ANPE reclama la consideración de autoridad pública para el profesorado en el ejercicio docente

Un 20% de las más de 4.600 atenciones realizadas por el Defensor del Profesor denuncian agresiones verbales, y un 7% agresiones físicas

Madrid.
El 70% de los docentes que se dirigen al Defensor del Profesor del sindicato ANPE lamentan la imposibilidad de dar clase por la actitud de algunos alumnos, el 20% denuncia agresiones verbales, el 7%, de tipo físico y un 3% menciona problemas   con   la   administración,

Nicolás Fernández Guisado, presidente nacional de ANPE, junto a Fernández Jiménez e Inmaculada Suárez, durante
la presentación de la Memoria.

según indicó el presidente nacional de ANPE, Nicolás Fernández Guisado, quien ha reclamado, en conferencia de prensa, tras la presentación de la “Memoria del Defensor del Profesor 2006-2007”, “la consideración de autoridad pública para el profesorado en el ejercicio docente, y una mayor valoración de su figura por parte de las administraciones y de la sociedad”.
”Es irrenunciable -según precisó el presidente nacional de ANPE- que los padres se responsabilicen de la educación de los hijos y que colaboren con los docentes y el centro de enseñanza”.
El Defensor del Profesorado ha atendido a 4.603 docentes de toda España de Primaria y Secundaria desde que comenzó a funcionar, el 30 de noviembre de 2005. La Comunidad Autónoma de Madrid, con 3.342 docentes atendidos en este servicio, es con mucho la región en la que se han presentado más quejas, registrándose 366 en Andalucía; 118 en Galicia; 85 en La Rioja; 160 en Murcia; 6 en Navarra; 89 en Asturias; 5 en Cantabria; 193 en Castilla-La Mancha; 84 en Castilla y León; 83 en la Comunidad Valenciana, y 72 en Extremadura.
La disparidad se justifica principalmente por el menor tiempo de funcionamiento y conocimiento del servicio en unas Comunidades Autónomas que en otras, y por el número total de docentes en cada una de ellas. Sólo en 2007 se han puesto en contacto con el Defensor, por teléfono o correo electrónico, 2.863 profesores (el 65% de ESO), de los que 1.762 han sido atendidos en Madrid.
En el caso de la Comunidad de Madrid, el 58% de los docentes atendidos por el Defensor del Profesor declaró que tenía problemas para dar clases en el curso 2006-2007; el 19% denunció amenazas y acoso de los padres y el 13%, por parte de los alumnos; y un 30% no se sentía respaldado por el equipo directivo ni por la administración.

Problema social

Fernández Guisado ha explicado que la conflictividad en las aulas es reflejo de un problema social de gran calado, asociado a la desestructuración familiar, la ausencia de normas en la educación, la crisis de valores, el descrédito de la autoridad, la situación del sistema educativo o la violencia que perciben niños y jóvenes.
El presidente de ANPE ha llamado la atención concretamente por la ESO, que está pendiente, según especificó, “de una reforma en profundidad para que garantice la eficacia educativa para todos los alumnos”, y ha pedido cambios normativos que identifiquen los problemas y soluciones concretas para que el profesor controle la disciplina en clase.
Fernández Guisado ha valorado positivamente los decretos aprobados o en preparación en distintas Comunidades Autónomas y ha solicitado asimismo  el amparo legal de los profesores desde la administración educativa, poner a su disposición asesorías y asistencia jurídica y psicológica y la revisión de las enfermedades profesionales.
Por su parte, el presidente de ANPE-Madrid, Fernández Jiménez, que junto a Inmaculada Suárez, coordinadora de la Memoria, acompañó a Fernández Guisado en su comparecencia ante los medios, ha pedido revisar la LOE “porque mantiene el mismo espíritu de la LOGSE”.

 

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