Madrid.
El Ministerio de Educación y Ciencia remite en su web a los Reales Decretos de Enseñanzas Mínimas de Primaria y Secundaria, de diciembre de 2006, y cita los distintos bloques de la materia en cada etapa. Mientras que en Primaria, los bloques se concretan en “Individuos y relaciones interpersonales y sociales”, “La vida en comunidad y “Vivir en sociedad”, en Secundaria estos contenidos se amplían y se introducen “Aproximación respetuosa a la diversidad”, “Relaciones interpersonales y participación”, “Deberes y derechos ciudadanos”, “Las sociedades democráticas en el siglo XXI” y “Ciudadanía en el mundo global”.
En relación con este tema y durante la I Conferencia Ministerial Euro-mediterránea sobre Educación Superior e Investigación, que se ha celebrado estos días en El Cairo, la titular del MEC, Mercedes Cabrera, ha reiterado que la nueva asignatura “no es una intromisión en la educación moral en el ámbito familiar, ni invade los derechos de los padres”. También ha lamentado que quienes critican la asignatura no expliquen cuáles son los contenidos de la materia, ni el alcance de la objeción de conciencia, “que es un derecho que necesita una regulación explícita”. Frente a sus detractores, la ministra dijo que “si no se explica que el derecho a la objeción de conciencia necesita una regulación, se está llevando a muchos padres y madres a una situación complicada”.
La ministra ha pedido a quienes se oponen a la asignatura que tengan la "honradez" de admitir que esta nueva materia sólo pretende formar buenos ciudadanos con capacidad para desenvolverse en una sociedad democrática, en declaraciones efectuadas en el Senado, donde ha asistido a la aprobación del proyecto de Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. "Me gustaría", dijo la ministra en alusión a la Iglesia católica y las comunidades autónomas reticentes ante Educación para la Ciudadanía, "que aquellos que llaman a objetar esta asignatura hicieran un esfuerzo" para "sumarse de verdad a los contenidos" de esta materia porque, a su juicio, "se lo merecen todas las familias de este país". También les animó a que "tuvieran la honradez de comentar a los padres, a las madres y a las familias de qué estamos hablando con Educación a la Ciudadanía. Y estamos hablando, simplemente, de formar ciudadanos para incorporarse al funcionamiento de una sociedad democrática en la que se están incorporando derechos continuamente".

Querella

En relación con esta cuestión, la plataforma HazteOir.org ha presentado una querella por un presunto delito de amenazas y coacciones contra Alejandro Tiana, secretario general de Educación, por afirmar que los alumnos que no cursen la asignatura de Educación para la Ciudadanía no obtendrán las titulaciones correspondientes. Ignacio Arsuaga, presidente de esta plataforma, presentó esta querella en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por un presunto delito contra el ejercicio de derechos cívicos, tipificado en el artículo 542 del Código Penal, donde establece que “incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes”. Según los demandantes, “el Gobierno Español ha impuesto una asignatura llamada Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos que, además de ser sospechosamente anticonstitucional, ha resultado claramente impopular”. También añade, “desde diversos sectores ha surgido una fuerte contestación a esta asignatura, que en muchos casos se ha traducido en la elección de la objeción de conciencia como defensa de los derechos individuales, de la libertad política, social y educativa y de la democracia”.

Falsedades

El pasado día 13 de junio, Alejandro Tiana declaró ante los medios de comunicación que estas organizaciones partidarias de la objeción de conciencia promueven “una campaña de desobediencia civil a las leyes con argumentos que no son ciertos y en base a muchas falsedades”. También aseguró que los hijos de los padres objetores “no pasarán de curso” y que como se trata de una materia obligatoria, “habrá consecuencias” para los alumnos que no la cursen.
Sin embargo, expresó “creo que muchos padres y organizaciones van a reconsiderar su postura cuando vean la asignatura en marcha y ven los libros de texto. Educación para la Ciudadanía sólo enseña el fundamento de las virtudes cívicas, que hacen posible la vida en común, y no entiendo que ninguna confesión religiosa pueda oponerse”.

Discrepancias

Por su parte, el cardenal arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, ha calificado la asignatura como “invasión al derecho que tienen los padres a elegir la formación religiosa y moral de sus hijos, reconocido en la Constitución de 1978, que es la ley primera en España”. En este sentido, subraya que “el Estado no puede en absoluto imponer una formación moral como es la materia de Educación para la Ciudadanía a todos los ciudadanos” y que el derecho reconocido en la Constitución “está por encima” de la LOE. Paralelamente a ello, la Confederación Nacional Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (CONCAPA) ha vertido fuertes críticas a la ministra de Educación y Ciencia por mostrarse “por encima de las leyes promovidas por su Departamento, de la Constitución y los derechos y deberes de las familias”, además de asegurar que “ha perdido toda la confianza de los padres” y en lugar de preocuparse de superar el fracaso escolar, “se entretiene en cercenar derechos y adoctrinar”. En consecuencia, CONCAPA continuará promoviendo la objeción de conciencia para todas las familias, con independencia del centro elegido o de la comunidad autónoma.

Apoyos

Por contra, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) denuncia, en un comunicado, “la campaña de falsedades y manipulación con la que la jerarquía de la Iglesia Católica y algunas organizaciones afines descalifican la asignatura, con su campaña de objeción de conciencia”. Según, CEAPA “esta materia promueve los valores que emanan de la Constitución y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que hace inexplicable la objeción de conciencia”.
En esta línea, la Confederación de STES- Intersindical ha hecho público a través de un comunicado que “la campaña emprendida por sectores de la derecha política y eclesiástica contra la implantación de esta materia carece de rigor y de fundamentos y sólo pretende seguir confundiendo a una opinión pública aturdida ante los derroteros por los que discurre el debate político y educativo a nivel estatal”.