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Un
auto levanta cautelarmente la obligatoriedad de asistir a Educación
para la Ciudadanía
Madrid.
Un auto emitido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) levanta cautelarmente
la obligatoriedad de acudir a clase de Educación para la Ciudadanía
a uno de los alumnos que han objetado contra la asignatura. La argumentación
del tribunal se basa en que esta medida no afecta al interés general,
y que si no se aplicara tendría un efecto contrario en caso de que
la sentencia fuera favorable al demandante.
La Sala
ha argumentado que los demandantes, padres de un alumno de tercero
de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), no tienen obligación
de enviar a su hijo a clase de esta asignatura, porque “la suspensión
del acto recurrido en nada perjudica a terceros, ni perjudica al
interés general”.
Asimismo
el auto señala que “no existe otro interés general que el relativo
a que todos los alumnos que alcancen una determinada edad obtengan
unas mismas enseñanzas”, por lo que “no causa perturbación a dicho
interés” ya que “se trata de una asignatura cuya obligatoriedad
no alcanza a todo el territorio nacional”.
Otro
argumento expresado por la Sala hace referencia a que si no se tomara
esta medida cautelar, cuando llegue la sentencia, en caso de que
sea favorable a los demandantes, “el resultado ya se habría producido”
y el alumno ya habría recibido enseñanzas no deseadas por sus padres.
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Guía
de ayuda a los profesores del Defensor
del Menor de Madrid
Madrid.
La Oficina del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid va a
distribuir en los centros de enseñanza, públicos y privados, una
guía para ayudar a los profesores a detectar y prevenir situaciones
problemáticas, relacionadas con la salud o el maltrato, y saber
cómo actuar en esos casos, informa Efe. La guía, que lleva por título
Protocolos de respuesta para equipos directivos y profesorado
ante situaciones problemáticas en los centros educativos, ha
sido publicada por la Obra Social Caja Madrid, y elaborada por diversos
grupos de expertos relacionados con todas las materias que recoge
el libro.
En la
presentación de la guía ante los medios de comunicación, el Defensor
del Menor, Arturo Canalda, explicó que la obra consta de tres partes
claramente diferenciadas: una dedicada a la salud, otra al acoso
escolar entre iguales y una tercera al maltrato infantil. La primera
parte contiene información sobre diversos tipos de afecciones, enfermedades
y accidentes, como golpes, quemaduras, alergias, diabetes, trastornos
alimentarios (anorexia y bulimia), obesidad, y consejos para evitar
la obesidad a través de menús escolares equilibrados y de ejercicios
físicos, entre otros asuntos. La segunda parte incluye explicaciones
sobre el acoso escolar o el maltrato entre iguales y ofrece pautas
de actuación para este tipo de situaciones.
Canalda
precisó que los casos de palizas entre adolescentes que se cuelgan
en la Red son “casos aislados de indisciplina en las aulas” porque,
aunque el acoso es un tema importante, “no tiene las dimensiones”
que “se le quiere dar” desde los medios de comunicación, aseguró.
La tercera parte de la guía se centra en el maltrato infantil, “el
más silencioso”, advirtió Canalda, quien precisó que sólo se detectan
entre el veinte y el treinta por ciento de los casos de abuso o
maltrato a los niños.
La guía
quiere ayuda a los profesores a reconocer los comportamientos que
pueden indicar que los niños sufren maltrato físico o psíquico en
sus casas (abandono, abusos sexuales, palizas, etc), a través de
explicaciones sobre los síntomas que suelen presentar estos menores,
los factores de riesgo y los aspectos sociales que lo acompañan.
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ANPE
pide mayor aumento salarial
para los docentes
Madrid.
El sindicato ANPE ha pedido un aumento retributivo para los profesores,
para hacer frente al incremento del IPC anual, así como la introducción
de una cláusula de revisión salarial que evite a los maestros “la
constante pérdida de poder adquisitivo”. A través de un comunicado
este sindicato señala que en los últimos diez años los profesionales
de la enseñanza han perdido más de un 20% de poder adquisitivo.
“El IPC subió cinco décimas durante noviembre pasado, lo deja la
tasa de inflación interanual en el 4,1%; sin embargo para los funcionarios
docentes está previsto un incremento de sueldo del 2%”, indican
en ANPE.
ANPE
también denuncia que las medidas de apoyo al profesorado contenidas
en la LOE que implican retribución económica siguen sin ponerse
en marcha y se ha incumplido el compromiso de establecer un Estatuto
de la Función Docente. Según este sindicato “a carencia de una cláusula
de revisión salarial para los funcionarios docentes "nos aleja
año tras año de la realidad económica, nos discrimina respecto a
otros colectivos y deja patente una vez más que todo lo relacionado
con el sistema educativo es secundario en los Presupuestos Generales
del Estado".
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FETE-UGT
cree que el modelo de gestión privada no debe trasladarse a la pública
Madrid.
FETE-UGT ha pedido al Gobierno que no se traslade el modelo de gestión
privada a los centros educativos públicos. Según este sindicato
no se puede admitir un modelo que suponga “acabar con la selección
objetiva y pública de los docentes, con una dirección segregada
de los centros, un modelo en el que la autonomía escolar no esté
controlada por la administración y en el que la externalización
de los servicios educativos pueda afectar a perfiles profesionales
que, en la actualidad, están laboralizados”.
Para
este sindicato, el desarrollo de la LOE en las diferentes CC.AA.
se está concretando “en acuerdos o leyes autonómicas que se están
negociando bajo la presión de varias encuestas e informes”, y que
“son interpretados parcialmente y no en su conjunto y se utilizan
como pretexto para tomar medidas liberales en materia educativa”.
Asimismo,
FETE critica que el Gobierno no haya elaborado en esta legislatura
un Estatuto del Docente que regule la carrera profesional del sector,
así como la “falta” de desarrollo por parte del MEC de los aspectos
que afectan a estos profesionales, relacionados con la Ley Orgánica
de la Enseñanza (LOE) y la Ley Orgánica de Universidades (LOU).
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