Una sentencia obliga a retirar los crucifijos de
un colegio público

El fallo ha abierto de nuevo la polémica entre los distintos sectores
sobre los símbolos religiosos en las escuelas

La sentencia de un juzgado de Valladolid ordenando retirar los crucifijos de las aulas del colegio público Macías Picavea ha vuelto a reabrir la polémica sobre los símbolos religiosos en la enseñanza. La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, ha señalado al respecto que “la Constitución reconoce el carácter aconfesional del Estado”.
Imagen de un aula de un centro público madrileño a mediados de los ochenta. (Foto: Rafael Martínez)

Madrid.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Valladolid ha dictado una sentencia que obliga al colegio público Macías Picavea de esta ciudad a retirar los crucifijos de sus aulas y espacios comunes, después de que un grupo de padres así lo demandara desde 2005. El juez destaca en la sentencia que el mantenimiento de los símbolos religiosos en este centro educativo conculcaría “derechos fundamentales” consagrados en los artículos 14 y 16.1 de la Constitución, referidos a la igualdad y la libertad de conciencia. Con ello se ha abierto de nuevo la polémica entre los distintos sectores de la enseñanza, partidarios unos y contrarios otros, de que se retire o mantenga la imaginería católica en las paredes de las escuelas.
La Junta de Castilla y León ha señalado que acata la sentencia y ha recordado que en su día dejó el asunto en manos del consejo escolar. En declaraciones a Efe, el portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago, ha explicado que el Gobierno regional no tiene nada que objetar sobre esta resolución judicial, que cumplirá, al ser firme, instando al colegio en cuestión a que retire los crucifijos de las aulas. “La Junta pensó en todo momento que la decisión correspondía al consejo escolar del centro y obró en consecuencia”, ha resaltado De Santiago. El presidente de la Junta castellanoleonesa, Juan Vicente Herrera, ha señalado en Salamanca que “en la España de hoy” la permanencia de crucifijos en los centros escolares “no es elemento de agresión ni de vulneración de derechos y libertades”. Sobre este caso en particular, Herrera ha anunciado que la Junta está analizando la situación y planteándose si recurre o no el fallo judicial. Herrera sí ha mostrado su “malestar” por esta decisión judicial y puso como ejemplo la contradicción de este hecho con otros actos institucionales. En este sentido, ha recordado la jura o promesa de los cargos de los últimos ministros nombrados por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Derecho de los padres

Por su parte, la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, ha señalado en torno a este asunto que la autonomía de los colegios debe ser respetada “a la hora de tomar decisiones en esta cuestión o en cualquier otra”. Durante su visita a Galicia para firmar un convenio con la Xunta sobre bibliotecas escolares, Cabrera ha dicho que “lo más valorable” de la sentencia es que, como la propia Constitución, respalda “el carácter aconfesional del Estado”, y, por lo tanto, “el derecho de los padres o consejos escolares a solicitar que se retiren de las aulas o espacios públicos símbolos que pueden responder a las creencias de algunos, pero no de todos”.
En relación con la retirada de simbología religiosa de los colegios, la ministra cree que “ha habido un proceso muy generalizado” y “se ha producido con toda normalidad como corresponde tanto a los principios constitucionales como al hecho de que tenemos en este país una población cada vez más heterogénea, con creencias muy diferentes”. Según una entrevista concedida al diario ABC, Cabrera señala que la religión corresponde al ámbito privado de las personas y no puede interferir en la educación pública.
A partir de aquí las declaraciones se han sucedido en cascada. El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha recomendado a la Junta de Castilla y León que “tome buena nota” de la sentencia, “proceda a su cumplimiento” y “no pretenda lavarse las manos”, mientras que el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, la ha defendido ya que “estamos en un estado aconfesional” y “en los colegios públicos no debe haber crucifijos porque hay que respetar las creencias de todo el mundo”.
Desde el Partido Popular, su secretaria general, María Dolores Cospedal, ha afirmado que su partido “ni comparte ni deja de compartir la sentencia, pero la respeta”, aunque siempre “en el bien entendido de que al PP no le molestan los crucifijos en las clases”. España “es un Estado aconfesional y la Constitución reconoce que la mayoría de los españoles son católicos”, ha dicho Cospedal.

Signo de nuestra cultura

Por su parte, el cardenal arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo, ha estimado que eliminar de las escuelas públicas el crucifico, que considera “un signo de nuestra cultura tan arraigada, no favorece ni mucho menos la convivencia de las personas”. El cardenal Amigo no comparte la setencia dictada en Valladolid, toda vez que, desde su punto de vista “la convivencia se construye con el respeto a las personas, no solamente tirando por la borda la riqueza cultural de un país”.  Según ha manifestado, “las medidas drásticas redundan en las personas. Lo importante es que se enseñe a esos niños de Valladolid a respetar los signos religiosos de cualquier religión", declaró en un receso de la XCII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que se celebraba en Madrid.
Las reacciones también se han producido entre las organizaciones de padres. Así, mientras que la CEAPA se muestra contraria a cualquier símbolo religioso en los centros educativos, aunque reconociendo la autonomía de los consejos escolares de centro para tomar la decisión oportuna, la CONCAPA considera que la decisión judicial se enmarca en “una política de ataque rabiosamente laicista contra los símbolos religiosos”.

Disparate

Asimismo, el director general de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE), Manuel de Castro, ha considerado un “disparate” y “anticonstitucional” la solicitud del diputado de Iniciativa per Catalunya (ICV) Joan Herrera, que ha aprovechado la coyuntura para solicitar la retirada de los crucifijos de la escuela concertada por contar esta con financiación pública. Según De Castro, estas afirmaciones “están tan fuera de lugar y deslegitiman aún más el debate sobre la retirada de los símbolos religiosos de la escuela pública, tras la sentencia del juzgado de Valladolid".
La sentencia se ha producido como consecuencia de una reivindicación de la Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid. Esta asociación presentó un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del Consejo Escolar del colegio público Macías Picavea, adoptado el 17 de marzo de 2008, que se decantó por mantener los símbolos religiosos en el centro educativo.
A raíz de esta pólemica también parece claro que los consejos escolares, si bien tiene autoridad sobre cuestiones como el funcionamiento y la gestión de los centros, no son comptentes cuando hay conflictos por la presencia de estos símbolos, tal y como recogen diversas sentencias desde 2002, fallos que atribuyen esta potestad a las Administraciones educativas correspondientes, en este caso, a las Comunidad Autónomas.

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