Un auto levanta cautelarmente la obligatoriedad de asistir a EpC

Guía de ayuda a los profesores del Defensor del Menor de Madrid

ANPE pide mayor aumento salarial para los docentes

 

Un auto levanta cautelarmente la obligatoriedad de asistir a Educación para la Ciudadanía

Madrid. Un auto emitido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) levanta cautelarmente la obligatoriedad de acudir a clase de Educación para la Ciudadanía a uno de los alumnos que han objetado contra la asignatura. La argumentación del tribunal se basa en que esta medida no afecta al interés general, y que si no se aplicara tendría un efecto contrario en caso de que la sentencia fuera favorable al demandante.
La Sala ha argumentado que los demandantes, padres de un alumno de tercero de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), no tienen obligación de enviar a su hijo a clase de esta asignatura, porque “la suspensión del acto recurrido en nada perjudica a terceros, ni perjudica al interés general”.
Asimismo el auto señala que “no existe otro interés general que el relativo a que todos los alumnos que alcancen una determinada edad obtengan unas mismas enseñanzas”, por lo que “no causa perturbación a dicho interés” ya que “se trata de una asignatura cuya obligatoriedad no alcanza a todo el territorio nacional”.
Otro argumento expresado por la Sala hace referencia a que si no se tomara esta medida cautelar, cuando llegue la sentencia, en caso de que sea favorable a los demandantes, “el resultado ya se habría producido” y el alumno ya habría recibido enseñanzas no deseadas por sus padres.

 
   

Guía de ayuda a los profesores del Defensor
del Menor de Madrid

Madrid. La Oficina del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid va a distribuir en los centros de enseñanza, públicos y privados, una guía para ayudar a los profesores a detectar y prevenir situaciones problemáticas, relacionadas con la salud o el maltrato, y saber cómo actuar en esos casos, informa Efe. La guía, que lleva por título Protocolos de respuesta para equipos directivos y profesorado ante situaciones problemáticas en los centros educativos, ha sido publicada por la Obra Social Caja Madrid, y elaborada por diversos grupos de expertos relacionados con todas las materias que recoge el libro.
En la presentación de la guía ante los medios de comunicación, el Defensor del Menor, Arturo Canalda, explicó que la obra consta de tres partes claramente diferenciadas: una dedicada a la salud, otra al acoso escolar entre iguales y una tercera al maltrato infantil. La primera parte contiene información sobre diversos tipos de afecciones, enfermedades y accidentes, como golpes, quemaduras, alergias, diabetes, trastornos alimentarios (anorexia y bulimia), obesidad, y consejos para evitar la obesidad a través de menús escolares equilibrados y de ejercicios físicos, entre otros asuntos. La segunda parte incluye explicaciones sobre el acoso escolar o el maltrato entre iguales y ofrece pautas de actuación para este tipo de situaciones.
Canalda precisó que los casos de palizas entre adolescentes que se cuelgan en la Red son “casos aislados de indisciplina en las aulas” porque, aunque el acoso es un tema importante, “no tiene las dimensiones” que “se le quiere dar” desde los medios de comunicación, aseguró. La tercera parte de la guía se centra en el maltrato infantil, “el más silencioso”, advirtió Canalda, quien precisó que sólo se detectan entre el veinte y el treinta por ciento de los casos de abuso o maltrato a los niños.
La guía quiere ayuda a los profesores a reconocer los comportamientos que pueden indicar que los niños sufren maltrato físico o psíquico en sus casas (abandono, abusos sexuales, palizas, etc), a través de explicaciones sobre los síntomas que suelen presentar estos menores, los factores de riesgo y los aspectos sociales que lo acompañan.

 
   

ANPE pide mayor aumento salarial
para los docentes

Madrid. El sindicato ANPE ha pedido un aumento retributivo para los profesores, para hacer frente al incremento del IPC anual, así como la introducción de una cláusula de revisión salarial que evite a los maestros “la constante pérdida de poder adquisitivo”. A través de un comunicado este sindicato señala que en los últimos diez años los profesionales de la enseñanza han perdido más de un 20% de poder adquisitivo. “El IPC subió cinco décimas durante noviembre pasado, lo deja la tasa de inflación interanual en el 4,1%; sin embargo para los funcionarios docentes está previsto un incremento de sueldo del 2%”, indican en ANPE.
ANPE también denuncia que las medidas de apoyo al profesorado contenidas en la LOE que implican retribución económica siguen sin ponerse en marcha y se ha incumplido el compromiso de establecer un Estatuto de la Función Docente. Según este sindicato “a carencia de una cláusula de revisión salarial para los funcionarios docentes "nos aleja año tras año de la realidad económica, nos discrimina respecto a otros colectivos y deja patente una vez más que todo lo relacionado con el sistema educativo es secundario en los Presupuestos Generales del Estado".


   

FETE-UGT cree que el modelo de gestión privada no debe trasladarse a la pública

Madrid. FETE-UGT ha pedido al Gobierno que no se traslade el modelo de gestión privada a los centros educativos públicos. Según este sindicato no se puede admitir un modelo que suponga “acabar con la selección objetiva y pública de los docentes, con una dirección segregada de los centros, un modelo en el que la autonomía escolar no esté controlada por la administración y en el que la externalización de los servicios educativos pueda afectar a perfiles profesionales que, en la actualidad, están laboralizados”.
Para este sindicato, el desarrollo de la LOE en las diferentes CC.AA. se está concretando “en acuerdos o leyes autonómicas que se están negociando bajo la presión de varias encuestas e informes”, y que “son interpretados parcialmente y no en su conjunto y se utilizan como pretexto para tomar medidas liberales en materia educativa”.
Asimismo, FETE critica que el Gobierno no haya elaborado en esta legislatura un Estatuto del Docente que regule la carrera profesional del sector, así como la “falta” de desarrollo por parte del MEC de los aspectos que afectan a estos profesionales, relacionados con la Ley Orgánica de la Enseñanza (LOE) y la Ley Orgánica de Universidades (LOU).

 
   
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