El Gobierno recurre la orden que regula Educación para la Ciudadanía en la Comunidad Valenciana

Diversos Tribunales Superiores de Justicia dictan sentencias
contradictorias
ante litigios planteados por padres objetores

El Gobierno central ha recurrido la orden del Ejecutivo valencia- no, que establece que en dicha Comunidad Autónoma la Educación para la Ciudadanía se impartirá en inglés, y los alumnos podrán cursarla con asistencia presencial a clase o realizando trabajos trimestrales
Hasta la fecha, los tribunales superiores de Justicia han dictado sentencias a favor de la objeción de conciencia ante la Educación para la ciudadanía en Andalucía, Huesca y La Rioja, y en contra en Asturias, Cataluña y Teruel. (Foto: Rafael Martínez)
en dicha lengua. Mientras tanto, diversos tribunales de justicia están dictando sentencias de distinto tipo, y a veces contradictorias, sobre recursos planteados por padres objetores ante esta asignatura.

Madrid. G. A.
El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), en el que solicita la nulidad de pleno derecho de la Orden dictada por la Consejería de Educación del Gobierno autonómico el pasado 10 de junio de 2008, por la que se establecen formas de organización pedagógica para impartir en la ESO la materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Según dicha disposición, esta asignatura se impartirá en inglés en dicha región, y los alumnos podrán cursarla bien con asistencia presencial a clase (opción A) o realizando trabajos trimestrales en esa misma lengua, en base a un manual “avalado por los padres” (opción B).
El Ministerio asegura en un comunicado que, a través de la citada orden, la Consejería valenciana “incumple la Ley Orgánica de Educación (LOE), asume competencias propias de los centros educativos, divide a los alumnos y dificulta que completen los objetivos de la etapa”. Y considera que “regula medidas relacionadas con la objeción de conciencia a la asignatura, “en contra una vez más de la LOE, pero también de la Constitución y de numerosas sentencias del Tribunal Constitucional, que en ningún caso autoriza esta posibilidad”.

Respetar la Ley

En este sentido, la secretaria de Estado de Educación y Formación, Eva Almunia, ha solicitado a la Consejería autonómica “respeto a la Ley y a la comunidad educativa”, y le ha pedido que “no haga de los centros educativos un campo de batalla política”. Ha recordado que más de 200.000 escolares de siete comunidades autónomas han cursado ya esta materia, y ha manifestado que “las familias, los centros educativos y los alumnos han demostrado una responsabilidad de la que el Gobierno valenciano carece”.
Eva Almunia ha valorado igualmente “la responsabilidad demostrada por los valencianos, que han sido los primeros en oponerse a una ocurrencia del consejero, que parece no tener fin: comenzó anunciando que la asignatura se daría en inglés, continuó planteando dos opciones que perjudican a los alumnos, y ha terminado provocando el enfrentamiento de toda la comunidad educativa”. Y ha afirmado que el objeto del recurso no es que se imparta en otro idioma, porque “la podrán dar en inglés, valenciano o castellano”, sino porque la Orden de la Consejería “divide a los alumnos y asume competencias propias de los centros educativos y de los profesores”.
Por el contrario, la subsecretaria autonómica de Educación, Concha Gómez, ha manifestado que la orden dictada por la Consejería valenciana sobre el desarrollo normativo de la asignatura en esta comunidad “es plenamente legal y está en plena vigencia, ya que cumple con todos los requisitos de la legislación actual”. Y ha añadido que “quien tiene la potestad legal y la legitimidad para determinar cómo se imparte una asignatura en la Comunidad Valenciana es el Consell, dentro del marco de la LOE”, que la impartición de materias en inglés está recogida en ella y que, por tanto, “la orden se ajusta estrictamente a  la Ley”. En su opinión, el Consell cumple con el desarrollo de la asignatura, y “lo que no es de recibo es que los mismos que obligan a cumplir la LOE luego pretendan saltarse las normas autonómicas porque no resultan de su agrado”.

Recurso de CC.OO

Por su parte, la Federación de Enseñanza de CC.OO también ha presentado ante el TSJCV un recurso contencioso administrativo contra la citada disposición de la administración autonómica, y ha solicitado la suspensión cautelar de la misma. CC.OO considera que la opción B que prevé la orden, y que consiste en redactar un trabajo al trimestre, “vulnera el mandato que obliga a que el alumnado tenga una evaluación continua”. Cree que se por una sola materia se evalúa dos veces a los estudiantes, una por el contenido y otra por las competencias en inglés, mientras que a los padres “se les impone la enseñanza de una lengua no oficial sin que se le haya pedido expresamente y por escrito su conformidad, tal y como establece la Orden de 30 de junio de 1998”. Y añade que al profesorado “se le impone qué ha de enseñar y cómo en esta materia, vulnerando el principio de libertad de cátedra”.
Mientras tanto, la polémica por esta asignatura se extiende también al ámbito jurídico. Hasta la fecha, los tribunales superiores de Justicia de Andalucía, Huesca y La Rioja han dictado diversos autos reconociendo a varios padres el derecho a ejercer la objeción de conciencia a la Educación para la Ciudadanía, mientras que los de Asturias, Cataluña y Teruel se han pronunciado en sentido contrario. Además, el de Cáceres se ha inhibido en el recurso presentado por cuatro familias, y el de Cantabria ha rechazado eximir a tres alumnos de las clases de forma cautelar mientras se resuelven los recursos planteados por sus padres, ya que el curso ya ha finalizado y los niños están de vacaciones. En cualquier caso, la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo, ya que la Ley por la que se crea esta asignatura ha sido aprobada por el Parlamento, y los reales decretos que la regulan y hacen obligatoria son resoluciones emanadas del Consejo de Ministros.

Objeciones preventivas

La Educación para la Ciudadanía sólo se ha impartido el curso pasado en Andalucía, Asturias, Aragón, Cantabria, Cataluña, Extremadura y Navarra, aunque a partir de septiembre debería implantarse en toda España. Según la asociación denominada Profesionales de Ética, una de las más activas opositoras a la asignatura, hay más de 44.000 objeciones contra ella en todo el Estado, aunque muchas tienen “carácter preventivo”, ya que se refieren a estudiantes que no tienen que cursarla aún.
Por lo que respecta a la Comunidad de Madrid, sus responsables educativos y su propia presidenta han rechazado rotundamente esta materia y han apoyado la objeción a la misma. Sin embargo, la consejera de Educación, Lucía Figar, ha manifestado recientemente que “la asignatura se impartirá en todos los centros públicos y concertados de la Región cumpliendo la Ley”, y respecto a las familias objetoras ha dicho que “deseamos una sentencia del Supremo lo antes posible para unificar criterios”. Finalmente, el Consejo Escolar del Estado (CEE) ha presentado su informe anual sobre el estado y situación del sistema educativo, correspondiente al curso 2006-2007, en el que pide a las autoridades educativas se abstengan de hacer declaraciones instando a la objeción a la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.

 

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