ANPE pide que se reconozca legalmente a los docentes la condición de autoridad pública

Según este sindicato los insultos y la falta de respeto afectan ya al 19% de los profesores de la Comunidad de Madrid

ANPE-Madrid ha vuelto a pedir la consideración legal de autoridad pública para los docentes mientras realizan su función, de forma que las agresiones que sufran por parte de los alumnos o sus padres sean consideradas como delito en vez de falta, y no salgan “gratis”. Este sindicato ha presentado el último informe del Defensor del Profesor en la Comunidad madrileña, en el que se constata que los casos de insultos y falta de respeto de los estudiantes a sus profesores han aumentado un 7% este curso con respecto al anterior, afectando al 19% del colectivo.

Madrid. G. A.
ANPE-Madrid y el Defensor del profesor, servicio promovido por este sindicato en noviembre de 2005, han hecho un balance público de su campaña para conseguir la consideración de autoridad pública para los docentes. Se trata de una reivindicación histórica de esta organización sindical que, pese a que ha sido contemplada en pronunciamientos del Fiscal General del Estado, de los fiscales jefes de los tribunales superiores de Justicia de Madrid y de Cataluña y en diversas sentencias de jueces y tribunales, va seguir defendiendo porque considera “imprescindible seguir avanzando hasta alcanzar su expreso reconocimiento legal”.
Durante los últimos años, ANPE ha advertido sobre “el alarmante deterioro de la convivencia en los centros docentes y el incremento de la violencia escolar, que muestran la dimensión de un fracaso educativo, social y ético sin precedentes”. Ha promovido diversas iniciativas para combatir este problema, y ha reclamado “medidas urgentes” basadas en la atención preferente a las víctimas de acoso y violencia, en la modificación inmediata de las normas de convivencia, y en el reconocimiento de la condición de “autoridad pública” para los profesores mientras están desempeñando su labor. Por todo ello, ANPE inicio en noviembre de 2008 en todo el Estado la citada campaña “.
Por el reconocimiento de la autoridad pública del docente en el ejercicio de su función”, que ha tenido una especial acogida entre el profesorado de la Comunidad de Madrid, y en la que ha participado activamente su sindicato regional. Además, ANPE-Madrid ha presentado en la sesión Plenaria del Consejo escolar de esta comunidad una enmienda sobre dicho reconocimiento, aprobada por la práctica totalidad de los consejeros.

Conflictividad

ANPE-Madrid también ha difundido los resultados del último informe del Defensor del Profesor en la Región, en el que se comparan los datos derivados de las llamadas recibidas en el mismo durante los seis primeros meses del presente curso 2008-2009 (entre septiembre y febrero) con respecto al ejercicio anterior. Así, los casos de insultos y falta de respeto por parte de los estudiantes a los profesores han crecido un 7% y afectan ya al 19% de los docentes que acuden a este servicio, mientras las agresiones han aumentado un 2% para llegar al 10%. Mientras tanto, las grabaciones y fotos publicadas en Internet se han duplicado, pasando del 6% al 12%.
Durante el primer semestre del curso 2008-2009, el Defensor del Profesor ha recibido llamadas de 1.378 profesores de la Comunidad de Madrid, de entre una plantilla total de casi 47.000 docentes. De ellos, el 52% eran de Secundaria, el 33% de Primaria, el 8% de Infantil, el 3% de Ciclos Formativos, el 2% de Educación de Adultos, el 1% de Escuelas Oficiales de Idiomas y el 1% restante pertenecían a otros niveles educativos. De todos ellos, el 47% decían tener problemas de ansiedad, el 21% afirmaban sufrir depresión y el 15% estaban en baja laboral. Según la máxima responsable de este servicio, Inmaculada Suárez, los alumnos que mantienen conductas agresivas con los profesores “las hacen extensivas al resto de los compañeros de clase, a los que amedrentan tanto física como psicológicamente, les someten a acoso e, incluso, llegan a agredir también”. Y hay dos factores que “están dando alas” a los acosadores: por un lado se están dando cuenta de que esas conductas “no tienen consecuencias” y, por otro, “los padres les defienden” y en muchas ocasiones les animan a no cumplir con la normativa del centro cuando son sancionados.

Descrédito socia
l

Por todo ello, ANPE-Madrid ha vuelto a denunciar que el profesorado “soporta una fuerte pérdida de autoridad y descrédito social en los últimos tiempos”. Y considera que la autoridad del profesor “debe ser valorada por la sociedad en sus distintas dimensiones: la autoridad moral, intrínseca a la dignidad de la tarea docente; la autoridad magistral, que implica el respeto a la libertad de cátedra y a sus decisiones académicas; la autoridad colegiada, por la cual las competencias técnico-profesionales están en manos de los claustros de profesores; y la condición de autoridad pública del profesor en el ejercicio de su función, por la que gozará de la presunción de veracidad y las agresiones contra él serán consideradas delito de atentado contra la autoridad”. Este sindicato cree que la consideración de las agresiones contra los docentes como delito o atentado en vez de falta no sólo afectaría al agravamiento de las penas, sino que también reforzaría “el carácter disuasorio ante esas conductas agresivas que deterioran la convivencia en los centros docentes”, ya que “agredir no saldría gratis”. Además, dice que “al considerar al profesor como autoridad se vela por el prestigio, la dignidad y el honor en el ejercicio de sus funciones, para conseguir una educación de calidad”, y recuerda que “conceder la autoridad pública al profesor no es convertirle en un policía uniformado, sino dotarle de una cualidad legal de la que disponen actualmente, por ejemplo, los inspectores de Educación y de Sanidad”.

 

Según ANPE-Madrid el aumento de la violencia escolar contra los docentes se debe a que estas conductas “no tienen consecuencias”, y a la actitud pasiva de los padres.
(Foto: Rafael Martínez)
arriba