Situar a España entre los países más competitivos en investigación
La ministra Cristina Garmendia presenta el primer borrador del anteproyecto de la futura Ley de la Ciencia y la Tecnología
“Estamos dando un paso decisivo para que nuestro país esté entre los más competitivos en materia de ciencia e innovación”, ha anunciado Cristina Garmendia durante la presentación del borrador de la futura Ley de la Ciencia y la Tecnología. Su Departamento espera conseguir el mayor consenso social y parlamentario posible para una norma que establecerá una carrera investigadora por grados, y diseñará nuevas formas de cooperación entre los sectores público y privado.

Madrid. G. ARIANES
La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, ha presentado el primer borrador de anteproyecto de la nueva Ley de la Ciencia y la Tecnología, elaborado por un grupo de reconocidos expertos del ámbito de la investigación, la gestión de la I+D+i y la transferencia del conocimiento, alguno de los cuales han tenido o tienen responsabilidades en política científica y tecnológica en las distintas administraciones. Para elaborar este documento han desarrollado numerosas jornadas de trabajo desde septiembre de 2008 hasta el pasado mes de enero, entre las que destacan las jornadas abiertas de debate celebradas en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) el 9 y 10 de octubre del pasado año.
Según la ministra, con esta iniciativa “estamos dando un paso decisivo para que nuestro país esté entre los más competitivos en ciencia e innovación”. Por ello, el deseo del actual Ejecutivo es que, partiendo de este borrador se elabore “un proyecto de Ley que alcance el mayor consenso posible”, con el fin de que “se apruebe en las Cortes con el mayor respaldo de los grupos parlamentarios” y que también “represente un compromiso de toda la sociedad, impulsado por el Gobierno y con un especial protagonismo de los investigadores”.

Nueva realidad

Según anunció la propia Cristina Garmendia en junio de 2008 durante su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, el objetivo de la futura norma es sustituir a la actual Ley de Fomento de la Coordinación General para la Investigación Científica y Técnica de 1986, “que ha permitido el avance del sistema español de ciencia y tecnología durante las dos últimas décadas”. Pero según los expertos, dicho marco normativo está superado actualmente por la realidad del sector en España que tiende cada vez más a la internacionalización y en el que, junto a las actividades que desarrollan el Estado central y las Comunidades Autónomas, cobran cada vez más relevancia  nuevos actores en el Espacio Europeo de Investigación.
La ministra y los expertos que han elaborado este “borrador cero” han coincidido al destacar que la nueva Ley debe contribuir al cambio de nuestro sector productivo “hacia otro basado en la sociedad del conocimiento”, y hacer frente a las “actuales necesidades del sistema de ciencia y tecnología”. Entre ellas destacan prioridades como la mejor coordinación entre las administraciones públicas; el desarrollo de una carrera investigadora que ofrezca mayores oportunidades a los científicos; el diseño de nuevas formas de cooperación, especialmente entre los sectores público y privado; la regulación de nuevos instrumentos organizativos y de gestión; y la necesidad de intensificar las actuaciones de transferencia y de internacionalización.

Prácticas de vanguardia

Los expertos también han recomendado incorporar a la futura ley “aspectos novedosos que reflejan debates muy actuales y prácticas de vanguardia”, como “el acceso abierto a los resultados de las investigaciones financiados con fondos públicos; la promoción de la cultura científica y de la cooperación científica para el desarrollo; y la existencia de órganos que velen por los aspectos éticos de la investigación”. Y la ministra ha anunciado que su Departamento quiere incorporar los principios de la Carta Europea del Investigador, y regular el desarrollo profesional de los jóvenes que terminan sus doctorados y de los investigadores en formación, “para definir los primeros escalones de la carrera”. Por ello, se primarán la excelencia y la movilidad y se incorporarán mecanismos de consolidación de empleo.
El borrador insta al Gobierno y a las Comunidades Autónomas a crear un Consejo de Política Científica y Tecnológica, y a elaborar la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología, un documento marco que establecerá las prioridades en este campo y ahondará en la coordinación. Y establece un plazo de dos años para acometer la reorganización de los Organismos Públicos de Investigación (OPIS), que deberán transformarse en Agencias Estatales, procediéndose a la extinción de aquellos cuyos objetivos y funciones coincidan con los de otros. Los expertos también proponen la creación de una Agencia Estatal de Financiación de Investigación que, junto al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, desarrollará su actividad como agente financiero de “forma coordinada” e “independiente”.

Formación

En lo referente al personal investigador, el proyecto propone un contrato de formación predoctoral de hasta cuatro años, y otro de formación posdoctoral no inferior a un año ni superior a tres. La carrera profesional se estructurará en tres grados: acceso, para los doctores que han alcanzado un alto nivel de perfeccionamiento y serán evaluados al tercer año por un órgano externo; consolidación; y grados posteriores consistentes en sistemas de promoción definidos por los centros de investigación, pero con la posibilidad de que el Gobierno fije los procedimientos necesarios para su homologación.
Con la entrega del borrador a la ministra por parte del grupo de expertos se ha iniciado formalmente el proceso que debe conducir a la elaboración por el Gobierno del definitivo proyecto de Ley que se presentará al Parlamento, para lo cual el Ministerio de Ciencia e Investigación ha prometido abrir un diálogo con todas las Comunidades Autónomas, la comunidad científica y los agentes sociales. Además, la ministra ha adquirido el compromiso de elaborar dicho proyecto con transparencia y con la participación de todos los agentes interesados, recogiendo iniciativas a través de su sitio web (http://www.micinn.es) desde donde se podrá acceder al texto del borrador.

Rechazo

La Federación de Jóvenes Investigadores (FJI) ha rechazado este texto, por considerar que valora la carrera investigadora tras haber conseguido el título de doctor, y no al comienzo de la tesis doctoral. En un comunicado afirman estar “sorprendidos por el contenido del borrador, ya que aunque en la exposición de motivos del mismo se presenta una consonancia entre la futura Ley y la Carta Europea de Investigador, plantea como inicio de la Carrera Investigadora (CI) la obtención del título de doctor, y superada la etapa posdoctoral con un elevado nivel de perfeccionamiento y especialización”.
La Carta Europea del Investigador recoge recomendaciones realizadas por la comisión Europea en marzo de 2005, y representa un “código de conducta” para la contratación de investigadores en Europa. En concreto, apuesta por una contratación desde el inicio de la carrera investigadora, como garantía de estabilidad en etapas iniciales para jóvenes investigadores. Por otra parte, la FJI denuncia que según el borrador el inicio de esa carrera pasa por una etapa de doble formación (pre y posdoctoral) de siete años con contratos de prácticas, “lo que vuelve a ser una excusa para que se produzca una merma en los derechos laborales que debemos tener, como trabajadores que somos”.

 

La futura Ley propone distintos tipos de contratos de formación pre y posdoctoral, y una carrera investigadora estructurada en grados. (Foto: Rafael Martínez)
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