La comunidad educativa vuelve
a pedir un pacto escolar

Sindicatos y patronales plantean sus reivindicaciones al futuro
Gobierno y reclaman más inversiones públicas para la enseñanza

Las principales organizaciones sindicales y patronales han vuelto a reclamar un pacto de Estado y mayores inversiones públicas para la enseñanza. Además, las organizaciones sindicales van a exigir al nuevo Gobierno un Estatuto del Profesorado y una carrera docen- te que permitan una “auténtica” promoción profesional, mientras que los empresarios piden que se respete la autonomía y el ideario de los centros concertados y demandan la actualización de los módulos para cubrir el “coste real” del puesto escolar.
Las principales organizaciones de la comunidad educativa quieren que el futuro Gobierno promocione la formación inicial y permanente del profesorado. (Foto: Rafael Martínez)

Madrid. G. A.
El sindicato ANPE cree que “las decisiones que se tomen a partir de ahora marcarán el rumbo de la educación durante los próximos años”, y recuerda que “el futuro presidente del Gobierno ha expresado ya su deseo de gobernar con el diálogo”. Por todo ello, va a exigir un pacto de Estado por la educación, “que aborde con realismo y voluntad de solución los problemas que aquejan al sistema educativo en su conjunto y al profesorado en particular”, y “el cumplimiento de las propuestas tendentes a dignificar social y profesionalmente a los docentes y a reforzar su autoridad”. En su opinión, “esta legislatura será prioritario el Estatuto del profesorado y el desarrollo de la promoción profesional o carrera docente”.
ANPE considera que la enseñanza en España necesita una inversión “bien diseñada, realista, concreta y generosa, que se exprese no sólo en el aumento de la cuantía de las becas en los niveles no obligatorios, sino también en la disminución de ratios y el aumento de plantillas que permita hacer desdobles en las materias básicas en Primaria y Secundaria”, por lo que reclama un aumento del PIB destinado a educación “que nos acerque a los primeros países en inversión educativa de la OCDE”. Y dice que hay que revisar la estructura del sistema, y volver “a los postulados del rigor y el esfuerzo como valores educativos en sí mismos”.

Negociar los estatutos

La Federación de Enseñanza de CC.OO afirma que “el futuro Gobierno socialista debe procurar un entendimiento con el PP en materias que, por su naturaleza, exigen un acuerdo de Estado, entre ellas la mejora de la educación pública”. E insiste en que el nuevo equipo del MEC deberá negociar un Estatuto para el personal docente e investigador de las universidades, y reanudar “de inmediato” la negociación del Estatuto Docente del Profesorado no universitario, que instaure una “prorroga indefinida del sistema de jubilaciones voluntarias y anticipadas establecidas en la LOE”, junto a “una promoción profesional en el propio puesto de trabajo, personal, voluntaria, progresiva y homologable en todo el Estado”.
Además, CC.OO demanda de inmediato una inversión del 7% del PIB para la enseñanza no universitaria y de 2,1% para el sistema universitario, aunque exige “las medidas necesarias” para que la inversión pública en educación alcance la media de los países más avanzados de la UE en el plazo de cinco años. También reclama otra serie de medidas, como un “plan de choque” para la ESO; un marco de carácter básico de atención a la diversidad en todas las etapas que permita reducir la ratio alumno/profesor; un plan integral de atención al alumnado inmigrante; garantizar la escolarización en edades tempranas mediante una “oferta suficiente de plazas públicas” en el primer ciclo de Educación Infantil; y establecer medidas preventivas para el alumnado con dificultades de aprendizaje.

Estabilidad

Por su parte, la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT (FETE-UGT) considera que el nuevo Gobierno ha de conceder prioridad a cuestiones, como la estabilidad del sistema educativo, una “financiación adecuada” del mismo, y el “reconocimiento social” de los trabajadores de la enseñanza. También pide un consenso entre las fuerzas políticas para conseguir dicha estabilidad, “porque sólo de esta manera podremos avanzar hacia una enseñanza de auténtica calidad”, y reclama una “adecuada inversión pública en educación, tanto de la Administración central como de las comunidades autónomas”, para llegar como mínimo al 7% del PIB.
FETE-UGT exige las medidas necesarias para “abordar los problemas que surgen en los centros docentes, reconocer el trabajo de los profesores y adoptar decisiones que contribuyan a su motivación y reconocimiento social”. Medidas que “han de quedar reguladas” en los distintos estatutos, tanto el del profesorado universitario como el del no universitario. Este último deberá definir el perfil del docente y contemplar la carrera profesional “como un elemento clave” para reconocer el trabajo de los profesores, e incorporar nuevos perfiles profesionales en los centros de enseñanza para “dar respuesta a las nuevas demandas sociales”. También quiere una “adecuada” formación inicial y permanente de los trabajadores de la enseñanza; y “sistemas integradores con los alumnos que tienen dificultades en el proceso de aprendizaje”.

Prioridad

La Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza (STES-intersindical) pide al nuevo Ejecutivo “que la educación sea su principal prioridad, y aumente la financiación hasta llegar a un 7% del PIB en esta legislatura, lo que permitiría atajar los problemas de la educación y dignificar la tarea de enseñar y al profesorado”. Además, le exige que denuncien los acuerdos con el Vaticano y “saque a la religión de la enseñanza, para que la escuela sea lugar de educación y aprendizaje y no de adoctrinamiento”. E insiste en que se reduzca el número de alumnos por aula en todas las etapas.
Los STES-i también reivindican otra serie de medidas concretas, como que se otorgue prioridad a la planificación educativa sobre “el pretendido derecho de elección de centro”. Por eso reclama comisiones de escolarización en todos los municipios y barrios de las grandes ciudades y la eliminación de “las prácticas selectivas de los centros privados, porque el suelo público debe ser para la escuela pública”. Finalmente, quiere que se quiten los conciertos “a los centros que segregan al alumnado en función del sexo”, y que se aumente el sueldo a los profesores en 275 euros mensuales “como medida de apoyo ante la reforma educativa y por la complejidad de su tarea ante la coyuntura social actual”.

Libertad real

La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) sigue abogando por buscar “un pacto político y social que se base en dar el espacio necesario a la libertad real, buscando la lógica y la política no partidista; un pacto en el que quepamos todos, respetando a los que pensamos de forma distinta”. Esta patronal cree que para ello “hay que trabajar en firme y tener en cuenta que el fracaso escolar es una evidencia que no se soluciona con palabras, sino con hechos”. Insiste en que hay que resolver “el deterioro social” con “proyectos firmes que amparen a las familias, a sus convicciones y, especialmente, a la juventud de hoy amenazada por  graves problemas como el alcohol, las drogas, etc”. Y pide una “educación en libertad”.
Por último, las asambleas generales de Educación y Gestión (EyG) y FERE-CECA han reiterado su “apuesta por el diálogo con vistas a un pacto escolar”, como única manera de resolver los problemas que hoy tiene planteado nuestro sistema educativo”. Además, han reclamado “el desarrollo de las libertades educativas”; el tratamiento “igualitario” a todos los centros; la rápida aprobación del reglamento de conciertos “en consonancia con la letra y el espíritu del acuerdo alcanzado por partidos e instituciones en torno a la LOE”; el estudio del coste del puesto escolar y la “consiguiente adaptación del módulo”.
Según estas dos organizaciones representativas de las escuelas católicas, los resultados del informe PISA 2006 relativos a la educación en España aconsejan aumentar la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los centros concertados, “al tiempo que se mantiene el apoyo que se recibe del Estado”. Y favorecer también “el compromiso de la comunidad escolar en torno al proyecto educativo del centro; facilitar la adquisición de las competencias básicas (en especial la comprensión lectora) y establecer metas más elevadas y altas expectativas del éxito en los alumnos para frenar el fracaso escolar; promocionar la formación inicial y permanente del profesorado; y continuar con los procesos de integración e igualdad de oportunidades”.

 

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