La educación debe ser una prioridad para el Gobierno

Los sindicatos plantean sus reivindicaciones para un curso escolar marcado por la crisis económica

Los sindicatos de enseñanza han vuelto a pedir que la educación sea una prioridad para la administración central y las autonómicas, y que, a pesar de la crisis económica, se dedique una financiación y unos recursos humanos y materiales suficientes para garantizar la calidad del sistema educativo. También quieren que este curso culmine la negociación del futuro Estatuto Docente, que contemple una efectiva promoción del profesorado.
Los sindicatos quieren
que se consolide definitivamente la jubilación anticipada voluntaria a los 60 años para todos los
profesores, y que sea establezca una carrera docente bien retribuida.
(Foto: Rafael Martínez)

Madrid. G. ARIANES
El sindicato ANPE advierte sobre la repercusión que la inestabilidad económica pueda tener sobre el sistema educativo, e insiste en que “la educación necesita, más que cualquier otro ámbito, una financiación sólida, que asegure sus recursos humanos y materiales y que esté diseñada para garantizar su calidad”. Cree que “la inversión generosa y certera en recursos humanos y materiales” debe ser prioritaria para el Gobierno y, por ello, exige al Ministerio de Educación y a las comunidades autónomas “un esfuerzo” por aumentar el porcentaje presupuestario destinado a la enseñanza, porque “es la única manera de garantizar a los alumnos y sus familias la calidad del sistema, y de asegurar a los docentes que no se va a escatimar en la composición de las plantillas de los centros, y en el desarrollo de los acuerdos de mejora de sus condiciones laborales”.
ANPE sigue considerando “imprescindible” la promulgación de un Estatuto de la Función Pública Docente, y pide medidas de extensión de la escolarización de 0 a 3 años, y de las pruebas de evaluación diagnóstica, “que deberían complementarse con una auténtica evaluación de resultados para conocer el nivel académico real de los alumnos españoles”. Por último, recuerda que el nuevo curso es clave para el desarrollo de la LOE, y afirma que el nuevo Bachillerato de “doble vía” es “desacertado”, porque “rebaja aún más el nivel del actual. Por ello, cree que “lo más racional hubiera sido establecer de una vez un Bachillerato de tres años como en el resto de Europa”, y pide “un mínimo rigor en los criterios de evaluación de los alumnos que desean acceder a los estudios universitarios”.

Recortes

También la Federación de Enseñanza de CC.OO exige al Ministerio y a las comunidades autónomas que la política educativa “no se vea afectada por los ajustes anunciados en los Presupuestos Generales del Estado de 2009 como consecuencia de la crisis económica”. Porque cree que “un recorte presupuestario sería fatal para la enseñanza en un momento en que se prosigue la implantación de la LOE, en que las tasas de fracaso en la ESO y de abandono escolar prematuro nos alejan de los objetivos educativos de la Unión Europea para 2010, y cuando siguen incorporándose a los centros nuevas hornadas de alumnado inmigrante”.
CC.OO advierte que este curso habrá que aplicar las 10 medidas pactadas en junio por el Gobierno central y los autonómicos para mejorar el sistema educativo, y también los programas presentados en el Parlamento por la ministra de Educación para reducir el abandono escolar temprano y adaptar el sistema de becas a las nuevas necesidades de los estudiantes. También vuelve a reclamar “el reinicio del diálogo social para abordar las cuestiones pendientes que no se resolvieron en la anterior legislatura, como el Estatuto Docente, la aplicación de los aspectos de la LOE que todavía no se han puesto en marcha, la financiación de la Educación Infantil, especialmente el tramo de 0 a 3 años, etcétera”.

Coordinación

Por su parte, la Federación de Enseñanza de la UGT (FETE-UGT) ha pedido al Ministerio que lleve a cabo una política de coordinación ante las leyes educativas que van a promulgar próximamente algunas comunidades autónomas, y ha advertido que rechazará “cualquier medida que en el desarrollo de la LOE suponga una mercantilización de la educación o un ataque a la enseñanza pública”. También reclama la firma de un Pacto de Estado “que sitúe al sistema educativo a resguardo de los vaivenes políticos”; una inversión mínima del 7% del PIB; y la aprobación de un Estatuto de la Función Pública Docente que, entre otras cuestiones, incluya una prórroga indefinida de la jubilación LOE y el diseño de “una carrera profesional bien retribuida”.
FETE-UGT quiere que dicho Estatuto incluya una promoción profesional que, acompañada de “una retribución adecuada”, valore el ejercicio de la docencia y suponga un estímulo para los enseñantes, un sistema de promoción vertical basado en el concurso de méritos, y un acceso a la docencia “en el que se reconozca la experiencia como un elemento clave”. Además, exige la “implantación generalizada” del tramo 0-3 años “con carácter educativo y gratuito”; la cláusula de revisión salarial; y el reparto “homogéneo, efectivo y real de todo el alumnado entre todos los centros sostenidos con fondos públicos”. Quiere que la FP sea una prioridad en la gestión del Ministerio, y denuncia “los recortes de personal y de recursos que se están produciendo en los centros, o que se puedan hacer con la excusa de la crisis económica”.

Viejos problemas

Los STES-i creen que “el sistema educativo español funciona, pese a los viejos problemas que las administraciones conocen perfectamente y que deberían solucionar para que funcione mejor y mejore el día a día en las escuelas e institutos”. Por ello, solicitan a los gobiernos central y autonómicos y a la sociedad en su conjunto, que consideren a la educación como una prioridad por lo que, pese a la crisis económica, aumenten las inversiones “acabando con las privatizaciones y destinando el dinero público a la escuela pública”. Además, piden la disminución del número de alumnos por aula; la contratación de trabajadores sociales “para agilizar y mejorar las relaciones de los centros con algunas familias”; y que los colegios que escolarizan a los alumnos “que puedan parecer problemáticos” estén dotados “con medios humanos y materiales para que puedan impartir una educación de calidad”.
Los STES-i denuncian que en las comunidades de Cataluña, Madrid y el País Valenciano se mantiene todavía a parte del alumnado estudiando en barracones o aulas prefabricadas, “lo        que nos demuestra el poco interés que tienen por la escuela pública”. Lamentan “el falso debate de la libertad a objetar la asignatura de Educación para la Ciudadanía, cuando el verdadero debate debe ser el por qué se sigue permitiendo en un Estado aconfesional que la religión católica se siga impartiendo en todos los centros en horario escolar”. Y piden que se reconozca “social, laboral y económicamente” el trabajo que realiza el profesorado; que se igualen sus retribuciones con las del resto de los funcionarios; que las plantillas sean estables; que los interinos mantengan su puesto de trabajo hasta su acceso definitivo a la docencia; que consolide la jubilación voluntaria a los 60 años de edad; que se regulen las enfermedades profesionales, etc.

 

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