Madrid.
Con la nueva regulación, según se precisa en el real decreto, el Estado establece las condiciones básicas del sistema de becas y ayudas, referidas a las enseñanzas a las que se dirigen, sus modalidades y cuantías, así como las condiciones, tanto académicas como económicas, que deben reunir los beneficiarios.
Algunas de estas condiciones básicas, como las cuantías de las becas y ayudas o los umbrales máximos de renta y patrimonio familiar que dan derecho a las mismas, se establecerán anualmente por real decreto.
El artículo 27 de la Constitución Española establece, en sus apartados 1 y 5, que “todos tienen el derecho a la educación” y que “los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes”.
Para hacer efectivo este derecho, según se precisa en el preámbulo del real decreto, “las Leyes Orgánicas dictadas en desarrollo del artículo 27 de la Constitución contienen regulaciones concretas sobre el sistema de becas o ayudas al estudio”, y “encomiendan al Estado el establecimiento, con cargo a sus Presupuestos Generales, de un sistema general de becas y ayudas al estudio, con el fin de que todas las personas, con independencia de su lugar de residencia, disfruten de las mismas condiciones en el ejercicio del derecho a la educación”.
Este real decreto viene a dar cumplimiento al mencionado mandato del legislador orgánico, “procediendo a modificar el vigente régimen centralizado de gestión de las becas y ayudas al estudio, una vez que todas las Comunidades Autónomas han asumido competencias en materia de educación y tras la reforma de algunos Estatutos de Autonomía que establecen la competencia compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas respecto al régimen de fomento del estudio y de las becas y ayudas estatales”.
En virtud de lo establecido en el real decreto, se otorga a las Comunidades Autónomas la capacidad para desarrollar la normativa básica en materia de becas y ayudas, así como para realizar la convocatoria, gestión, resolución, adjudicación, pago y resolución de recursos, acercando de este modo la gestión de las becas al ciudadano.

Igualdad en el acceso

A través de este real decreto se persigue un doble objetivo. Se trata, por una parte, de lograr un sistema de becas y ayudas el estudio que garantice la igualdad en el acceso a las becas en todo el territorio, y, por otro, de dar cumplimiento a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en esta materia, y concretamente a la recogida en las Sentencias 188/2001, de 20 de septiembre y Sentencia 212/2005, de 21 de julio, “todo ello manteniendo la eficacia y eficiencia del sistema”.
Fuera del ámbito puramente educativo, tienen una importante incidencia en esta materia, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones y la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso de la productividad, cuya disposición adicional novena excluye a las becas del régimen de concesión en concurrencia competitiva al establecer que “las becas y ayudas al estudio para seguir estudios reglados y para las que no se fije un número determinado de beneficiarios, se concederán de forma directa”. Esta misma disposición prevé que se aprobará anualmente un real decreto que fijará los umbrales económicos y los demás requisitos necesarios para obtener beca o ayuda al estudio.

Cinco capítulos

El capítulo I, de los cinco en que se articula el real decreto, define los conceptos de beca y de ayuda al estudio, distinguiendo las becas territorializadas, respecto de las cuales el Estado establece la normativa básica y las Comunidades Autónomas el desarrollo legislativo y la ejecución, de aquellas otras no territorializadas cuya competencia corresponde enteramente al Estado.
Atendiendo a esa distinción, se establecen las normas generales aplicables a ambos tipos de becas.
Por su parte el capítulo II señala los requisitos económicos para ser beneficiario de beca, a cuyos efectos, regula los miembros computables, la renta familiar, su composición y deducciones así como el patrimonio familiar, mientras el capítulo III establece los requisitos académicos para obtener beca en las distintas enseñanzas y el capitulo IV determina los principios, condiciones de revocación y reintegro e incompatibilidad de las becas y ayudas estatales. Finalmente, el capitulo V aborda el régimen de las becas y ayudas territorializadas distinguiendo las becas convocadas con número predeterminado de beneficiarios de aquéllas que se convocan sin esta predeterminación.
Según se establece en el real decreto, podrán concederse becas para cursar alguna de las siguientes enseñanzas: Bachillerato, Formación Profesional, enseñanzas artísticas profesionales, enseñanzas de idiomas, enseñanzas deportivas, enseñanzas conducentes al título universitario oficial de Grado, enseñanzas conducentes al título oficial de Máster universitario, enseñanzas artísticas superiores y otros estudios superiores. Asimismo, podrán concederse ayudas al estudio para cursar alguna de las siguientes enseñanzas: Educación infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, programas de cualificación profesional inicial y cursos destinados a la preparación de las pruebas de acceso a la Formación Profesional y a la Universidad.

Condiciones de los beneficiarios

Para ser beneficiario de las becas y ayudas al estudio reguladas en este real decreto será preciso:
a) No estar en posesión o no reunir los requisitos legales para la obtención de un título del mismo o superior nivel al correspondiente al de los estudios para los que se solicita la beca o ayuda.
b) Cumplir los requisitos básicos establecidos en este real decreto así como los que fijen las Administraciones educativas en las convocatorias propias de la beca o ayuda de que se trate.
c) Estar matriculado en alguna de las enseñanzas del sistema educativo español que se enumeran en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación.
d) Ser español, o poseer la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea. En este último caso se requerirá que el propio estudiante o sus sustentadores se encuentren trabajando en España. En el supuesto de estudiantes no comunitarios, se aplicará lo dispuesto en la normativa sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Además, para la concesión de las ayudas a los alumnos que presenten necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, se requerirá que el solicitante sea identificado como tal por el personal con la debida cualificación y en los términos que determinen las Administraciones educativas. Deberá además estar escolarizado en un centro específico, en una unidad de educación especial de un centro ordinario o en centro ordinario que haya sido autorizado para escolarizar alumnos que presentan necesidades educativas especiales.
Para la obtención de las becas o ayudas que se convoquen con una limitación del número de beneficiarios será preciso que el solicitante, además de cumplir los requisitos establecidos, alcance un coeficiente de prelación que le sitúe dentro del número de becas o ayudas convocadas o del crédito destinado a esa finalidad.