Los padres laicos piden el apoyo de la sociedad para la escuela pública

La Asamblea General de CEAPA nombra presidente a Pedro Rascón en sustitución de Lola Abelló

La CEAPA ha pedido a las familias, a las administraciones educativas y a la sociedad en general que apoyen a la escuela pública, según han manifestado durante la Asamblea General de esta organización su nuevo presidente, Pedro Rascón, y su antecesora, Lola Abelló. Por su parte, la ministra Mercedes Cabrera ha reiterado su compromiso por
una enseñanza “pública y participativa”, y ha agradecido la colaboración de los padres para mejorar la calidad de la educación.
Mercedes Cabrera en la Asamblea de la CEAPA acompañada por la presidenta saliente, Lola Abelló, y su sucesor, Pedro Rascón.
(Foto: Rafael Martínez)

Madrid. G. A.
La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) ha celebrado recientemente su XXXVIII Asamblea General, que ha reunido en Madrid a más de 200 representantes de APAs de la escuela pública de todo el Estado para debatir sobre la situación actual del sistema educativo y establecer el plan de actividades de esta organización para el próximo curso. También se ha renovado la junta directiva, ya que la presidenta durante los últimos cuatro años, Lola Abelló, no se ha presentado a la reelección por motivos personales y ha sido sustituida por el hasta ahora vicepresidente Pedro Rascón, que también es el máximo responsable de la Federación de APAs de Navarra y miembro del Consejo Escolar de esta comunidad.
Lola Abelló se ha despedido manifestando que “aunque la LOE puede servir para dar estabilidad al sistema educativo, existe un desigual desarrollo de esta Ley en las distintas comunidades autónomas, con políticas que perjudican a la escuela pública y entorpecen el objetivo de igualdad de oportunidades entre el alumnado”. En este sentido, ha afirmado que en el tramo de 0 a 3 años de la Educación Infantil se crean más plazas privadas que públicas, y “en muchos casos no se ofrece una atención educativa, sino meramente asistencial”. Y ha denunciado que muchos centros concertados siguen seleccionando al alumnado con la pasividad de las administraciones educativas.

Cumplir la ley

Por ello, ha pedido al Ministerio de Educación que, “en la medida de sus posibilidades, se implique para que esos centros, esas comunidades autónomas y, en definitiva, todos, cumplamos la Ley”. Y ha reclamado su “amparo” para defender la escuela pública y “garantizar el derecho que tienen todos los niños a recibir una educación en condiciones de igualdad y acceder a la mejor formación posible, independientemente de su origen socioeconómico y cultural”.
La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, ha presidido el acto de apertura de la Asamblea, y ha prometido que uno de los principales objetivos de su Departamento será la extensión de ese tramo de 0 a 3 años, “con todas las garantías de calidad que establece la LOE en relación con el carácter educativo de esta etapa”, junto a la puesta en marcha de “todos los mecanismos que eviten la selección del alumnado en los centros”. Y ha reiterado su “firme” compromiso por la escuela pública y participativa”.
Mercedes Cabrera ha aprovechado la ocasión para agradecer a los padres su colaboración “decisiva y absolutamente esencial” en la mejora del sistema educativo, y la labor que realizan quienes participan en las APAs y trabajan por un modelo de escuela “no discriminatoria e inclusiva”, ya que “hacen más fructífera la labor de los profesores, preservan la convivencia en los centros, y tienen todo que decir en una sociedad cada vez más plural y compleja”. También ha destacado el “objetivo compartido de seguir construyendo un modelo de educación que desarrolle las capacidades críticas y creativas de todos los ciudadanos, y forme individuos conscientes de sus deberes para con la sociedad, y comprometidos con los derechos humanos y con los valores democráticos”.

Desarrollo integral

Por su parte, el nuevo presidente de CEAPA ha manifestado que “la educación pública necesita un amplio apoyo de toda la sociedad y de las instituciones, ya que es la base para fortalecer el desarrollo integral de los ciudadanos”. Ha afirmado que “es necesario que el mayor porcentaje de nuestro sistema educativo esté compuesto por centros de titularidad pública, como sucede en la mayoría de los países europeos”. Y ha añadido que España es “un caso particular” en el entorno continental, donde la escuela pública es la columna vertebral del estado social de derecho, y sobre la que gira el principio de igualdad de oportunidades y de cohesión social”.
Pedro Rascón ha pedido a los representantes de las familias que reivindiquen “la calidad educativa de la escuela pública, para contrarrestar los intentos de desprestigiarla y las insuficiencias financieras que ahora padece”. Y ha advertido que la extensión de la jornada continuada en horario matinal “socava el sistema público de enseñanza”. Por eso, ha propuesto abrir “un verdadero debate sobre los tiempos escolares, en el que no sólo se aborden las cuestiones relativas a calendarios, sino también a la distribución de los periodos lectivos y las vacaciones de una manera más racional, que permita una conciliación entre la escuela y las familias”.

Contra la normativa valenciana

Por otra parte, La CEAPA ha pedido al Ministerio de Educación que recurra la orden de la Comunidad Valenciana sobre Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, y envíe así “un mensaje de firmeza” a las comunidades autónomas “que intentan vaciar de contenido esta asignatura o dar cobertura a los padres que incumplen la ley”. Cree que es “un atentado contra el derecho a la educación de todos los niños y una burla hacia los padres” el hecho de que, a partir del próximo curso, los centros docentes valencianos impartan esa disciplina en inglés y con dos opciones de evaluación: una curricular y con asistencia a clase y otra con un trabajo trimestral, elegido por el alumno”.
CEAPA considera que impartir una asignatura “en un idioma que no domina el alumnado”, y con “la falta de medios y profesorado” de lengua extranjera en esa comunidad, “es una manera de invalidarla de facto”. Y afirma que “ofrecer la posibilidad de aprobarla con un trabajo trimestral, sobre un tema elegido por los padres, es un fraude de ley cuyo objetivo es encubrir a los objetores” de la Educación para la Ciudadanía”. Por último, recuerda que primaria y ESO son “etapas educativas obligatorias y, por tanto, es obligatorio cursar todas sus asignaturas”.

 

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