El Tribunal Supremo frena la objeción de conciencia a la EpC

La sentencia determina que la materia no vulnera el derecho de los padres a elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos
La ministra de Educación dice que es una asignatura como cualquier otra y asistir a sus clases es obligatorio para todos

El Supremo ha emitido un fallo en el que rechaza la objeción de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, por considerar que no vulnera el derecho de los padres a elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos según sus propias convicciones, ni lesiona el derecho a la libertad ideológica y religiosa. La ministra de Educación ha mostrado su satisfacción por el fallo, y ha dicho que “no eran ciertas las descalificaciones" sobre esta materia, mientras que los objetores, encabezados por la CECA y la CONCAPA han anunciado su intención de apelar al Constitucional y a tribunales internacionales.

Madrid. G. ARIANES/R. CALLEJA
El Pleno de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha acordado rechazar la objeción de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, impulsada desde el Foro de la Familia, la Confederación de padres católicos CONCAPA y la patronal CECE, entre otras organizaciones del ámbito educativo, y respaldada por el PP en algunas comunidades autónomas. Después de dos días y medio y más de veinte horas de deliberaciones, el Alto tribunal decidió por 22 votos frente a 7 que dicha asignatura no vulnera el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones, ni el derecho a la libertad ideológica y religiosa recogidos, respectivamente, en los artículos 27.3 y 16 de la Constitución.
El Supremo ha deliberado sobre tres recursos de casación del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que denegaban el derecho de objeción a otras tantas familias, y uno de Andalucía, que lo reconocía. Y ha analizado los decretos que desarrollan la asignatura a nivel estatal y en la comunidad asturiana, llegando a la conclusión que no vulneran ninguno de los derechos reconocidos en los citados artículos de la Constitución. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que reconoció por primera vez el derecho a la objeción no cuestionó el decreto de la Junta sino el estatal, que ahora ha asido avalado por el Alto Tribunal nacional.

Puerta abierta

A falta de conocer la sentencia completa, que se publicará probablemente en el plazo de un mes, el Supremo ha difundido un comunicado en el que indica que “en los casos presentados no existe el derecho a la objeción de conciencia”. Y sobre los contenidos concluye que “por sí mismos no alcanzan a lesionar el derecho fundamental de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. No obstante, deja la puerta abierta a los padres para impugnar ante la inspección educativa o ante los tribunales de lo contencioso los decretos autonómicos o en los libros de texto, si aprecian en ellos contenidos contrarios a los citados derechos.
En cualquier caso, fuentes jurídicas no creen que del resto de los decretos autonómicos se deduzcan motivos de inconstitucionalidad, ya que en su mayoría se limitan casi a reproducir el estatal. Y tampoco parece probable que los 135 recursos pendientes todavía de pronunciamiento del Supremo puedan contradecir esta sentencia del Pleno, ya que la mayoría se plantearon siguiendo un patrón común, distribuido a través de Internet por las organizaciones promotoras de la objeción de conciencia. Y aunque éstas han anunciado que acudirán en amparo del Tribunal Constitucional, todo apunta a que no conseguirán la suspensión de esta sentencia del Supremo hasta que se resuelva ese recurso, por lo que los hijos de los padres objetores tendrán que volver a clase y recuperar el trimestre perdido, ya que la asignatura es obligatoria.

Un aval jurídico para la LOE

Tras conocerse el pronunciamiento del Supremo, la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, ha manifestado en rueda de prensa que dicho fallo establece que Educación para la Ciudadanía “es una asignatura como cualquier otra”, y que asistir a sus clases es obligatorio para todos los estudiantes de España”. Y ha añadido que “esta decisión avala la Ley Orgánica de Educación (LOE), una norma que fue aprobada por la mayoría del Parlamento hace tres años, y las actuaciones que el Ministerio y la mayoría de las administraciones educativas han desarrollado desde entonces”.
Según la ministra, “el fallo establece que ningún gobierno puede incumplir las leyes, y que no eran ciertas las descalificaciones y manipulaciones que se han hecho sobre Educación para la Ciudadanía”. En su opinión, “no hay lugar a la objeción de conciencia sobre esta asignatura porque no hay nada en ella que invada derechos fundamentales de los estudiantes. Todo lo contrario: les enseña sus derechos y deberes en una sociedad democrática y tolerante”. Y cree asimismo que “el Supremo también ha puesto fin a los intentos de hacer de esta matearía y de los centros educativos un campo de batalla político. Algunos grupos políticos y sociales no han dudado crear una polémica artificial y estéril con fines partidistas, sin importarles la calidad de la educación de nuestros jóvenes”.

Debate irreal

Por todo ello, Mercedes Cabrera ha lamentado, en nombre del Gobierno, “este debate irreal y el tiempo que hemos perdido. Un tiempo que hemos dedicado a debatir sobre cómo mejorar la educación en España”. Y ha pedido “a los padres que han evitado que sus hijos que acudieran a clase que realicen un acto de responsabilidad y permitan que regresen a las aulas”. Por último, ha dicho que su Departamento va a impulsar “todas las acciones posibles para que estos niños recuperen los conocimientos que no han recibido en estos meses, tengan la opción de aprobar la asignatura, y tengan el derecho a recibir la misma educación que los demás estudiantes”. Y ha hecho un llamamiento a todos los sectores implicados en el ámbito escolar a hacer “un ejercicio de responsabilidad necesario para que, entre todos, consigamos que nuestro sistema educativo dé el salto de calidad que nos merecemos”.

Más recursos

Por su parte, las organizaciones que defienden la objeción de conciencia, encabezadas por la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), y el Foro Español de la Familia, han destacado que “aún faltan muchos datos sobre la sentencia para valorarla en su conjunto, y todo hace indicar que será compleja y llena de matices”. En cualquier caso, han reiterado que no descartan otras acciones de cara al futuro, “bien ante el Tribunal Constitucional y, si llegase el caso, a otras altas instancias internacionales”.
También han manifestado que “los centros tendrán el máximo respeto y sensibilidad a las decisiones de las familias, evitando aspectos que entren dentro del terreno de su sensibilidad y su derecho a educar a sus hijos conforme a sus convicciones”. Han destacado que “un tercio del Supremo no ha votado de manera favorable al fallo”, por lo que han pedido al Ministerio “una mayor sensibilidad en este sentido”, y le han invitado a revisar los contenidos de esta materia. Además, CONCAPA ha pedido a las familias objetoras “que sigan defendiendo el derecho constitucional de educar a nuestros hijos conforme a nuestros propios criterios y convicciones filosóficas, religiosas y morales”.

Mano tendida

Mientras tanto, la Federación Española de Religiosos de Enseñanza-Titulares de Centros Católicos (FERE-CECA) y la Confederación de Centros Educación y Gestión (EyG) han pedido a las administraciones educativas una “mano tendida” para que los objetores no se vean afectados negativamente por esta resolución del Supremo. A falta de conocer en su totalidad el texto de la sentencia, consideran que este Tribunal “reconoce el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral para sus hijos”.
Según las Escuelas Católicas, “por lo conocido hasta ahora el Alto Tribunal señala que no se ha acreditado, en los casos objeto de estudio, que se haya producido la vulneración de este derecho. No obstante -añaden-, y dadas las características del currículum oficial, es posible que en los centros públicos puedan acreditarse posteriormente desarrollos contrarios a ese derecho” de elección de los padres. En cualquier caso, reiteran que en los centros privados, y en particular en los de FERE-CECA y EyG, “está plenamente asegurado porque la asignatura de Educación para la Ciudadanía se desarrolla conforme a su carácter propio católico”.
Para el titular de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, “la decisión del Tribunal Supremo es el reflejo de que España es un Estado aconfesional” y celebra que “con esto se ponga fin al debate”. Para Bermejo, la decisión del Supremo se ha producido en un tiempo “razonable” dados los problemas que ya se estaban produciendo en algunas comunidades autónomas, donde se había permitido la objeción de conciencia a la asignatura. Por su parte, José Antonio Alonso, portavoz del PSOE en el Congreso, ha exigido al Partido Popular que “pida disculpas por la campaña prolongada e innoble que han mantenido en contra de esta asignatura”.

Batalla contra el “adoctrinamiento

Los responsables del Partido Popular ha manifestado que respaldará las iniciativas que quieran adoptar los padres que objetan contra la Educación para la Ciudadanía y que seguirá “dando la batalla política” contra el “adoctrinamiento de nuestros hijos” y “el recorte de libertades en la aulas de los colegios” que supone esta asignatura, Esperanza Aguirre asegura que “acatará la sentencia tal y como ordene que hagamos las administraciones educativas”. En este sentido, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid dará indicaciones a los directores de los 217 centros en los que se habían planteado objeciones a la asignatura, para que actúen conforme a la sentencia. Así como, recuerda que los decretos autonómicos que desarrollan la materia en esta comunidad autónoma “no lesionan ningún derecho fundamental de los padres en relación con la formación religiosa y moral de sus hijos”.

Por encima de interesas particulares

La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) ha mostrado su satisfacción, porque el fallo del Tribunal Supremo garantiza el derecho a la Educación de todos los alumnos, por encima de intereses particulares. En un comunicado, sostiene que los contenidos de las asignaturas deben estar supeditados a las necesidades del alumnado para su adecuada formación y no a las posiciones de determinadas personas u organizaciones, motivadas por creencias religiosas, ideológicas o de cualquier otra índole. “La asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es necesaria para que nuestros hijos reciban una educación integral, no sólo cimentada sobre conocimientos académicos, porque educa en el funcionamiento de los regímenes democráticos, la dignidad de la persona, el respeto a los bienes comunes y al medio ambiente, la circulación vial, el reconocimiento y aprecio de las diferencias de género, la expresión y el control de las emociones y la identificación de rasgos de diversidad cultural y religiosa”, manifiesta esta organización.
Asimismo, reitera que esta materia no trata de reemplazar a las familias en su labor educativa, pues no entra en cuestiones morales privadas y subraya que “las madres y los padres somos los primeros responsables de la educación de nuestros hijos, pero negaríamos la realidad si no reconociéramos que la escuela también educa y, por lo tanto, está legitimada para transmitir unos valores básicos de convivencia para todos los ciudadanos”.
También advierte a quienes dicen que esta asignatura pretende adoctrinar al alumnado, que si algo es destacable de esta materia es que intenta desarrollar la capacidad crítica del alumnado para evitar “cualquier tipo de adoctrinamiento”, desarrollando la libertad individual, enmarcándola en un espacio propio para la reflexión.

Es obligatorio cumplir la LOE

Por su parte, la Federación de Enseñanza de CC OO recuerda a las administraciones educativas que ningún gobierno puede incumplir las leyes, que es obligatorio cumplir la LOE, en la que se enmarca esta materia y que si es necesario se apliquen las sanciones oportunas a los centros que boicoteen su enseñanza. José Campos, secretario general de este sindicato, acusa a algunas organizaciones de haber abordado este asunto con irresponsabilidad y de utilizar la polémica suscitada en torno a esta materia para “desgastar al Gobierno central”. Así como, dice no entender que “alguien pueda vislumbrar algún perjuicio en que la escuela refuerce la formación de nuestros estudiantes en principios cívicos, cuya práctica sólo puede redundar en la mejora de la convivencia en los mismos centros, y cuando abandonen el sistema educativo, en la vida social”. CC OO manifiesta que comparte los contenidos de esta asignatura, porque están basados en los principios fundamentales de la Constitución y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Valores de ciudadanía

En esta línea, se ha expresado FETE-UGT, que ha venido defendiendo la asignatura desde el debate de la LOE, “porque los centros necesitaban de un horario de obligatoria asistencia para que el profesorado reflexionara con el alumnado sobre valores de ciudadanía”. En un comunicado destaca la importancia de la Sala y el correspondiente fallo judicial en cuanto fija el criterio a seguir, “aunque los iniciadores del conflicto no se conformarán y seguirán haciendo ruido para mantener una polémica innecesaria en otras instancias”. Esta central sindical afirma que esta materia “ha supuesto un gran paso en la educación en valores al estar incluida en el currículo como materia específica y no como transversal” y destaca que pretende formar personas capaces de participar activamente en una sociedad democrática, de aceptar la opinión del contrario y que prepara al alumno para su integración en una nueva sociedad basándose en el respeto y la tolerancia hacia lo diferente.

Principios constitucionales

Para ANPE, la sentencia del Tribunal Supremo coincide en líneas generales con la postura que ha venido manteniendo. Desde el periodo de elaboración de la LOE, este sindicato ha expresado su crítica con respecto a los contenidos de Educación para la Ciudadanía, porque “interfieren con materias imprescindibles de filosofía y humanidades y restan importancia a la acción tutorial”. Sin embargo, también mostró desde el primer momento su rechazo a que los alumnos menores de edad pudieran ejercer la objeción de conciencia ni ante ésta ni ante ninguna otra materia obligatoria del currículum educativo. En un comunicado declara que la materia “debe centrarse exclusivamente en los principios y valores constitucionales, tal como sucede en el resto de Europa, sin imponer a los alumnos criterios morales de índole personal, cuyo ámbito de transmisión es la familia. Es exactamente lo mismo que a dictaminado el Tribunal Supremo”. También advierte que si no se perfecciona el diseño actual de la asignatura, a la que se dedica un horario muy escaso, “se convertirá en una materia irrelevante”.

Lo esperable

Para la Confederación STES-i esta decisión era "lo esperable porque otra cosa habría echado abajo todo el sistema educativo. Una sentencia diferente haría que cada familia pudiera objetar de lo que quisiera, por ejemplo, que no se enseñe a sus hijos sobre la reproducción en Conocimiento del Medio por considerar que debe enseñarse en el ámbito privado. Según STES-i “los sectores más reaccionarios de la sociedad han querido convertir esta asignatura en una batalla política que ha trastornado y complicado, en muchos casos, la vida de los centros educativos “ y ahora “hay que instar a los Gobiernos Autonómicos a acatar la decisión”. 

La ministra ha dicho que EpC es una asignatura obligatoria como cualquier otra, los promotores de la objeción de conciencia han anunciado que recurrirán ante el Constitucional y tribunales internacionales.
 
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