeto hacia la figura del profesor pero algunos, como el ministro de Educación, consideran que el tema debe contemplarse en un Pacto político y social que llegue al Parlamento e implique también a padres y alumnos.

Las principales organizaciones creen que el reconocimiento de la autoridad y el respeto a los profesores debe extenderse también a los de la escuela concertada y la privada. (Foto: Rafael Martínez)

Madrid. G. A.
La presidenta de la comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, tiene la intención de promover la aprobación de una nueva ley, por la que se concederá a “todos los funcionarios docentes de Primaria y de Secundaria la condición de autoridad pública”, según ha anunciado durante el reciente Debate del Estado de la Región. En su opinión, “es necesario recuperar en la escuela la autoridad del profesor, que no está al mismo nivel que los alumnos y es el que tiene la obligación, porque ha ganado unas oposiciones y ha sido nombrado para ello, de hacer algo tan importante y tan trascendente como transmitir a los niños los conocimientos y valores que están previstos. Y para ello necesita un respaldo”.
Por eso, el Gobierno autonómico va a enviar a la Asamblea un proyecto de “Ley de Autoridad del Profesor”, para darle un mayor “respaldo moral” y para investirle de “un estatus superior al que en este momento tiene y que, sin ninguna duda, han tenido en otros tiempos los maestros y catedráticos de instituto”. Según Esperanza Aguirre, los docentes son “víctimas” dentro de los colegios, y ha llegado el momento del “restaurar en las escuelas el estudio y el aprendizaje, especialmente cuando el ambiente es de indisciplina y cuando los profesores pasan más de un tercio del tiempo de clase pidiendo silencio”.

Infundir respeto

La presidenta regional no descarta tampoco la posibilidad de elevar la mesa de los docentes sobre un estrado para infundir respeto a los alumnos, porque, “como consecuencia de leyes educativas socialistas, a mi juicio equivocadas, se dio orden de poner a todos al mismo nivel y eso es una de las cosas que creo que hay que cambiar”. Todo ello iría acompañado de la “presunción de veracidad”, de forma que en un careo originado por un conflicto entre alumnos y profesores, prevalecería la palabra de estos últimos. Además, ha anunciado que se otorgará a los equipos directivos de los centros “la responsabilidad del mantenimiento del orden” en sus instalaciones, compensando con una subida de retribuciones a los jefes de estudio y secretarios.
El Gobierno madrileño quiere también que “las familias se impliquen más en el cumplimiento de las normas” establecidas en el Decreto de convivencia de 2007 (entre ellas la prohibición de usar el teléfono móvil en las clases), para lo que pedirá a los directores que envíen a los padres dichas normas por escrito, para que las devuelvan firmadas en señal de aceptación. El cualquier caso, estas iniciativas van en la línea de otra proposición de Ley que el Grupo Popular presentó el pasado 1 de julio en el Congreso de los Diputados para modificar en este sentido la actual Ley Orgánica de Educación, y que podría debatirse a partir del mes de octubre.

Polémica

Aunque esta iniciativa del Gobierno regional se refiere inicialmente sólo a los docentes de los centros públicos, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, David Pérez, ha asegurado que se van a “buscar fórmulas” para extender la futura Ley a “todo el sector escolar”, porque “no tiene sentido hacer excepciones y los profesores en su conjunto, trabajen donde trabajen, hacen una función fundamental”. Por su parte, el portavoz de PSOE en la Cámara Baja, José Antonio Alonso, ha dicho que conceder el rango de autoridad pública al profesorado “es una competencia del Estado” si se pretende que tenga efectos penales, pues la reforma del Código Penal no depende de una comunidad, sino que se aprueba en las Cortes Generales.
Además, el secretario general del PSOE-PSM, Tomás Gómez, ha insistido en que la autoridad del profesor ya está legislada, y ha dicho que hay que apostar por una Ley integral que recoja también el “esfuerzo del alumno” y no lanzar “fuegos artificiales”. Ha aclarado que la idea de reforzar la autoridad del profesor “como principio y como valor” es compartida por los socialistas “y por el 90% o más de la sociedad”, y ha advertido que “se trata de algo muy difícil de abordar por la masificación en las aulas, por la falta de recursos y profesores y por la falta de instalaciones”.

Los derechos de todos

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, se ha comprometido a trabajar por el reconocimiento de la autoridad del profesor, que “debe tenerla”. Pero también ha manifestado que le “hubiera gustado más” si la iniciativa de la presidenta madrileña se hubiera incorporado al Pacto social y político que está impulsando su Departamento para, “junto a otras medidas”, conseguir “el respeto, el reconocimiento de la autoridad moral de quien enseña y la atención a los legítimos derechos de los estudiantes, profesores y padres de manera integral”.
El ministro ha afirmado que cree en los pactos educativos y trabaja por ellos, porque es donde “deberíamos decidir qué hacemos con el esfuerzo, con la exigencia, con el sentido de la autoridad”, que no deben depender “sólo una decisión política”, sino que también hay que tener en cuenta a los padres y a las comunidades educativas. Y ha añadido que “yo no soy pendenciero con estas cosas, soy más amigo de encontrar soluciones integrales que no sean sólo medidas de dotar de autoridad sin más, sino que también haya medidas sociales que atiendan cuál es la situación general, no sólo la autoridad en las escuelas, sino en todos los contextos en los que vivimos”.

Consecuencias

Ángel Gabilondo ha dicho que “no seré tan frívolo como para descalificar una propuesta que, supongo, está llena de buena intención, pero creo que ha de hacerse con mucho cuidado para ver cuáles son las competencias de la Comunidad de Madrid para algo como dotar de autoridad a los profesores, como los jueces o los inspectores de Sanidad, y hay que ver las consecuencias penales que pueda tener”. También se ha referido las posibles complicaciones desde el punto de vista administrativo, ya que los profesores de la escuela pública son funcionarios, muchos de ellos del Estado, “y las competencias en estos asuntos son complejas”.
Según la respuesta a una pregunta sobre esta cuestión realizada por el diputado popular Alfonso Alonso durante una sesión de control del Gobierno, Gabilondo considera “primordial reforzar la autoridad del profesor, pero para ello apuesta por reflexionar “tanto en la comunidad educativa como en la sociedad”. En concreto, el ministro de Educación apunta que la reflexión sobre el sentido de la autoridad en una sociedad democrática, tenemos que hacerla como sociedad "con las fuerzas políticas y también con la comunidad educativa". Por ello apuesta por hacer "un diagnóstico de lo que pasa en las aulas y fuera de ellas, en las familias y en las calles", ya que la falta de autoridad "no es sólo un problema escolar". También ha señalado que el Gobierno tiene como una de sus prioridades "otorgar el máximo apoyo a los profesores" y por eso "tenemos el compromiso de poner la base para las mejores condiciones de su trabajo y su promoción".
El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, ha respaldado la iniciativa de la presidenta madrileña, y ha insistido en la necesidad de reconocer “claramente la autoridad del profesor, tanto por parte de los alumnos como por parte de algunos padres que, en ocasiones, no valoran el importante papel que juegan los profesores en la sociedad y, de forma particular, en la educación de los menores”. Ha dicho que la promulgación de esa Ley ayudará de “manera definitiva” a que disminuyan las agresiones, presiones o amenazas que sufren, cada vez más, los docentes, ya que cualquier conducta de este tipo ya no se solventaría en el ámbito escolar sino en el judicial, y en este sentido puede resultar muy disuasorio”. Y ha reiterado la importancia de que los padres eduquen a sus hijos en el respeto a los profesores.

Debate nacional

Sin embargo, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, considera que la propuesta de Esperanza Aguirre “es buena en principio pero está mal encaminada”, ya que no ha surgido de un debate nacional. En su opinión, “está claro que existe una falta de autoridad en el ámbito del profesorado”, y lo que hay que otorgarle “con urgencia” a esta profesión es “prestigio”. Un prestigio que, cree, significa “autoridad con respeto” y se alejaría de cualquier “concepción o huella que pueda quedar del pasado tan repudiable en el que los profesores acostumbraban a usar técnicas disciplinarias para asegurarse el respeto de sus alumnos”. En cualquier caso, entiende que este tema “no puede ser objeto de medidas ubicadas o sectorializadas”, sino que debe ser el resultado de “un gran debate que culmine en el Parlamento, y en el que estén implicados todos los sectores de la enseñanza, fuerzas políticas, profesores, padres y alumnos”.
El sindicato ANPE, ha reivindicado durante los últimos años “el reconocimiento de la condición de autoridad pública del docente en el ejercicio de su función”, ha alertado sobre “el progresivo deterioro de la convivencia en los centros”, y ha puesto en marcha su servicio “El Defensor del Profesor”. Ahora insiste en que “la sociedad debe valorar la autoridad que emana de la propia dignidad del trabajo docente, y debe reconocer la autoridad magistral del profesor y el respeto que se debe a sus decisiones académicas”, porque dicha autoridad, como la de los padres, “es un hecho básico de la relación educativa que proviene de la responsabilidad que el docente tiene sobre sus alumnos, y no tiene nada que ver con la arbitrariedad ni el autoritarismo”.

Concienciar a los padres

También la Federación de Enseñanza de CC.OO cree que “el profesorado necesita el respaldo decidido a incondicional de las administraciones”, y también “es imprescindible” concienciar a los padres de la importancia de respetar a los docentes y su función. Pero también avisa que “la convivencia en los centros educativos es un asunto de toda la comunicad escolar”, y una cuestión “tan importante como la autoridad del profesor en la clase debe tratarse en un foro de carácter estatal”. Y ha pedido a las administraciones educativas que respondan “con contundencia y rapidez a cualquier tipo de agresión física o moral” a los enseñantes, y que doten a los centros de más “recursos humanos y materiales”, que reduzcan las ratios profesor/alumno y favorezcan la atención a la diversidad del alumnado.
El Sector Nacional de Enseñanza de CSI-F considera “positiva” esta medida, “que venimos reclamando desde hace mucho tiempo y que ahora apoyamos como uno de los requisitos para aumentar la calidad del sistema educativo”. Esta organización lleva tiempo denunciando que “uno de los principales problemas de las aulas españolas es la violencia de baja intensidad”, y está convivencia de que la consideración de autoridad pública para los docentes ayudará a resolver ese problema. Por ello, cree que la iniciativa de la Comunidad de Madrid “debe ser imitada por otras administraciones educativas”, e ir acompañada de planes específicos para concienciar a los alumnos y sensibilizar a los padres.

Incluir a la escuela concertada

La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT (FETE-UGT) afirma que hablar de violencia escolar a principios de curso es “desviar los verdaderos problemas que tiene la enseñanza pública en Madrid”, principalmente escasez de inversiones por parte de la Administración autonómica. Considera que “la autoridad del profesorado es algo que se tiene que ir conquistando con el día a día”, y advierte que “la autoridad no sirve para resolver un problema más extenso, en el que han de participar también las familias”. Denuncia que pueden quedar al margen los docentes de la enseñanza concertada, y dice que para mejorar el “clima escolar” hay que adoptar medidas como incorporar en los centros de nuevas figuras profesionales (educadores sociales, mediadores socioculturales, etc.), ampliar las plantillas y la red de orientación, y formar a los componentes de la comunidad educativa en la resolución de conflictos.
La Federación de Enseñanza de USO ha manifestado su satisfacción por esta iniciativa de la Comunidad madrileña, porque “es necesario devolver las atribuciones disciplinarias a los profesores y recuperar el poder decisorio del claustro”. Pero también destaca que “no queremos distinciones, la nueva Ley debe extenderse a todos, no sólo al profesorado de la enseñanza pública sino también al de la concertada y privada, porque la función docente es la misma, independientemente de donde esté ejerciendo su actividad”.

Otras medidas

La CONCAPA (Confederación de padres católicos) se felicita “por esta medida positiva”, ya que “se refuerza la autoridad y respeto hacia los docentes”, aunque añade que “sería preciso que abarcase a todo el profesorado, y no sólo a la escuela pública”. Cree que “la política de Zapatero ha profundizado más en el deterioro de la educación española, a la que ha perjudicado al imprimirle un notable carácter ideológico, además de ramplón en la exigencia y mediocre en los contenidos”. Pide que el refuerzo de la autoridad del docente vaya acompañado de medidas como “conciliación y formación” para las familias”, y propone “un Pacto político y social que permita a cada uno de los agentes educativos arrimar el hombro para solucionar este problema”.
Por el contrario, la Confederación laica de padres CEAPA, considera “inaceptable otorgar la condición legal de autoridad pública al profesorado, de la misma manera que los policías y otras fuerzas del orden público”, y cree que esa autoridad de los docentes en la escuela, como la de los padres, “no se impone por decreto, sino que se gana con el trabajo y el ejemplo día a día”. Añade que los profesores no deben desarrollar su trabajo “con métodos trasnochados fundamentados en el autoritarismo y el miedo de los alumnos”. Aboga por el establecimiento de “normas concisas, consensuadas y transparentes de convivencia en el centro, para todos los miembros de la comunidad educativa”. Y reclama políticas de conciliación de la vida laboral y familiar; reforzar las tutorías; crear equipos de mediación, reforzar la formación psicopedagógica de los profesores, y promover la participación de las familias y en las actividades de los centros.

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