Convocados los premios Miguel Hernández 2008

Rodríguez Zapatero apuesta por el aprendizaje del inglés

La FP contará con una red de Centros de Referencia Nacional

Rechazan el derecho a la objeción conciencia contra EpC
Premios Extraordinarios de FP de Grado Superior 2006-2007
Eurydice analiza la autonomía de los centros en países europeos
 

Convocados los premios Miguel Hernández 2008

Madrid.Reconocer y divulgar la labor de instituciones públicas, entidades privadas sin ánimo de lucro y centros públicos de Educación de Personas Adultas, en el ámbito de la alfabetización de adultos y en la educación de grupos desfavorecidos en la finalidad de los Premios Miguel Hernández, que convoca el Ministerio de Educación y Ciencia.
Los aspirantes deberán haber realizado actuaciones de educación básica, fomento de la igualdad de oportunidades, dinamización de la lectura para la inclusión social, alfabetización de inmigrantes, aprendizaje intercultural y formación en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
El jurado concederá un primer premio de 36.500 euros, un segundo de 24.250 euros y un tercero de 15.200 euros.
Para la selección se valorará que el proyecto plantee la educación y la formación básica de las personas adultas como una forma de ampliar conocimientos, habilidades y destrezas, en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida, así como facilitar el acceso a las distintas enseñanzas del sistema educativo. También se tendrá en cuenta que el proyecto se dirija a mejorar la cualificación profesional o a adquirir una preparación para el ejercicio de otras profesiones y a desarrollar las capacidades personales, entre otros criterios.
Las candidaturas se remitirán al Director General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa y se presentarán en el Registro General del MEC, calle Los Madrazo, nº 17, 28071 Madrid. El plazo de admisión de la instancia, la memoria del proyecto y la documentación será de treinta días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del Estado, núm. 43, de fecha 19 de febrero de 2008.

 
   

Rodríguez Zapatero apuesta por el
aprendizaje del inglés

Madrid. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado durante un acto celebrado en un instituto de Fuenlabrada (Madrid)que promoverá la contratación a tiempo parcial de 12.000 profesores y 8.000 auxiliares nativos de inglés, para conseguir que, al final de la legislatura, un 15% de las actividades escolares se desarrollen en este idioma y que en una década todos los jóvenes sean capaces al finalizar la educación obligatoria, de utilizar el inglés como lengua de comunicación y trabajo. El presidente del Gobierno también ha anticipado que, si gana las próximas elecciones del 9 de marzo, 4.000 profesores de Educación Infantil podrán realizar cursos de iniciación al inglés y 20.000 docentes podrán llevar a cabo cursos intensivos de perfeccionamiento en Estados Unidos y Reino Unido.
Además, Zapatero se comprometió a crear nuevos programas para que 200.000 estudiantes al año realicen estancias de un mes en países de habla inglesa, frente a los 50.000 que ya lo han hecho este año; así como, 50.000 jóvenes participarán este programa el próximo verano.
De igual modo, anticipó que reforzará las bibliotecas escolares, a obtener el mejor aprovechamiento de la media hora de lectura diaria en los centros y a crear una comisión de expertos que analice la situación de la lectura en las aulas y proponga actuaciones para mejorar la comprensión lectora. Durante su intervención en este acto el presidente aseguró que adoptará medidas para incentivar a los profesores, reforzar su autoridad y combatir el fracaso escolar. También recordó el compromiso de crear 300.000 plazas de Educación Infantil en el tramo de 0 a 3 años, que cubrirán el 90% de la demanda.

 
   

La FP contará con una red de Centros
de Referencia Nacional

Madrid. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regulan los Centros de Referencia Nacional en el ámbito de la Formación Profesional. Estos Centros, cuya finalidad es desarrollar la innovación y experimentación en formación profesional, se constituirán en red con implantación en todas las Comunidades Autónomas, estarán especializados en los sectores productivos y darán cobertura a todas las familias profesionales en las que se estructura el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales.
La creación de la red de centros permitirá una FP más competitiva, en la línea del objetivo establecido por el Consejo Europeo de Lisboa de 2000 de mejorar la calidad, la equidad y la eficacia de los sistemas de formación y educación, para conseguir el progreso económico y el crecimiento del empleo, así como dar respuesta a los cambios en la demanda de cualificación de los sectores productivos.
La titularidad de estos Centros podrá ser de la Administración General del Estado o de la Administración autonómica. El desarrollo de sus funciones se realizará sobre un Plan de Actuación Plurianual, elaborado por los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de Educación y Ciencia. Se realizará en colaboración con las Comunidades Autónomas y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el seno del Consejo General de Formación Profesional.
Cada Centro elaborará un Plan de trabajo anual que será aprobado y reflejado en un convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y la Administración autonómica, a partir de la propuesta aprobada por el Consejo Social del Centro.
Para su financiación, la Administración garantizará los recursos económicos suficientes para el desempeño de las funciones asignadas a los Centros de Referencia Nacional y de las actividades establecidas en el Plan de Actuación plurianual, y facilitará, en su caso, las inversiones requeridas para la actualización de los equipamientos. Las Administraciones podrán regular el procedimiento que permita a los Centros de Referencia Nacional obtener recursos complementarios mediante la oferta de servicios, de acuerdo con su normativa presupuestaria.
Estos Centros contarán con un Consejo social u órgano de participación social, compuesto por representantes de la Administración, de las administraciones autonómicas y de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el ámbito estatal. Se contempla la posibilidad de revocar la condición de los Centros cada cuatro años en base a las evaluaciones anuales de las actuaciones de estos centros.


   

Más de 50.000 docentes y estudiantes
se manifiestan contra la futura
ley de Educación de Cataluña

Madrid. Alrededor de 50.000 docentes y estudiantes se han manifestado el 14 de febrero por el centro de Barcelona en contra de las líneas fundamentales contenidas en el proyecto de Ley de Educación presentado por la Consellería de Educación de la Generalitat. La manifestación, que según los cálculos sindicales fue seguida por 60.000 personas, ha sido la más importante que tiene lugar en el ámbito de la enseñanza en los últimos diez años. La protesta discurrió en un ambiente festivo y reivindicativo desde la plaza Universidad hasta la de Sant Jaume, donde se leyó un manifiesto. El comunicado, leído por la dirigente de USTEC-STEC, Rosa Cañadell, reclama la retirada del documento de bases de la ley y advierte al conseller de Educación, Ernest Maragall, de que sería “suicida” llevar adelante un proyecto que ha hecho salir a la calle a decenas de miles de docentes y que ha provocado un paro “masivo” en escuelas e institutos de Cataluña.
La huelga, convocada por los cinco sindicatos más representativos del sector público, ha tenido, según los sindicatos, un seguimiento de entre el 90% y el 100% en los centros de educación infantil y primaria, y de un 70% en los institutos, cifras que el Gobierno de la Generalitat reduce hasta el 53%.
Cañadell, como antes había hecho también el secretario general de CC.OO. en Cataluña, Joan Coscubiela, ha asegurado que si el conseller de Educación no rectifica y acepta retirar el documento, podrían convocarse nuevas movilizaciones y no descarta una nueva convocatoria de huelga.
Los convocantes del paro - USTEC-STEC, CCOO, ASPEPC-SPS, FETE-UGT y CGT- rechazan, en especial, las nuevas fórmulas de gestión de los centros escolares que recoge el documento de bases de la ley de Educación, al creer que abrirán la puerta a su privatización y a un empeoramiento de las condiciones de trabajo de los docentes. Desde el punto de vista sindical, dichas bases amenazan con el “desmantelamiento” del sistema público de enseñanza.
Los cinco sindicatos más representativos en la enseñanza, CC.OO, STES-Intersindical, ANPE, CSIF y FETE-UGT han ofrecido una rueda de prensa en Madrid para anunciar su apoyo a esta huelga. Las organizaciones sindicales de ámbito estatal coinciden en que el borrador presentado por la Consellería de Educación del Gobierno catalán atenta contra la enseñanza pública y las condiciones laborales del profesorado y limita la autonomía de los centros. El secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO, José Campos, ha denunciado que el objetivo del proyecto es privatizar el servicio público de la enseñanza apostando por la gestión privada y la intervención unilateral en las condiciones laborales de los trabajadores del sector.

 
   

TSJ de Asturias rechaza el derecho a la objeción conciencia contra Educación para la Ciudadanía

Madrid. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha rechazado que exista el derecho de objeción de conciencia para negarse a cursar la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC). En siete sentencias correspondientes a otros tantos recursos presentados por padres de alumnos en esta Comunidad Autónoma, el TSJA reconoce el derecho del Estado a regular las materias y contenidos de la enseñanza, por lo que desestima los citados recursos, que entendían que cursar esta materia iba contra la libertad de conciencia y las convicciones morales de los recurrentes. El consejero de Educación asturiano, José Luis Iglesias Riopedre, ha calificado de “positivas” las resoluciones y ha anunciado que los alumnos deberán volver a las clases de esta materia.
Asimismo el TSJA reconoce el derecho del Estado a regular los contenidos de la enseñanza independientemente de las convicciones morales de cada persona. Las sentencias señalan que ni la regulación jurídica ni los contenidos de la EpC vulneran derechos fundamentales, por lo que no existe un derecho a la objeción de conciencia en este caso. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias recuerda también el contenido de la LOE, por la que se incluye la EpC en el currículo escolar, y que dice textualmente que los contenidos de esta asignatura “no pueden considerarse alternativos o sustitutorios de la enseñanza religiosa, no entran en contradicción con la práctica democrática que inspira la vida escolar” y asegura que la educación en valores debe ser de carácter transversal.
Riopedre ha señalado que, si bien estas sentencias admiten recursos en el Tribunal Supremo, al haber sido rechazados otros en la misma dirección en tribunales superiores de Justicia de diferentes CC.AA., parece haber “una corriente jurídica en contra del derecho a la objeción de conciencia en esta materia”. La Consejería de Educación del Principado recibió a finales del pasado año 33 peticiones de objeción de conciencia, tanto para tercero como para cuarto curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), y las rechazó todas. El consejero ha afirmado que las sentencias reconocen el correcto contenido jurídico de la resolución emitida por su departamento, que rechazó el derecho de los padres a no enviar a sus hijos a clases de esta asignatura.
Por su parte, la ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, ha afirmado que estas sentencias del TSJA confirman la asignatura “es compatible con los principios constitucionales”. Según Cabrera, la EpC “es, precisamente, promotora de la difusión de esos valores democráticos y constitucionales”.

   
 

Convocatoria de los Premios Extraordinarios de FP de Grado Superior 2006-2007

Madrid. El Ministerio de Educación y Ciencia ha hecho pública una orden, recogida en el “Boletín Oficial del Estado” de fecha 7 de febrero, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior correspondientes al curso 2006-07.
Podrán optar al Premio Extraordinario los alumnos que, habiendo cursado los estudios de Formación Profesional de Grado Superior en centros docentes españoles dependientes de la gestión directa del Ministerio de Educación y Ciencia, bien presencialmente o en la modalidad de enseñanza a distancia, los hayan finalizado, incluido el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, durante 2007.
Para optar a estos premios, que cuentan con una dotación de 600 euros casa uno, será necesario haber obtenido como calificación final una puntuación igual o superior a 8,5 puntos. Dicha calificación final será la media aritmética de las calificaciones de los módulos profesionales que tengan expresión numérica, sin que se tengan en cuenta en dicho cálculo, las calificaciones de “apto”, “exento” o “convalidado”.
Los alumnos que, reuniendo los requisitos indicados, deseen optar al premio Extraordinario, se inscribirán en el centro en el que se encuentre su expediente académico hasta el día 29 de febrero de 2008, inclusive, aportando la siguiente documentación: Instancia formulada según modelo especificado en la orden y breve currículum vitae con indicación, en su caso, de los premios o becas que hubieran obtenido y otros méritos cualesquiera que se desee alegar, acompañados de la fotocopia compulsada de la documentación acreditativa correspondiente.
Los centros dependientes de las Consejerías del Ministerio de Educación y Ciencia en el exterior remitirán antes del 4 de marzo de 2008, las solicitudes presentadas a la correspondiente Consejería de Educación, quienes a su vez remitirán a la Subdirección General de Becas y Promoción Educativa antes del 6 de marzo de 2008, la documentación de los alumnos inscritos.
Por su parte, los centros dependientes del Convenio entre los Ministerios de Educación y Ciencia y Defensa, remitirán a la Subdirección General de Becas y Promoción Educativa, antes del 4 de marzo de 2008, la documentación de los alumnos inscritos.

 
 

Un informe de Eurydice analiza la autonomía de los centros educativos en los países europeos

Madrid. Las escuelas en España tienen poca autonomía a la hora de elegir a su personal, área en la que el consejo escolar suele ser el único responsable de esas decisiones, según un estudio de la Red de Información sobre Educación en Europa (Eurydice), informa Efe. El documento pasa revista a la autonomía de las escuelas de primaria y secundaria en treinta países (todos los de la UE, además de Islandia, Liechtenstein y Noruega) y revela las diferencias entre el norte de Europa, donde los establecimientos cuentan con más competencias, y el sur, en el que las libertades son “más limitadas”. El informe se centra en el grado de competencia de los centros escolares en materia de gestión de recursos financieros y humanos y en el área pedagógica.
Sobre España, el estudio recuerda que, junto con Francia y el Reino Unido, fue uno de los primeros países en emprender, en la década de los 80, las reformas para aumentar la autonomía en las escuelas, a pesar de lo cual figura entre los Estados donde los cambios han sido más moderados. En el otro extremo se encuentran Bélgica, Holanda, la República Checa, Estonia y Suecia.
“España comparte con Francia el hecho de haber fijado las primeras bases de la autonomía escolar desde 1985. La nueva ley de 2006, en fase de aplicación, ha reforzado el principio de autonomía escolar, sobre todo en el área pedagógica y la gestión financiera”, señala un comunicado de Eurydice. No obstante, añade, “en materia de recursos humanos, se deja poca autonomía a los establecimientos escolares. El consejo de gestión escolar es en general el único responsable de la toma de decisiones, mientras que en la mayoría de países el director del centro también juega un papel importante”. Revela que esa misma tendencia se observa, aunque en menor medida, en Irlanda y Rumanía.
En más de la mitad de los países no se concede autonomía alguna a los centros para designar a los directores, lo que, por el contrario, sí está más extendido cuando se trata de nombrar a los profesores. Según el documento, en España, Bélgica, Irlanda, Italia, Rumanía y el Reino Unido los consejos escolares desempeñan un papel más importante que en el resto de Estados. Sobre la gestión económica, explica que en la gran mayoría de países las escuelas tienen autonomía en cuanto a gastos de funcionamiento y, en general, pueden recolectar fondos privados. La responsabilidad de la gestión corresponde normalmente al director y al consejo escolar.
Las propuestas de gasto de los centros docentes españoles, explica el texto, deben ser aprobadas y financiadas por las autoridades locales (en el caso de la escuela primaria) o las autonómicas (en la secundaria).
Respecto a la financiación privada, el documento precisa que en España los centros no se pueden beneficiar de recursos procedentes de las actividades de asociaciones de padres o alumnos y que el uso de fondos privados está reglamentado.

 
   
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