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catálogo estatal”
en el que figuren los nombres y símbolos que “aún perduren” de esta etapa.
Estas iniciativas, que fueron aprobadas por nueve votos a favor y cinco
en contra, surgen de una propuesta de resolución del Sindicato de Estudiantes
(SE).
La resolución
se basa en el cumplimiento de la Ley de 2007 que reconoce y amplía derechos
y establece medidas a favor de los que padecieron persecución o violencia
durante la Guerra y la dictadura, conocida como Ley de Memoria Histórica.
La resolución explica que el artículo 15 de la citada norma establece
que el Gobierno colaborará con las comunidades autónomas y las entidades
locales para elaborar un catálogo de vestigios relativos a la Guerra y
la dictadura.
Según señala
el documento, “en el terreno educativo, pensamos que es responsabilidad
del Ministerio de Educación colaborar para poner en marcha dicho catálogo
estatal” y que “desgraciadamente, la comunidad educativa no se ha librado
de la herencia que supuso la dictadura franquista y decenas de centros
educativos mantienen un legado inaceptable en una democracia como la nuestra”.
También se indica que en “numerosos centros educativos tienen escudos, insignias, placas
y otros objetos o menciones conmemorativos en sus dependencias, o su propia
denominación es un exaltación personal o colectiva” de esos sucesos, que
“en ningún caso son ni recuerdos privados, ni elementos artísticos, arquitectónicos
o artístico-religiosos”.
Intervenciones
respetuosas
En
declaraciones a agencias, la presidenta de este organismo, Carmen Maestro,
ha señalado, que la enseñanza no universitaria pide así a las administraciones
que actúen “con diligencia” en el ámbito de sus competencias. “Son temas
que todavía generan pasiones, pero en realidad con lo que estamos de acuerdo
es con la ley, como no podría ser de otra manera”, ha asegurado. Según
dijo, el ambiente del debate y las intervenciones han sido “muy respetuosas”,
aunque cada uno defiende su posición con pasión.
Sin
embargo, Maestro, ha puntualizado que en la propuesta original del SE
se introdujo una modificación, ya que el Consejo “no tiene competencia
para aplicar la Ley de Memoria Histórica, ni actuar en cuanto a los nombres
de los centros”, tal y como solicitaba este colectivo en su escrito.
La resolución
obtuvo el voto favorable del Sindicato de Estudiantes, la Confederación
Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), la Confederación
de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza (STES-i),
CC OO, UGT, el representante del MEC y el vicepresidente del Consejo Escolar
del Estado, Patricio de Blas. En contra, votaron Rosa de la Cierva, del
grupo de personalidades de reconocido prestigio, la Confederación Católica
Nacional de Padres de Familia y Padres (CONCAPA), la Federación de Sindicatos
Independientes de la Enseñanza (FSIE), la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales y la patronal educativa. Asimismo, y hubo dos abstenciones.
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