Madrid. ROSAURA CALLEJA
“El Ministerio velará por el cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación y, mas concretamente, con la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos”, afirmó Eva Almunia durante su intervención en una mesa redonda, que se desarrolló en el marco del seminario Laicidad y Democracia, celebrado en Madrid. “Educación para la Ciudadanía y neutralidad de la enseñanza pública” fue el tema elegido por la secretaria de Estado de Educación, quien aseguró que los alumnos que no asistan a clase de esta materia se les suspenderá, como con cualquier otra asignatura obligatoria. “Fomentar la ciudadanía responsable” es una apuesta de la UE y recordó que “no somos pioneros en esta asignatura, sino que otros países europeos ya la imparten”.
Este pasado año académico los alumnos de 7 Comunidades Autónomas, incluida Navarra –precisó Almunia -, cursaron esta materia y el próximo curso otras diez autonomías introducirán su estudio. “Las regiones y centros educativos que ya han impartido EpC han dado muestra de una gran madurez, a pesar de que algunos sectores hayan querido distorsionarla”, manifestó.

Formación en valores

Para la secretaria de Estado de Educación, esta materia es necesaria para que los jóvenes pasen de lo individual a lo social y que interioricen valores como el respeto, el espíritu crítico, la participación y la convivencia entre iguales. También especificó que religión y Educación para la Ciudadanía, “no tienen nada que ver” y que no existe nadie del Partido Popular que haya dicho “con qué contenidos no está de acuerdo”.
Esta mesa redonda, contó la participación de Sebastián Cano, viceconsejero de Educación de la Junta de Andalucía, quien afirmó que Ciudadanía y Educación van intrínsecamente unidas y que el ejercicio responsable de la ciudadanía se adquiere con la práctica. También advirtió que la LOE y los reales decretos de desarrollo de la ley son de “obligada observancia”. Ante los distintos pronunciamientos de algunos jueces sobre la objeción de conciencia, Cano anticipó que la decisión última está en manos del Tribunal Supremo. Reveló que de los 95.000 alumnos andaluces, que cursan Educación para la Ciudadanía, sólo 449 se han declarado objetores.

Símbolos religiosos

Por su parte, Maru Menéndez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, denunció que los procesos de privatización de la sanidad y la enseñanza que se están llevando a cabo en esta comunidad tienen por objetivo que “gane presencia la religión católica”. Y se mostró crítica con la intención de “hacer objetores a menores, inducidos por los padres y el gobierno madrileño”.
En su intervención, María Cruz Llamazares abordó el tema “Símbolos religiosos en espacios públicos”. Esta catedrática Habilitada de Derecho Eclesiástico del Estado y consejera de RTVE hizo referencia a la presencia de símbolos religiosos en la escuela, como el crucifijo en el aula, que, a su juicio, tienen un poder adoctrinador sobre los alumnos. También explicó que la libertad de conciencia o ideológica contempla el derecho a tener o no creencias religiosas y a poder expresarlas.

Aconfesionalidad

Durante la inauguración de este seminario, Alvaro Cuesta, secretario Federal de Política Municipal y Libertades Públicas del PSOE, se mostró partidario de “ganar más espacios en laicidad”, pero que “hay que reformular la relación con la Santa Sede y los propios convenios”. También señaló que existe “una ofensiva confesional” contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía y afirmó que la aconfesionalidad y la laicidad “quedarán dañadas si no se defiende”. En su intervención acusó al gobierno madrileño de “no apostar” por la enseñanza pública y de “adoctrinar a los profesores de Educación para la Ciudadanía para que dejen de impartirla” y manifestó que esta comunidad autónoma “quiere convertir esta asignatura en clase de Religión”.