Recursos a favor de Educación para la Ciudadanía

Eva Almunia pide al PP que explique cuáles son los puntos concretos que rechaza de esta asignatura

El Gobierno va a plantear nuevos recursos en Valencia y Andalucía a favor de la Educación para la Ciudadanía que, según Eva Almunia, “no tiene alternativa ni es
alternativa de nada”. La secretaria de Estado de Educación ha pedido al PP que cumpla una Ley aprobada por el Parlamento, y ha mostrado su disposición a negociar aspectos concretos de dicha asignatura, aunque ha dicho que primero deben ponerse de acuerdo “entre ellos”.
Eva Almunia ha manifestado que hay una confrontación política detrás del rechazo a la EPC, porque no hay confrontación sobre ella en el ámbito educativo y no hay ningún problema en los centros donde se está impartiendo. (Foto: Rafael Martínez)

Madrid. G. ARIANES / Redacción
El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte va a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia la orden dictada el pasado 21 de mayo por la Consejería de Educción del Gobierno autonómico, sobre el desarrollo normativo en esta comunidad de la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC). Según esa disposición, se impartiría en inglés y los alumnos podrían cursarla bien con asistencia presencial a clase (opción A) o realizando trabajos trimestrales en esa misma lengua, en base a un manual “avalado por los padres” (opción B).
La secretaria de Estado de Educación, Eva Almunia, ha anunciado la decisión del Ministerio durante una rueda de prensa, y ha afirmado que “Educar para la Ciudadanía es una asignatura más que forma parte de los planes de estudio, que no tiene alternativa posible y no es alternativa de nada” Y ha pedido al presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, que “ponga orden entre sus barones autonómicos, si se atreve a llamar al orden también a Esperanza Aguirre, porque lo que tiene que hacer el PP en las Comunidades Autónomas que gobierna es cumplir una Ley que aprobó el Parlamento de España”.

Confrontación política

La dirigente ministerial ha afirmado asimismo que “lo que se ha hecho desde el primer momento con esta asignatura ha sido confrontación política, porque no hay una confrontación sobre ella en el ámbito educativo”. Según ha añadido, en las Comunidades Autónomas en las que se está impartiendo no ha habido ningún problema en los colegios, e incluso los centros concertados la están abordando desde sus puntos de vista y no ha habido ningún problema”.
También ha reiterado la disposición ministerial al diálogo, “porque estamos por la labor de llegar a acuerdos con cualquier Comunidad Autónoma sobre los temas sensibles para los ciudadanos. Pero desde el PP nadie nos ha dicho lo que no quieren o lo que no les gusta de esta asignatura, sólo hemos leído y escuchado grandes titulares, pero nada más. Siempre estaremos dispuestos a hablar para ver si somos capaces de ponernos de acuerdo, pero sobre ideas y temas concretos, no sobre ocurrencias. Queremos que nos digan en qué no están de acuerdo, pero que primero se pongan de acuerdo entre ellos”, ha señalado Almunia.

Registro de objetores

Sobre la posible creación de una especie de registro nacional de objetores a esta materia, Eva Almunia ha manifestado que “a priori no sirve para nada, a no ser que el PP quiera utilizarlo para enviarles propaganda de partido. No tiene sentido como tal, a no ser que jurídicamente quieran ir más allá, y en ese caso estaremos muy atentos a cualquier tipo de ordenación que quieran darle”.
Respecto a las consecuencias de no cursar Educación para la Ciudadanía ha advertido que ello “pondría las cosas muy difíciles para que un joven pueda titularse en Educación Secundaria Obligatoria, ya que se trataría de una asignatura suspendida, porque no cabe el no presentarse”. Y ha dicho que “las familias deben plantearse si quieren que sus hijos se formen en esta materia solos en la calle, o en los centros docentes con profesores cualificados”. Por último, ha manifestado que el Ministerio no tiene “nada que decir” sobre las notables diferencias entre los libros de texto elaborados por las distintas editoriales, porque la obligatoriedad del informe previo de la Administración se suprimió cuando gobernaba el PP.

También en Andalucía

Además, la abogacía del Estado ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el escrito de preparación de un recurso de casación, contra la sentencia por la que este último organismo se pronunciaba sobre determinados desarrollos autonómicos en dicha Comunidad de la Ley Orgánica de Educación (LOE), en lo que se refiere a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Éste es el requisito previo para la interposición del correspondiente recurso ante el Tribunal Supremo.
La sentencia del TSJA respondía al recurso interpuesto por cinco padres de alumnos, y anulaba diversos contenidos de esa materia referidos a ideología de género, homosexualidad y opciones vitales. Aunque a la vez este Tribunal  reconocía no ser competente para declarar la nulidad de las expresiones literales acotadas en el fallo, al considerar que dicha anulación puede afectar al desarrollo estatal de dicha asignatura. Y añadía que deberá ser el Tribunal Supremo quien deba decidir sobre la legalidad de esos contenidos.
Según una nota difundida por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, la sentencia recurrida, dictada por el TSJA el pasado 30 de abril, se refiere a “ciertas expresiones” de los desarrollos de dicha asignatura promulgados por la Junta de Andalucía, “pero además cuestiona la legalidad de los decretos estatales, lo que legitima al Gobierno para presentar el recurso”. Afirma asimismo que se trata de “una asignatura obligatoria” recogida en la Ley Orgánica de Educación (LOE), que aprobó el Parlamento español en 2006, y que “sus contenidos son necesarios y contribuirán a la mejora de la educación que reciben los alumnos españoles”.
También recuerda que esa asignatura “se imparte en una veintena de países europeos, y responde a una recomendación del Consejo de Europa”, con el objetivo de que los alumnos “adquieran los conocimientos necesarios, y reflexionen y actúen como ciudadanos en el ámbito público, de acuerdo con los principios de los derechos humanos y los valores constitucionales”. Estos recursos se suman a los que ya ha presentado el Ministerio contra las normativas aprobadas por los gobiernos regionales de Castilla y León, La Rioja, Madrid y Murcia, todos ellos del PP.

Derecho constitucional

Por otra parte, el portavoz de Educación del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Juan Antonio Gómez Trinidad, ha reiterado el respaldo de su partido a la objeción de conciencia y a la no impartición de la asignatura “hasta que no haya un pronunciamiento definitivo del Tribunal Supremo sobre esta cuestión”. Gómez Trinidad, según informa Europa Press, insistió, en el curso de una rueda de prensa, en que “el PP ha defendido y defiende la objeción de conciencia como un derecho constitucional”, y valoró positivamente que algunos padres “hayan ejercido ese derecho porque fortalece nuestra democracia”.
El portavoz de Educación del PP en el Congreso afirmó asimismo que el PP se manifestará siempre “en contra de la implantación de la asignatura (EpC)”, por entender que su contenido es “de carácter doctrinario e ideológico, que divide a la sociedad”, e instó al Gobierno a que retire esta asignatura mientras no se alcance un consenso sobre un contenido “estrictamente educativo y basado en el conocimiento de la Constitución española”.
A este respecto, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) ha expresado en un comunicado “su total satisfacción con la postura ante Educación para la Ciudadanía adoptada por el Partido Popular, y que ha hecho pública su portavoz en el Congreso, Juan Antonio Gómez Trinidad”. La CECE, se precisa en el comunicado, “comparte y defiende, del mismo modo que el PP, la objeción de conciencia como un derecho de las personas contemplado en la Constitución Española”, y del mismo modo “valora positivamente que algunos padres hayan ejercido ese derecho como una forma de afianzar nuestra democracia y el reconocimiento que han hecho del mismo algunos Tribunales Superiores de Justicia”.
Asimismo, el Foro Español de la Familia, que contabiliza más de 34.000 objeciones de conciencia frente a la EpC, ha manifestado que el apoyo del PP a que los padres objeten contra la asignatura “es congruente con lo que vienen diciendo los Tribunales de Justicia”. El presidente de esta organización, Benigno Blanco, indicó que “espera que las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP respeten y reconozcan el derecho de los padres a rechazar el adoctrinamiento moral e ideológico de sus hijos mediante la objeción de conciencia”.

 

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