En el presente artículo, su autor, maestro con una larga trayectoria docente, aborda la situación de la función directiva en los centros públicos, abre un espacio de reflexión sobre un ámbito tan determinante y controvertido de nuestro sistema educativo y aboga, de forma argumentada, por la profesionalización del puesto de director y por la institución de la función directiva.

Profesionalización de los directores de centros públicos

Alejandro Tejero
Maestro y Licenciado en Derecho

OY  un  maestro  que  ha sufrido,

padecido o ¿gozado? las reformas educativas de 1965, 70, 80, 85, 90, 95, y he observado, ya jubilado, las de 2000 y 2006, a pie de aula, como maestro y director moderno. He sufrido, padecido o ¿gozado? también la existencia de directores elegidos por la Administración u otros sistemas, los de oposición -Cuerpo de Directores, profesionalizado-, por selección, elección, por la Administración, con acreditación y habilitación, por comisiones, consejos escolares, etc.
Y he visto todas las combinaciones, habidas y por haber, imaginables por “expertos y lumbreras” en educación, teóricos, políticos, burócratas de la Administración, sindicatos, maestros activistas y progresistas, comunidad escolar: todos los que han tenido alguna intervención en educación Primaria y Secundaria. Todas ellas han fracasado.
El común denominador de todos ellos ha sido la no profesionalidad del director ni la institución de la función directiva del centro público de Primaria y Secundaria. Sin embargo, observo por los escritos en esta revista profesional que en todos los países europeos precisamente, con independencia del sistema de elección del director, que no son homogéneos, mantienen la profesionalidad del director y la institución de la función directiva.
En todos los países la profesionalidad del director ha constituido un problema fundamental técnico y cada país lo ha resuelto, no de forma homogénea, por lo que se dan diferentes procedimientos e instrumentos jurídico para resolver el problema. Pero de una forma u otra han conseguido llegar a la profesionalización de la dirección educativa y del Director, con mejores o peores resultados en su función directiva.
No sé si tendrán razón o no estos países europeos, pero he observado que en este corto período, excepto con el Cuerpo de Directores, ninguno ha dado resultado en España por la situación a que han llevado a la educación y a los centros docentes. Por lo que creo que ha llegado la hora, sin más tardanza, de profesionalizar al director y la función directiva de centros docentes, si se quiere tener una escuela que sea escuela de convivencia ciudadana. Por el contrario, si se pretende tener una escuela que sólo sirva para utilización de la misma para conseguir los fines y objetivos de las ideologías políticas, credos religiosos y de grupos interesados, los modernos sistemas de no profesionalización son los mejores y más indicados estilos de directores y modelos de dirección.

Director profesional

Mi larga experiencia me permite llegar a la conclusión de que la razón de la situación de la escuela hoy está muy clara: se decapitó a la escuela pública de director profesional y función directiva, y todo lo demás vino como con- secuencia. Cualquier empresa que no tenga un director único y determinado y sin la facultad de la última responsabilidad viene en quiebra por buenas intenciones, deseos y esfuerzos que tengan y realicen los socios, ejecutivos y trabajadores de la misma.
Mientras no se quiera reconocer esta situación no habrá solución para la escuela. Por eso es imprescindible volver a profesionalizar al director y la función directiva. Una manera, entre otras, adecuada a nuestro ordenamiento jurídico vigente es el proyecto del concurso-oposición. Se ha cometido el grave error de que se ha tratado de encajar un estilo de Director y, sobre todo, un modelo de función directiva participativa y asamblearia, coherente con un modelo de centro verdaderamente autónomo, participativo y democrático, que hoy no existe en el centro docente, que no encaja en el ordenamiento jurídico vigente, en un sistema de un ordenamiento jurídico intervensionista y de cultura administrativa procedimental, burocrático, jerárquico, centralista y funcionarial.
Esta es la razón por la que ni los políticos ni los expertos en educación logran encontrar la manera de dirección participativa y de gestión en una democracia, donde prima lo político, social y administrativo sobre la función intrínseca educativa de la institución pública escolar española.
Se ha pretendido con estas leyes políticas solucionar la cuestión educativa, pero al partir de premisas y planteamientos falsos y, casi exclusivamente, políticos, partidistas e interesados, el tema del acceso al cargo y la función directiva ha desbordado a los responsables de la educación. En cada época han ido sucediéndose leyes que, como hemos visto, no han solucionado las cuestiones educativas, porque se ha dado un total desajuste entre sus mandatos de participación democrática y la pura realidad democrática en los centros docentes con organización administrativista.

Concurso-oposición

La elección del sistema de concurso-oposición no es caprichosa ni obedece a interés alguno, sino exigida por la propia legislación vigente. Encontraría fundamento legal y así lo determina la LOCE, que recogía que el sistema de ingreso en la función docente será el del concurso-oposición convocado por la Administración, para todos los cuerpos de la función docente, y los posibles cambios de cuerpo (disposición adicional décima. Carrera docente). Y la LOE disciplina que todos los candidatos para acceder a la función pública docente deberán superar el correspondiente proceso selectivo: concurso-oposición. Lo mismo para el cambio de cuerpo (disposición transitoria decimoséptima).
Sin embargo, respecto al director de centro docente, dice: “La selección será realizada en el centro por una comisión constituida por representantes de la Administración educativa y del centro correspondiente”(art. 135. 2). “La selección [...] se efectuará mediante concurso de méritos [...], y “la selección se realizará de conformidad con los principios de igualdad, publicidad y capacidad” (art.133.3 y 4). No exige ningún tipo de concurso-oposición para el director. ¿No es curiosa esta contradicción? Pues hasta a los no docentes del centro se exige alguna prueba para poder trabajar en ellos.
Como es también curioso que la LOE recoja que la función pública docente se ordena en cuerpos: de maestros, inspectores, catedráticos y profesores de enseñanza secundaria, de música y artes escénicas, de plástica, de maestros de taller, de escuelas oficiales, etc., cuyos miembros constituyen los funcionarios de carrera (disposición adicional séptima. Ordenación de la función pública docente y funciones de los cuerpos). Sin embargo, únicamente no constituyen cuerpo los directores de centro docente. Otra contradicción palpable sin sentido.
El ordenamiento jurídico vigente establece los cuerpos de funcionarios, y dentro de los cuerpos pueden darse categorías si así lo exigen las situaciones de especialidad, y también puede permitir la existencia de sindicalización u otros organismos. No sería, pues, descabellado, sino razonable y conforme a la legislación vigente, la creación de un nuevo Cuerpo de Directores escolares profesionalizado dentro de la Administración, bien por oposición u otros instrumentos, pero la LOE exige el concurso-oposición.

Sistemas educativos de Estado

Por otra parte, los sistemas educativos debieran  estar al abrigo de todo signo político y credo religioso. Han de ser sistemas educativos de Estado y no estar al albur de los gobiernos de turno. Todo sistema educativo para que sea vertebrado y duradero ha de ser concertado y consensuado en el marco de un pacto de Estado, y constituir un texto básico educativo, debatido y suscrito por todas los grupos políticos y sociales, orillando cada uno sus intereses particulares políticos y credos religiosos, teniendo en cuenta únicamente el bien de la educación y la enseñanza, y que los centros docentes se convirtieran única- mente y sólo en escuelas de ciudadanía.
Lo que no se puede mantener por más tiempo es que el acceso al cargo de Director y la función directiva se encuentren al albur del gobierno de turno. Tampoco parece de recibo que un sector de la comunidad educativa o Administración, con mayor fuerza de convicción sobre los demás sectores, sea lo más indicado para elegir o seleccionar al director de centro docente.
La razón de este desatino legislativo se puede encontrar en la polarización de un discurso político, dialéctico, retórico, demagógico, diatribo y partidista que ha tenido lugar en este tiempo en España entre partidos políticos, credos religiosos y demás grupos influyentes: “reformas y contrarreformas” en el sistema educativo. Han estado jugando los políticos y demás grupos, por sus objetivos e intereses particulares, con un tema demasiado importante para la enseñanza.
Los detractores de constituir el Cuerpo de Directores y del sistema de concurso-oposición para su profesionalización argumentan que la figura del Director de Cuerpo no ha funcionado en España, que no es un modelo válido. Pero silencian que Cuerpo de Directores siempre ha existido en Francia, Italia y otros países plenamente democráticos. El argumento utilizado no se ajusta a la realidad, y no se atreven a confesar la eficacia de este cuerpo, pues el Cuerpo de Directores que hubo (1965-1986, su desaparición total, sólo en Primaria) no pudo dar mejores resultados. Y no es que añore la actuación de aquellos directores con sus virtudes y defectos, sino lo que echo en falta es su profesionalidad y la de la función directiva docente.

Cuerpo de Directores

La verdadera razón de este rechazo al Cuerpo de Directores, con el correspondiente concurso-oposición, parece que tiene su raíz en que asocian Cuerpo de Directores con el Cuerpo de Directores creado en el franquismo, Para defender los modelos modernos utilizan el argumento demagógico y fundamentado en que son más democráticos. Cuando es de todos conocido que se aplica la democracia en los centros docentes de una manera que resulta lo más antidemocrático, pues son muy pocos los padres de alumnos que participan en las elecciones del Director. Y por la manera y forma en que se desarrollan y tienen lugar tales elecciones en los centros docentes.
El director con este sistema, que lo profesionalizaría, gozaría de la necesaria independencia, autoridad, prestigio y responsabilidad de un profesional. Podría ser líder pedagógico y de recursos humanos y materiales. Gozaría de autoridad sobre los demás maestros funcionarios. Pesaría sobre él la responsabilidad y última decisión del centro. Y tendría capacidad para impulsar, planificar, supervisar y evaluar todo lo concerniente al centro docente que dirige: algo de lo que hoy carece.
Por otra parte, no parece que hubiera ninguna oposición entre una dirección participativa y una dirección que actúe de acuerdo a criterios profesionales. Pues es falso el antagonismo entre una dirección profesional y participativa, no son conceptos ni actuaciones incompatibles, afirman algunos autores. Y profesionalizado el director podría fácilmente emerger entre el fuego de una Administración burocrática y una comunidad participativa exigente, que hoy no puede conseguirlo.
Es cierto que en la actualidad una dirección con mando único, personalista y profesionalizado necesitaría algunos mecanismos correctores para evitar posibles abusos y desviaciones del director en una dirección compartida y en una democracia ya consolidada. Pero no se puede olvidar tampoco que la legislación vigente ya proporciona estos mecanismos correctores: consejo escolar, claustro y equipo directivo; y, por otra parte, la Administración y, además, sindicatos, APAs. y la propia comunidad escolar.
No comprendo, por otra parte, qué maldición puede re- caer sobre dicho acceso al cargo de director, por concurso-oposición, para llegar a convertirse en un tabú tan temido que políticos, sindicatos, enseñantes, teóricos expertos en educación y otros grupos huyen despavoridos ante la mención de este tema.
Algunos arguyen y argumentan que existió, como ya he indicado, un Cuerpo de Directores en el franquismo. Esto me recuerda el tema de la Universidad Laboral de Gijón, que, como se hizo en tiempos de Girón (franquismo) ha estado relegado a un absurdo olvido por políticos, sindicatos y otros grupos de turno, hasta hace no mucho tiempo. Si es así, y no se me alcanza otra razón más poderosa, salvo que tengan otros intereses inconfesables, como perder el privilegio del dominio de la escuela, me parece pueril y sin sentido. Pero así es, mientras no se prescinda de absurdos prejuicios pasados.
Hoy es necesario a todas luces, por la envergadura e importancia de los centros docentes, un pacto en que se recogiera un eclecticismo de valores constitucionales que no tuviera color político de ningún signo, y garantizara la estabilidad y vertebración de un sistema educativo. Todo Estado necesita un sistema educativo que ayude a resolver los problemas sociales: la adquisición de una formación adecuada para el progreso de la persona y la sociabilidad de todo los ciudadanos.

 

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