ANPE reclama el reconocimiento de la autoridad pública de los docentes

Este sindicato pide a los padres que se responsabilicen de la educación de sus hijos para combatir la violencia escolar

ANPE ha pedido para los docentes la consideración de autoridad pública en el ejercicio de su función, y quiere que cualquier agresión a un profesor se considere como atentado a la autoridad. Este sindicato ha presentado un informe sobre las quejas recibidas en el servicio del Defensor del profesor, y ha pedido a la administración cambios legales y medidas de apoyo al profesorado, y a los padres que se involucren en la educación de sus hijos, todo ello para combatir la conflictividad en las aulas.

Madrid. G. ARIANES
El sindicato ANPE puso en marcha el 30 de noviembre de 2005 el Defensor del profesor, un servicio de atención inmediata y gratuita para los docentes que son víctimas de situaciones de conflictividad y violencia en las aulas. Está abierto a todo el profesorado y se encuentra plenamente operativo en Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y el País Vasco, mientras que los profesores de Aragón, Baleares, Ceuta y Melilla y Extremadura son atendidos de momento desde el servicio central de Madrid, y en Canarias se están ultimando los preparativos para implantar esta iniciativa de forma inmediata.
Según sus promotores, ésta es una iniciativa pionera a la hora de abordar “uno de los más graves problemas del sistema educativo”. Consta de un teléfono de ayuda atendido ininterrumpidamente por un equipo de psicólogos y, si la situación lo requiere, del apoyo administrativo y profesional que puede prestar la infraestructura sindical de ANPE, y del asesoramiento y respaldo de su gabinete jurídico. En los tres años que han transcurrido desde su puesta en marcha, la “oportunidad y la justificación” del Defensor del profesor se ha traducido en 8.396 llamadas y casos de docentes de todos los niveles educativos, de la enseñanza pública y de la privada, que han atendido sus responsables. Y también en “el debate social sobre la conflictividad en las aulas, y en la atención que han empezado a prestar a este problema los responsables de las administraciones educativas”.

Mil quejas más

Todo ello se ha plasmado en el “Plan de Mejora de la Convivencia Escolar” que incluye la LOE, en la actualización de la normativa sobre convivencia en las aulas realizada en casi todas las comunidades autónomas y, según recuerda ANPE, “en las instrucciones de las fiscalías generales sobre la consideración de las agresiones a los docentes como atentados a la autoridad”. Este sindicato ha presentado ahora un informe correspondiente al tramo comprendido entre los meses de octubre de 2007 y 2008, en el que se han registrado 3.463 llamadas en toda España, casi mil más de las atendidas en el período anterior.
Los profesores dicen haber sufrido problemas para dar clase (40%), acoso y amenazas (17%) y agresiones (8%) por parte de alumnos, grabaciones y fotos difundidas por Internet (6%), daños a propiedades o pertenencias individuales causados por los estudiantes (5%), denuncias (24%) acoso y amenazas (15%) y agresiones (3%) de padres y familiares. Y también problemas administrativos con la dirección (12%), presiones para modificar las notas (3%), y falta de respaldo de la administración (11%). Pese a todo, sólo el 7% hablan de dejar la profesión.

Más quejas en Secundaria

Según ANPE, la tipología de las llamadas permanece estable, ya que alrededor de un 60% aproximadamente siguen correspondiendo a mujeres y el 40% restante a hombres, “un porcentaje muy similar a la distribución por sexos de la profesión docente”. Aproximadamente el 50% de las llamadas recibidas en todo el Estado corresponden a profesores de Secundaria, el 35% a Primaria, el 6% a la Educación Infantil y el 9% a docentes del resto de las enseñanzas, de las que un tercio provienen de la Enseñanza de Adultos.
En cualquier caso, durante este último año se ha observado un repunte de los problemas derivados de la actuación de los equipos directivos de los centros, y también han comenzado a aparecer algunos casos de mobbing. También desataca el elevado número de llamadas recibidas durante el mes de agosto, no lectivo, y en las primeras semanas de septiembre, previas a la incorporación de los alumnos.

Problema social

Con la experiencia de estos tres años de funcionamiento del Defensor del profesor, ANPE considera que la conflictividad en las aulas es reflejo de “un problema social de gran calado”, y está asociado a aspectos tan diversos como “el abandono de las responsabilidades educativas por parte de las familias, la ausencia de normas en la educación, la crisis de valores, el descrédito de la autoridad, la situación del sistema educativo, la violencia ambiental que rodea a los niños y jóvenes, y el mal uso de las nuevas tecnologías”. Y cree que, mientras tanto, esas “carencias de la estructura social exigen a la escuela y al profesorado un esfuerzo titánico, sin que se reconozca la importancia y la dignidad de la tarea que se les encomienda.
Por todo ello, este sindicato pide a los padres que se responsabilicen de la educación de sus hijos, y les ayuden a “integrarse como individuos responsables en el seno de su cultura y sociedad”. También que les proporcionen “valores y actitudes que les permitan llegar a ser personas autónomas, en lo personal y en lo social, enseñándoles las normas de conducta que impulsan la consecución de esa autonomía”. Y a la vez, exige su colaboración con los docentes y el centro en la educación y formación de los niños.

Cambios legales

Además, ANPE reclama a la administración educativa cambios en las normativas sobre convivencia escolar, poniendo “los medios legales necesarios para que el profesor recupere el control de la disciplina en clase y se le devuelva su autoridad en el aula. En este sentido, plantea modificar la Ley del Menor para que contemple la posibilidad de dictar órdenes de alejamiento en los casos de profesores agredidos por alumnos. Pide también amparo legal para los docentes desde la propia administración, asistencia sicológica, reconocimiento de las enfermedades profesionales, y preparación para la resolución de conflictos incluida en la formación inicial y continua del profesorado.
También exige cambios en el modelo escolar “para garantizar la eficacia educativa a los alumnos que no pueden, por su situación personal o social, capacidades o actitud, ajustarse a la enseñanza normalizada”. Por último, demanda igualmente “una actitud política y social de valoración y respeto al profesorado, que penalice las agresiones y las amenazas”. En consecuencia, pide para los docentes “la consideración de autoridad pública en el ejercicio de su función, como tienen otros colectivos profesionales”, y ha iniciado una campaña para conseguir ese reconocimiento, de forma que “las amenazas y cualquier tipo de agresión física a un profesor sean considerados como atentado a la autoridad".

Las principales quejas están motivadas por problemas para dar clases, acoso, amenazas y agresiones a docentes por parte de alumnos y padres, y falta de respaldo de la Administración. (Foto: Rafael Martínez)
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