Los opositores a la EpC agotarán todas las vías legales para conseguir su retirada

La CEAPA pide al Tribunal Supremo que garantice el derecho a la educación por encima de intereses particulares

Madrid. G. A.
Las organizaciones que defienden la objeción de conciencia en torno a la Educación para la Ciudadanía y los Derechos humanos (EpC), encabezadas por la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), Profesionales por la Ética y el Foro de la Familia, han reiterado su decisión de agotar todas las vías legales, incluso a

nivel europeo, para conseguir  que el Gobierno español “manifieste un poco de sensatez y rectifique para suprimir esta asignatura o rediseñarla, de acuerdo con los padres”. Representantes de esta plataforma han manifestado en rueda de prensa que la EpC es “una intromisión ilegítima del Estado en derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales y religiosas, que ha provocado una gran reacción social de la que nos sentimos orgullosos”.
El Tribunal Supremo deberá decidir el próximo 26 de enero sobre los recursos de casación presentados, respectivamente, a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que reconoció el derecho de objeción de unos padres para que su hijo quedase exento de cursar esta materia, y otras tres del correspondiente Tribunal de Asturias que se manifestó en sentido contrario. Los promotores de la plataforma que promueve la objeción tienen “una absoluta confianza y respeto sobre el fallo inminente del Alto Tribunal, y esperan “con “ansia” su pronunciamiento que, creen, “va a ser comprometido con la libertad y los derechos constitucionales como los que nosotros defendemos”.

Ni rebeldes ni insumisos

Pero también han advertido que si la sentencia no les da la razón tienen pensado presentar “incidente de nulidad” ante el propio Supremo, y recurrir posteriormente al Constitucional, e incluso apealar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Han insistido en que los padres objetores y las organizaciones que les apoyan “no son rebeldes ni insumisos, sino ciudadanos corrientes que ejercen la legítima opción que les conceden las leyes en un país democrático, de ir a los tribunales si ven pisoteados sus derechos por la Administración”. Y han recordado que ese reconocimiento por los tribunales de los derechos constitucionales de los ciudadanos no socava el Estado de Derecho, sino que lo refuerza, y “quien tiene miedo a que las personas ejerzan sus derechos tiene miedo a la libertad”.
Los objetores han reiterado que la EpC supone “una intromisión ilegítima del Estado en el derecho primordial e insustituible de las familias a decidir sobre la educación y formación moral que quieren para sus hijos”, y consideran que la batalla que han emprendido contra esta asignatura no es sólo de tipo educativo, sino también “de tipo cultural por la libertad, la dignidad del hombre y el bien común frente a los excesos, cada vez más frecuentes, del Gobierno de turno”. Según han informado, se han presentado hasta la fecha más de 50.000 objeciones en toda España, el 40% correspondientes a alumnos de centros públicos. De todas ellas, entre 8.000 y 10.000 pueden corresponder a estudiantes que deberían cursarla en el presente ejercicio. También se han planteado más de 1.700 recursos judiciales, de los que 277 han sido ya resueltos, “en su inmensa mayoría a favor de los demandantes.

Defender el bien común

Por el contrario, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de alumnos (CEAPA) ha remitido una carta al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Divar, pidiéndole una decisión “que garantice que el derecho a la educación y el bien común esté por encima de posicionamientos particulares que, pudiendo ser legítimos, pueden hacer tambalear las bases sobre las que nuestro sistema educativo está asentado”. Esta organización solicita así el mantenimiento de la Educación para la Ciudadanía en el currículo académico para todo el alumnado, a la espera de que el Alto Tribunal resuelva próximamente sobre los recursos presentados en relación con la objeción de conciencia a esta asignatura.
CEAPA considera que “si se diera la razón a las posiciones que defienden que la materia aludida puede ser objetada por razonamientos basados en criterios personales y altamente subjetivos, ya estén ligados a creencias religiosas, ideológicas o de cualquier otra índole, se asestaría un golpe muy duro al sistema educativo”. Y advierte que si se permite objetar Educación para la Ciudadanía se podría hacerlo con cualquier otra materia, “supeditando sus contenidos, es decir, sus currículos, no a las necesidades del alumnado para su adecuada formación académica, sino a las posiciones de personas u organizaciones que plantearan, de forma individual o conjunta, objeciones a cualquier contenido o, incluso como ocurre en la actualidad, al propio enunciado de los mismos”.
La Confederación de padres laicos cree que en ese caso “serían siempre los tribunales los que deberían dilucidar quién tiene la razón o, al menos, qué posicionamiento es mayoritario”, y la “consecuencia perniciosa” de esta decisión sería “un currículo escolar constantemente judicializado”. Afirma que “la implantación de esta materia no supone problema alguno en los centros escolares”, por lo que pide al Supremo que sea “sensible” al posicionamiento mayoritario de la sociedad. E insiste en que esta asignatura no vulnera derechos fundamentales pues, de lo contrario, “hubiéramos acudido nosotros mismos a los tribunales sin dudarlo un instante”.

Las organizaciones que rechazan la EpC afirman que se han presentado más de 50.000 objeciones de conciencia a esta asignatura. (Foto: Rafael Martínez)
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