Retomar la negociación del Estatuto Docente
Los sindicatos plantean sus reivindicaciones para este curso y piden una reunión con el MEC
Los sindicatos de enseñanza han vuelto a plantear sus principales reivindicaciones con motivo del comienzo del nuevo curso, e insisten en promover un pacto social para que la educación quede al margen de las disputas políticas. Además,
quieren retomar inmediatamente las negociaciones del Estatuto Docente, en las que también deberían participar los ministerios de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda.
Los sindicatos insisten en promover un pacto social por la educación. (Foto: Rafael Martínez)

Madrid. G. ARIANES
El sindicato ANPE recuerda que el nuevo curso escolar que está a punto de iniciarse coincidirá con el final de la actual legislatura, y “la educación se verá sometida, una vez más, a la confrontación permanente entre las diferentes opciones políticas y se situará en el centro del debate ideológico”. Por ello, pide a los diferentes partidos que alcancen “un compromiso social para hacer de la educación una prioridad en España”, y que suscriban “un pacto para dotar de estabilidad y perdurabilidad” al sistema educativo y aumentar sus recursos.
Según ANPE, en los tres últimos años “la crispación permanente, las posturas enfrentadas y los debates artificiales han ganado a la reflexión serena sobre nuestro modelo educativo, y a las respuestas a los problemas de la enseñanza”. En su opinión estas discusiones y el conflicto abierto con la asignatura Educación para la ciudadanía “difuminan los verdaderos problemas”, por lo que quiere que el debate se centre “en los problemas educativos reales, en lo que acontece en nuestras aulas, en los problemas de convivencia que se viven en nuestros centros, en la pérdida de autoridad y consideración de los docentes, en la bajada de los niveles educativos, etc.”.
En definitiva, considera que “en este curso la preocupación debería estar en cómo resolver el fracaso escolar, prestigiar la enseñanza pública e ilusionar al profesorado”. Y avisa que “a estas alturas sigue incumplida la promesa electoral del Estatuto Docente, que contemple los derechos y deberes del profesorado, su promoción y desarrollo laboral y diseñe una verdadera carrera profesional”.

Mejoras

Para la Federación de Enseñanza de CC.OO “el nuevo curso escolar comienza tal y como acabó el anterior: con el bloqueo en la negociación de los estatutos docente universitario y no universitario, por lo que pide al MEC que reanude “sin más demoras la negociación de ambos, sin esperar al final de la legislatura”. Recuerda “las dificultades surgidas por parte del MEC” tras la reunión del 18 de abril para concretar en un texto articulado su oferta inicial, “en la que se acordó establecer una promoción profesional en el puesto de trabajo, que flexibilice, mejore y amplíe al actual sistema de sexenios”.
Sobre la movilidad de los profesores de cuerpos pertenecientes al Grupo B a los del A, CC.OO afirma que el Ministerio se comprometió a proponer una “única y excepcional” convocatoria por concurso de méritos para todos los docentes que cumplan los requisitos de titulación concordante. Y también a incluir en el articulado del Estatuto el tema de la “jubilación anticipada voluntaria LOE como un sistema estable” a partir de 2011, y a iniciar el trámite y la financiación íntegra para la inmediata puesta en marcha de un complemento de 60 euros por “Especial Dedicación al Centro”.
CC.OO también pide a las comunidades autónomas que favorezcan el proceso de implantación de la LOE previsto en el calendario de aplicación, dejando de lado las “veleidades partidistas” porque, en su opinión, “la cohesión social del país empieza por la educación básica y la homologación de los parámetros universales de calidad educativa”. Por último, muestra su preocupación por “las elevadas tasas de fracaso escolar al final de la ESO, que no puede permitirse nuestro sistema educativo”, por lo que advierte que “las administraciones no deben escatimar inversiones a la hora de ofertar clases de refuerzo para el alumnado más vulnerable académicamente”.

Horario escolar

La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT (FETE-UGT) cree que este curso va a estar marcado por el comienzo de la implantación de la Ley Orgánica de Educación (LOE). Y ante el hecho de que cada comunidad autónoma ha establecido fechas diferentes para el inicio de la actividad académica, y que la citada Ley sólo contempla un mínimo de 175 días lectivos para las enseñanzas obligatorias, considera que la racionalización del horario escolar debe establecerse por parte de los propios centros, “según se defina en su proyecto educativo acorde a las necesidades geográficas, sociales, educativas y culturales del contexto”.
FETE-UGT lamenta “que las comunidades autónomas gestionadas por el PP, llevadas por su interés en usar la enseñanza para hacer oposición política, no implanten ya este curso la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos”. Por ello, pide a la Administración que exija “el cumplimiento de lo establecido en la Ley, y que sancione a los centros que consientan la objeción del conciencia a este respecto”.
Por último, reclama que éste “sea al curso en el que el MEC dé respuesta a las exigencias del profesorado, que deben ser contempladas en el Estatuto Docente pendiente de negociación”. Dicha norma deberá regular, entre otros temas, la jubilación anticipada e incentivada “con carácter permanente”, la promoción desde los cuerpos del grupo B a los del A por concurso de méritos, el desarrollo y regulación de una carrera profesional y el establecimiento de un complemento de dedicación al centro.

Falso debate

También la Confederación de STES-Intersindical cree que “el inicio de curso viene marcado por el falso debate de la libertad de objetar la asignatura de Educación para la Ciudadanía, cuando el verdadero debate debe ser el por qué se sigue permitiendo en un Estado aconfesional que la religión católica se siga impartiendo en todos los centros educativos en horario escolar, y se discrimina al alumnado que opta por no darla”. En consecuencia, ha pedido al Gobierno y a las comunidades autónomas “que retiren los conciertos a los centros privados que promuevan esta objeción o no impartan la citada asignatura”.
Los STES-i plantean al Ejecutivo la necesidad de potenciar la escuela pública “ante los avances reales de la privatización”, y mejorar las condiciones de trabajo del profesorado”, y reclaman que en los próximos presupuestos se incremente el porcentaje del PIB que se destina a educación, “con el objetivo expreso de llegar al 7% en la presente legislatura y para superar así los déficits estructurales actuales”. Además, insisten en que para cumplir el objetivo de  mejorar la calidad de la enseñanza hay que disminuir el número de alumnos por aula, dada la heterogeneidad del alumnado actual.

Prioridades

En cualquier caso, los STES-i consideran prioritario negociar un Estatuto que sirva para “mejorar y dignificar la profesión docente”, pero creen que el MEC no ha estado dispuesto a concretarlo durante el pasado curso, y afirman que ya no hay tiempo material para que pueda tramitarse como ley antes de la disolución de las Cortes, por la convocatoria de elecciones sindicales. Por ello, quieren que se aborden de forma inmediata una serie de temas, como las jubilaciones voluntarias anticipadas a partir de los 60 años y la reducción del horario lectivo desde los 55 sin merma en las retribuciones; el reconocimiento de las enfermedades profesionales; la estabilidad para todo el profesorado interino “hasta su acceso definitivo a la función pública”; y el incremento en 250 euros del “complemento específico general, que cobra todo el profesorado”.
Además, estas organizaciones y CSI-CSIF han enviado un escrito conjunto la ministra de Educación y Ciencia Mercedes Cabrera, solicitando una reunión para retomar la negociación del Estatuto Docente. En dicha carta recuerdan que la propia ministra se comprometió a convocar durante la primera semana de septiembre dicha reunión, en la que también deberían participar representantes de los ministerios de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda.

 

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