¿Para cuándo el Estado laico?

La configuración de nuestro Estado social y democrático de derecho como plenamente laico es una exigencia del sistema político que nos dimos en 1978 y, desde entonces, una asignatura pendiente, en coherencia con la voluntad de "establecer una sociedad democrática avanzada", proclamada en el Preámbulo de la Constitución. Se trata de una decisión urgente, exigible a un Gobierno socialista, y que no admite aplazamientos a cargo de previsibles votos inmediatos católicos ni claudicaciones ante las presiones intolerables de la jerarquía eclesiástica, que muerde su presa sin soltarla.
El funcionamiento de las estructuras sociales básicas -la escuela, la sanidad, la ciencia, la cultura- y el libre discurrir de las relaciones entre los ciudadanos -familiares, sexuales, sociales- necesita, en una democracia sólida, soltar el lastre de unas servidumbres heredadas del nacionalcatolicismo imperante durante décadas y todavía presentes en los usos y costumbres sociales que la Iglesia pretende mantener contra viento y marea. El laicismo liberará las relaciones cívicas y saneará la vida social, atenazada aún por un modelo de sociedad en el que la religión es un componente esencial, que se resiste a pasar a un segundo plano opcional. Los españoles serán seguramente más felices cuando se les facilite que se liberen de ese horizonte tenebroso de pecado, infierno, cielo, purgatorio, fe, penitencia, milagro, limosna, virginidad, dogma, sacramento, celibato, y de la hiriente subordinación de la mujer -ausente de las estructuras de poder eclesiástico-, que resulta drásticamente incompatible con la democracia igualitaria.
Nada de eso implica perseguir a la Iglesia católica, que deberá tener el espacio que le corresponda en un Estado laico y el que le concedan o propicien sus fieles, pero de ninguna manera una financiación asegurada ni una situación de privilegio en materia educativa o fiscal. En un Estado democrático y, por tanto, laico, la religión católica, como las demás, deberá ser tolerada, pero no mucho más que una sociedad filatélica, un movimiento ecologista o una ONG.
En el camino de la democracia española hacia la práctica del laicismo puede parecer que el texto de la Constitución supone un obstáculo. El artículo 16 dice, entre otras cosas, tras proclamar que "ninguna confesión tendrá carácter estatal": "Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones".
Sin embargo, ese precepto -trabajosamente introducido en el debate constituyente- no obliga a más de lo que dice ni impide que el Estado español denuncie los Acuerdos firmados en 1979 con la Santa Sede, ya que la constitucionalizada "cooperación con la Iglesia católica" no impone sus contenidos, entre ellos la declaración eclesiástica de idoneidad para dar clase de religión a unos profesores pagados por el Estado.
Un documento de la Fundación Alternativas, de 2005, favorable al laicismo y contrario a la financiación estatal de la Iglesia aunque la mayoría de los españoles profesaran la religión católica -hecho probable en 1978, pero muy discutible hoy-, recoge un trabajo de dos expertos, los profesores Óscar Celador y José María Contreras, según los cuales, "la única conformación coherente con la configuración de un Estado democrático y social de derecho es la de un Estado laico que garantiza y respeta el derecho de libertad de conciencia de sus ciudadanos". Los mismos juristas afirman también que el compromiso estatal de financiar a la Iglesia católica "expiró hace muchos años", mientras que el de la Iglesia de "lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades" (artículo 2.5 de los Acuerdos de 1979) está sin cumplir. (...)

Bonifacio de la Cuadra
EL PAIS. 4 de septiembre de 2007

 
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