|
|
|
|
|
Madrid. G.
ARIANES
La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, ha presentado
el primer borrador de anteproyecto de la nueva Ley de la
Ciencia y la
Tecnología, elaborado por un grupo de reconocidos expertos
del ámbito de la investigación, la gestión de la I+D+i y la transferencia del conocimiento, alguno
de los cuales han tenido o tienen responsabilidades en política científica
y tecnológica en las distintas administraciones. Para elaborar este documento
han desarrollado numerosas jornadas de trabajo desde septiembre de 2008
hasta el pasado mes de enero, entre las que destacan las jornadas abiertas
de debate celebradas en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) el 9 y 10 de octubre del pasado año.
Según la ministra, con esta iniciativa “estamos dando un paso decisivo
para que nuestro país esté entre los más competitivos en ciencia e innovación”.
Por ello, el deseo del actual Ejecutivo es que, partiendo de este borrador
se elabore “un proyecto de Ley que alcance el mayor consenso posible”,
con el fin de que “se apruebe en las Cortes con el mayor respaldo de los
grupos parlamentarios” y que también “represente un compromiso de toda
la sociedad, impulsado por el Gobierno y con un especial protagonismo
de los investigadores”.
Nueva realidad
Según anunció la propia Cristina Garmendia
en junio de 2008 durante su primera comparecencia en el Congreso de los
Diputados, el objetivo de la futura norma es sustituir a la actual Ley
de Fomento de la
Coordinación General para la Investigación Científica
y Técnica de 1986, “que ha permitido el avance del sistema español de
ciencia y tecnología durante las dos últimas décadas”. Pero según los
expertos, dicho marco normativo está superado actualmente por la realidad
del sector en España que tiende cada vez más a la internacionalización
y en el que, junto a las actividades que desarrollan el Estado central
y las Comunidades Autónomas, cobran cada vez más relevancia nuevos actores
en el Espacio Europeo de Investigación.
La ministra y los expertos que han elaborado este “borrador cero” han
coincidido al destacar que la nueva Ley debe contribuir al cambio de nuestro
sector productivo “hacia otro basado en la sociedad del conocimiento”,
y hacer frente a las “actuales necesidades del sistema de ciencia y tecnología”.
Entre ellas destacan prioridades como la mejor coordinación entre las
administraciones públicas; el desarrollo de una carrera investigadora
que ofrezca mayores oportunidades a los científicos; el diseño de nuevas
formas de cooperación, especialmente entre los sectores público y privado;
la regulación de nuevos instrumentos organizativos y de gestión; y la
necesidad de intensificar las actuaciones de transferencia y de internacionalización.
Prácticas de vanguardia
Los expertos también han recomendado incorporar
a la futura ley “aspectos novedosos que reflejan debates muy actuales
y prácticas de vanguardia”, como “el acceso abierto a los resultados de
las investigaciones financiados con fondos públicos; la promoción de la
cultura científica y de la cooperación científica para el desarrollo;
y la existencia de órganos que velen por los aspectos éticos de la investigación”.
Y la ministra ha anunciado que su Departamento quiere incorporar los principios
de la Carta Europea del Investigador, y regular el desarrollo
profesional de los jóvenes que terminan sus doctorados y de los investigadores
en formación, “para definir los primeros escalones de la carrera”. Por
ello, se primarán la excelencia y la movilidad y se incorporarán mecanismos
de consolidación de empleo.
El borrador insta al Gobierno y a las Comunidades Autónomas a crear un
Consejo de Política Científica y Tecnológica, y a elaborar la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología, un
documento marco que establecerá las prioridades en este campo y ahondará
en la coordinación. Y establece un plazo de dos años para acometer la
reorganización de los Organismos Públicos de Investigación (OPIS), que
deberán transformarse en Agencias Estatales, procediéndose a la extinción
de aquellos cuyos objetivos y funciones coincidan con los de otros. Los
expertos también proponen la creación de una Agencia Estatal de Financiación
de Investigación que, junto al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial,
desarrollará su actividad como agente financiero de “forma coordinada”
e “independiente”.
Formación
En lo referente al personal investigador,
el proyecto propone un contrato de formación predoctoral de hasta cuatro
años, y otro de formación posdoctoral no inferior a un año ni superior
a tres. La carrera profesional se estructurará en tres grados: acceso,
para los doctores que han alcanzado un alto nivel de perfeccionamiento
y serán evaluados al tercer año por un órgano externo; consolidación;
y grados posteriores consistentes en sistemas de promoción definidos
por los centros de investigación, pero con la posibilidad de que el Gobierno
fije los procedimientos necesarios para su homologación.
Con la entrega del borrador a la ministra por parte del grupo de expertos
se ha iniciado formalmente el proceso que debe conducir a la elaboración por
el Gobierno del definitivo proyecto de Ley que se presentará al Parlamento,
para lo cual el Ministerio de Ciencia e Investigación ha prometido abrir un
diálogo con todas las Comunidades Autónomas, la comunidad científica y los
agentes sociales. Además, la ministra ha adquirido el compromiso de elaborar
dicho proyecto con transparencia y con la participación de todos los agentes
interesados, recogiendo iniciativas a través de su sitio web (http://www.micinn.es)
desde donde se podrá acceder al texto del borrador.
Rechazo
La Federación de Jóvenes
Investigadores (FJI) ha rechazado este texto, por considerar que valora
la carrera investigadora tras haber conseguido el título de doctor, y
no al comienzo de la tesis doctoral. En un comunicado afirman estar “sorprendidos
por el contenido del borrador, ya que aunque en la exposición de motivos
del mismo se presenta una consonancia entre la futura Ley y la Carta Europea de Investigador,
plantea como inicio de la Carrera Investigadora
(CI) la obtención del título de doctor, y superada la etapa posdoctoral
con un elevado nivel de perfeccionamiento y especialización”.
La Carta Europea del Investigador
recoge recomendaciones realizadas por la comisión Europea en marzo de
2005, y representa un “código de conducta” para la contratación de investigadores
en Europa. En concreto, apuesta por una contratación desde el inicio de
la carrera investigadora, como garantía de estabilidad en etapas iniciales
para jóvenes investigadores. Por otra parte, la FJI denuncia que según el borrador
el inicio de esa carrera pasa por una etapa de doble formación (pre y posdoctoral) de siete años con contratos de prácticas,
“lo que vuelve a ser una excusa para que se produzca una merma en los
derechos laborales que debemos tener, como trabajadores que somos”.
|
|
La
futura Ley propone distintos tipos de contratos de formación pre y posdoctoral,
y una carrera investigadora estructurada en grados. (Foto:
Rafael Martínez) |
|